El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado en su declaración como testigo ante el juez de Púnica que Esperanza Aguirre recibió en 2007 en su despacho de la sede de la calle Génova un sobre con 60.000 euros para sufragar gastos de su campaña a las autonómicas de ese año, en las que ganó con mayoría absoluta, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.
Bárcenas ha identificado al donante de ese dinero como Luis Gálvez, presidente de la constructora Ploder, y ha afirmado que el empresario acudió a la sede con ese dinero y pidió que fuera destinado a la campaña de Aguirre. Según su testimonio fue el fallecido Álvaro Lapuerta quien, delante de él, se lo entregó a la entonces presidenta regional en su despacho, donde se encontraba con Francisco Granados, entonces secretario general del PP regional, y Beltrán Gutiérrez, que era gerente de la formación en Madrid.
La constructora Ploder formó parte de la UTE a la que el Ejecutivo de Aguirre adjudicó en junio de 2005 el contrato de construcción y explotación del hospital Infanta Leonor, situado en el barrio madrileño de Vallecas. Fue uno de los siete construidos bajo el Plan de Infraestructuras 2004-2007 con un sistema público-privado. Este modelo consiste en que un conglomerado de empresas construye el edificio y, a cambio, recibe un canon por las obras y por encargarse de los servicios no sanitarios como limpieza, lavandería o mantenimiento durante los 30 años que dura la concesión.
Luis Gálvez, el dueño de Ploder, aparece también como donante del PP nacional en los 'papeles de Bárcenas'. Esos documentos manuscritos por el extesorero recogen un pago de 50.000 euros de Luis Gálvez el 22 de febrero de 2008 a la caja B de Génova. En 2014, el empresario compareció como testigo ante el juez que entonces investigaba la conexión entre las donaciones al PP y las adjudicaciones de obra pública y negó ser la persona que aparecía en esas anotaciones. Aseguró también que no había estado en Génova y que no conocía a Bárcenas, ni a su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid no ha tardado en contestar a las acusaciones a través de Twitter con el anuncio de que interpondrá una querella por falso testimonio contra Bárcenas. “Estas afirmaciones son rotundamente falsas y se han realizado en sede judicial sin ninguna prueba que las respalde”, ha reprochado Aguirre este martes. Además, asegura que “nunca, jamás, en ningún momento”, recibió entrega de dinero alguna por parte del extesorero popular Álvaro Lapuerta y del entonces gerente Luis Bárcenas. “La acusación realizada es, por tanto, una rotunda mentira”, añade.
La explicación de Aguirre para la supuesta falsa acusación del extesorero es “mejorar la situación penitenciaria de su esposa”, Rosalía Iglesias, en prisión por la primera época de la trama Gürtel, “en los mismos términos que ha sido beneficiada” la que fuera administradora de la Gürtel Isabel Jordán“, ha afirmado.
La campaña de 2007 de Esperanza Aguirre es una de las tres que están en la lupa de los investigadores. La primera es la que sirvió a Esperanza Aguirre para hacerse con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la repetición electoral tras el 'tamayazo'; la segunda es ésta de 2007 a la que corresponde la entrega del sobre con 60.000 euros; y la tercera, los comicios autonómicos de 2011.
El extesorero del PP también ha implicado a la CEOE en la captación de fondos para el partido a nivel regional. Ante el juez, Bárcenas ha asegurado que, por orden de Aguirre, Pío García Escudero y Ricardo Romero de Tejada —ex presidente y ex secreterio general, respectivamente— contactaron al director financiero de la patronal para decirle que necesitaban dinero para las campañas electorales. Siempre según su testimonio, era la propia patronal la que se encargaba de pedir donativos a empresarios afines al PP que éstos aportaban a través de Fundescam, la fundación que utilizó el partido en Madrid para canalizar esas donaciones a partir de 2003.
El instructor del caso Púnica en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, convocó a Bárcenas después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara su comparecencia tras recibir un escrito en el que mostró su disposición a colaborar con la Justicia. En ese escrito afirmó por primera vez que algunas de las donaciones al PP durante su época de gerente y tesorero eran finalistas, esto es, que se producían a cambio de una adjudicación concreta.
La financiación irregular del PP de Madrid es el objeto de la pieza número 9 de la macrocausa Púnica. La propia Esperanza Aguirre está imputada desde septiembre de 2019 por su presunta implicación en la “supervisión” y “control” de las concesiones en contratos de publicidad que las distintas consejerías de su Gobierno habrían realizado a determinados empresarios a cambio de financiación sin control para el PP madrileño. En su auto, el juez García-Castellón atribuía indiciariamente a Aguirre la labor de “supervisión” mientras que el tesorero de la formación local, Beltrán Gutiérrez, y el vicepresidente Ignacio González y el consejero Francisco Granados se encontraban del “control directo” de la trama, ejecutando las decisiones de la entonces presidenta.