Beneficios empresariales del 200% y comisiones millonarias en contratos de mascarillas a familiares y conocidos del PP

¿Cuánto cuesta una mascarilla? La respuesta más corta es: depende. Hoy en Mercadona se puede encontrar una FFP2 por 50 céntimos, pero en los primeros meses de la pandemia la demanda desbocada y la oferta limitada dispararon los precios de estos productos en los mercados internacionales que la pandemia convirtió en auténticos zocos: la Comunidad de Madrid llegó a pagar 10,70 euros por un cubrebocas con la mayor protección. Las investigaciones sobre los contratos que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Madrid firmaron en aquellas difíciles semanas revelan, sin embargo, que un gran porcentaje de ese precio final fue a parar a las empresas intermediarias, que se quedaron con márgenes desmesurados del pastel. Algunas de empresarios o comisionistas bien relacionados con dirigentes del PP que estaban al frente de las instituciones que firmaban los contratos.

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las investigaciones que había iniciado en febrero de este año sobre la adjudicación de mascarillas que firmó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la sociedad Priviet Sportive S.L. y por los que el hermano de la presidenta recibió una comisión de la empresa de más de 200.000 euros. Aunque el Ministerio Público no ve comportamiento delictivo, su decreto de archivo revela que la empresa textil que regenta un amigo de los Ayuso cobró a la Comunidad de Madrid por las mascarillas casi el triple de lo que le costaron en origen. El asunto lo investiga ahora la Fiscalía Europea que trata de indagar si hubo malversación de fondos comunitarios, ya que esas partidas extraordinarias para gasto sanitario se pagaron con dinero llegado de la UE.

Los contratos revisados por Anticorrupción dejan al descubierto detalles de un negocio cuyos números nadie había explicado. La operación que gestaron Daniel Alcázar, dueño y administrador único de Priviet; su amigo Tomás Díaz Ayuso; y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se manejó en estas cifras: un contrato de 250.000 mascarillas por más de 1,5 millones de euros en total, esto es, 5 euros (sin IVA) por cada tapabocas. Para obtener el material sanitario en origen, Alcázar acudió al mercado coreano y en concreto a la sociedad K Beauty & Media, con la que, según la Fiscalía, ya había tenido relaciones comerciales en el pasado. 

El precio que Priviet pagó por la cantidad total de mascarillas fue de 480.170,3 euros (1,9 euros por cada mascarilla). Una vez efectuada la compra, tuvo que abonar el importe del vuelo para transportarlas hasta España, que le supuso 76.871,13  euros, y otros 6.501,24 por llevarlas desde el aeropuerto hasta el complejo de Ifema, donde funcionaba un hospital de campaña para resolver la saturación de los hospitales. Así, el coste total de Priviet para sufragar el material sanitario y depositarlo en su destino fue de 563.542,67 euros: y el beneficio neto que obtuvo tras recibir el dinero de la Comunidad de Madrid, de casi un millón (948.957,33 euros). 

Aquel contrato se firmó el 1 de abril, apenas dos semanas después de la declaración del primer estado de alarma. La Fiscalía elabora en su escrito un análisis de los contratos de más de 100.000 euros que hizo el Sermas entre el 13 de marzo y el 30 de abril y constata que el que firmó con Priviet supuso el cuarto precio más caro por mascarilla. 

El mayor acuerdo por tamaño y volumen de dinero es del 18 de abril, con la sociedad Vin Doré 24K S.L.: 1 millón de unidades, pero a 2,30 cada una. La Comunidad pagó la mascarilla más cara –dentro de ese rango de contratos– a la empresa Palex Medical S.A., si bien le compró una menor cantidad (100.000) y de calidad FFP2. 

Helianthus Medical se adjudicó un contrató de 400.000 mascarillas FFP2 a 5,88 euros, un total de más de 2,7 millones de euros. La diferencia es que en ese contrato figuraba una “entrega inmediata”, mientras que el de Priviet preveía un plazo de entrega de 14 días y aunque las mascarillas que ofreció eran nivel FFP2-3, finalmente envió unas de tipo KN95, de inferior calidad a las FFP2 y mucho menos fiables (y costosas) que las FFP3.

En este estudio de los precios que se pagaron a otras empresas no figura lo que aquellas sociedades pagaron en origen por las mascarillas y por tanto el margen de beneficio que obtuvieron, como tampoco aparecen las posibles comisiones que se llevaron los intermediarios por la gestión de esas operaciones. 

En el caso de Priviet Sportive, más de un 10% de los 950.000 euros que obtuvo de beneficio neto por el contrato recalaron en la cuenta de Tomás Díaz Ayuso. El hermano de la presidenta madrileña cobró más de 117.000 euros por las gestiones de esa entrega: 59.203,52 euros como bonus por la adjudicación exitosa y 58.300 euros más por la presentación de las otras cinco ofertas entre las hechas de mascarillas y de otro material sanitario. Según Anticorrupción, el dinero restante hasta completar los 234.103,52 euros que cobró de la empresa de su amigo procede de otras ofertas presentadas pero sin éxito. Es decir, la cantidad exacta que desveló Pablo Casado y por la que pidió explicaciones a la presidenta de Madrid, antes de que se desatara la querra interna en el PP que lo jubiló de la política.

Nadie en los populares cuestiona ahora que el hermano de Ayuso haya cobrado esas cantidades de una empresa de un amigo que obtuvo un beneficio de un millón de euros en un contrato de 1,5 millones que sufragó la Comunidad de Madrid.

Dos tercios para comisiones

Leno Malaysia SDN. BHD., propiedad de un empresario malasio de nombre enigmático, San Chin Choon, recibió a finales de marzo tres pagos del Ayuntamiento de Madrid por la venta de material sanitario: 6,2 millones a cambio de mascarillas, 3,9 por test de autodiagnóstico y 4,6 por guantes de nitrilo. Al igual que sucedió en el resto de administraciones de España, estos contratos fueron gestionados bajo la fórmula de emergencia amparada por el estado de alarma. 

Lo que diferencia al de Madrid del resto de ayuntamientos de España es que pagó mucho más por el material que compró. Según el análisis que hizo el Tribunal de Cuentas a finales del año pasado, el gobierno de José Luis Martínez-Almeida, pagó los test rápidos de anticuerpos a razón de 16,03 euros la unidad. En esas fechas, Barcelona o Zaragoza desembolsaron la mitad. El Consistorio de la capital pagó 6,24 euros por cada mascarilla que compró a Leno, de tipo FFP2 y K95. Barcelona, por ejemplo, en esos días abonó 2,5 euros por unidad; Sevilla, 4; y Zaragoza, 1,60.

Las piezas que unen al empresario malayo con el Ayuntamiento de Madrid, como contó este diario, son el empresario Alberto Luceño y Luis Medina Abascal, hasta entonces solo conocido por sus apariciones en la prensa del corazón por ser hijo de Naty Abascal y el duque de Feria. La Fiscalía Anticorrupción investigó estas compras y la conexión de Medina con Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde, pero llegó a una conclusión diferente que en el caso de la Comunidad de Madrid y se querelló contra ellos. Por el camino los dos comisionistas habían dejado pistas escandalosas sobre el rastro del dinero: compraron coches de hiperlujo, yates, vacaciones a todo trapo y hasta un piso en Pozuelo, la localidad española de más renta per cápita.

La denuncia que planteó Anticorrupción tras recibir el informe del Servicio Antiblanqueo y que ahora se investiga en un juzgado de Plaza de Castilla revela que de los 6,2 millones de euros (sin IVA) que el Ayuntamiento pagó a Leno por 1 millón de mascarillas dos terceras partes fueron para los comisionistas. 

“De los 6.689.300 dólares estadounidenses pagados por las mascarillas, 3.000.000 fueron transferidos desde la mencionada cuenta [de Leno] a la titulada por Alberto Luceño, y 1.000.000 US$ a la titulada por Luis Medina”, dice la querella de la Fiscalía, que infiere que “el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 US$ y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 US$; es decir, el 148% del precio real del producto”. 

Esto es, Leno cobró al Ayuntamiento de Madrid –y lo hizo según la Fiscalía porque Luceño impuso los precios al Gobierno municipal– un precio casi tres veces superior al que pagó por las mascarillas en origen. La sociedad de Chin Choon volvió a repetir la operación con los test rápidos de COVID-19: vendió al Ayuntamiento 250.000 pruebas por valor de 4,2 millones de dólares (3,9 millones de euros sin IVA). De ese total, la empresa malasia ingresó tres millones en las cuentas de Luceño y Medina, un 244% del importe inicial solo en comisiones. Según el Ministerio Público, además, la mayoría de estos test eran defectuosos: 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80% y 60.000 no llegaban al 66,7%. 

Leno, Luceño y Medina lograron un tercer contrato esta vez con guantes de nitrilo, el más leonino de los tres, pero el material era defectuoso, el Ayuntamiento les exigió la devolución del dinero y los comisionistas renunciaron a su porcentaje para cubrir el importe. 

El caso de los comisionistas del Ayuntamiento está en fase de instrucción en los juzgados, mientras que el contrato de la Comunidad de Madrid por el que Tomás Díaz Ayuso cobró un porcentaje ha sido archivado por la Fiscalía española –mientras sigue la investigación iniciada por la europea–; no obstante, los datos revelados por las diligencias practicadas hasta la fecha revelan que aquellas semanas iniciales de la pandemia los presupuestos de los contratos se dilataron, al menos en estos dos casos, para ocultar comisiones de miles o millones de euros a meros intermediarios.