El caso de la delegada territorial de Ciudadanos en La Rioja, y concejala del Ayuntamiento de Logroño, María Luisa Alonso, por su contratación ilegal durante unos meses de 2015 a cargo del grupo municipal, ha dado un nuevo giro en los tribunales.
La jueza del juzgado número 2 de Logroño acaba de citarla formalmente a declarar el próximo 16 octubre en calidad de investigada por un presunto delito de malversación de caudales públicos junto con el también concejal de Ciudadanos e interventor municipal, Julián San Martín. La noticia ha sido confirmada por el diario.es por fuentes del partido.
La investigación a los dos cargos de Ciudadanos de La Rioja comenzó hace varios meses después de unas acusaciones internas realizadas a la dirección nacional por parte de miembros de la antigua Junta Directiva Regional, que destaparon que se estaba realizando el pago de las nóminas como delegada a Alonso con fondos del grupo municipal, lo que vulnera la ley de Bases de Régimen Local. En concreto, se le abonaron tres nóminas, entre octubre y diciembre de 2015, y su consiguiente paga extra de Navidad.
Al destaparse el caso, la dirección de Ciudadanos aseguró que se había tratado de “un error administrativo” y decidió devolver el dinero poco después (algo más de 8.000 euros en total).
Pero uno de esos antiguos miembros de la Junta Directiva, Enrique Echazarra, –expulsado del partido y obligado a ser readmitido después por sentencia pendiente de recurso– denunció ante el juzgado logroñés el caso pidiendo penas de cuatro años de cárcel tanto para Alonso como para San Martín. Su denuncia se basaba en que los contratos y los pagos se hicieron aún a sabiendas de que era una práctica ilegal, al igual que ocurrió con el portavoz de Ciudadanos en el País Vasco, Nicolás de Miguel, al que el partido impulso después como candidato a lehendakari.
Aunque en un principio ambos cargos riojanos acudieron al juzgado simplemente a declarar sin cargos, ahora han pasado a ser investigados por presunta malversación de caudales públicos, al considerar la jueza que hay indicios de delito, lo que supone un paso más en en el caso.
No van a obligarles a dimitir
En Ciudadanos existe una carta ética por la que todos los cargos que están siendo investigados por corrupción se comprometen a dimitir. El partido, además, ha sido muy exigente con cargos de otras formaciones, especialmente del PP, en cuando ha habido indicios de delitos y han pasado a ser imputados o investigados.
Pero en este caso el Ciudadanos se escuda en que se trata de “un error administrativo completamente solventado y regularizado hace ya un año ante el Ayuntamiento de Logroño, la Seguridad Social, Hacienda y el Tribunal de Cuentas”. Por lo tanto, la dirección de Ciudadanos va a mantenerles en el cargo.
“Dicha institución emitió un informe que deja bien claro que ese error quedó subsanado, por lo que archivó las diligencias”, añade el comunicado.
“No se trata, por tanto, de un caso de corrupción política, sino de un error procedimental administrativo, que se inició por vía de una denuncia de un particular que ya no forma parte del partido”, recuerdan, en referencia a Echazarra.
“Ciudadanos La Rioja quiere expresar su más absoluto respeto por las decisiones judiciales por lo que los dos cargos citados en el tribunal procederán a explicar y proporcionar toda la información que ofrecieron tanto al Tribunal de Cuentas como en la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Logroño a la que comparecieron hace un año a petición propia”.
“La dirección nacional y autonómica de Ciudadanos reitera su total confianza y apoyo a los dos miembros del partido citados para comparecer ante la jueza que instruye las diligencias previas del caso”, zanjan en Ciudadanos.