El Gobierno sanciona a un dirigente de Coalición Canaria que ocultó su fichaje por una empresa a la que dio autorizaciones administrativas

PERFIL | Melchior, el tótem del nacionalismo canario que salió por la puerta de atrás | Las claves del imperio de Loro Parque en Canarias

La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial, ha decidido sancionar a un histórico político de Coalición Canaria por aceptar un empleo en una empresa a la que previamente había beneficiado con autorizaciones administrativas. El dirigente, al que se ha sancionado por falta muy grave con la prohibición de volver a ostentar un alto cargo durante cinco años, es Ricardo Melchior Navarro. En conversación con esta redacción ha anunciado su intención de recurrir la sanción ante el Tribunal Supremo. 

Según el expediente sancionador al que ha tenido acceso eldiario.es, este político próximo a Ana Oramas otorgó desde su cargo en la presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife diferentes concesiones a una empresa de capital alemán dedicada a la explotación de parques temáticos. El grupo empresarial al que pertenece la compañía acabó contratando después a Melchior Navarro tras su salida del sector público. El dirigente, entre tanto, se hacía pasar por jubilado. 

La empresa que fichó a Melchior Navarro es el grupo alemán Loro Parque, un gigante dedicado a las infraestructuras turísticas y que explota varios parques temáticos en Canarias, incluido un espectáculo de orcas en cautividad en Santa Cruz de Tenerife, muy discutido por los colectivos animalistas. En la página web de la empresa que contrató al exdirigente de Coalición Canaria se asegura que las instalaciones en las que exhiben a estos grandes cetáceos -a 35 euros la entrada- han sido “construidas especialmente para el bienestar de estos animales”.

Según la investigación que ha motivado la sanción del Gobierno, el exdirigente de Coalición Canaria otorgó al grupo empresarial en el que acabó trabajando permisos administrativos para instalar puntos de venta de entradas y publicidad de Loro Parque en las dependencias del puerto de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, la empresa recibió autorización para explotar un cubículo de 2,86 metros cuadrados en el intercambiador de cruceros del puerto de Santa Cruz de Tenerife, uno de los principales puntos de llegada de turistas a la ciudad. La Autoridad Portuaria, cuando la presidía Melchior Navarro también le permitió la instalación de un panel publicitario en el interior de la citada terminal.

El histórico dirigente de Coalición Canarias resta importancia a esa concesión: “Es una autorización como las 800 que di. No tuvo ninguna importancia”, explica por teléfono a eldiario.es. Sin embargo, los acuerdos sancionadores emitidos contra el expresidente de la Autoridad Portuaria sostienen que es “irrelevante” el número de decisiones o la vigencia temporal de las mismas a la hora de dirimir si concurre o no en un conflicto de intereses.

En el punto de mira desde 2018

La Oficina de Conflictos de Intereses fijó su mirada en Melchior Navarro a partir de julio de 2018, con motivo de su cese como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Aquel primer movimiento fue un mero trámite, atendiendo a la Ley que regula el ejercicio del alto cargo y que obliga a estos directivos a presentar una declaración de actividades así como documentación fiscal y patrimonial cuando llegan al puesto y en el momento en el que cesan en sus funciones.

Melchior Navarro abandonó el puerto tinerfeño en julio de 2018 y disponía entonces de tres meses para entregar la documentación requerida por la administración pero optó por el silencio. En enero de 2019, la Oficina de Conflictos de Intereses volvió a reclamar la documentación, tal y como consta en el expediente sancionador al que ha tenido acceso eldiario.es. 

La administración tuvo que esperar hasta mediados de febrero de 2019 para recibir las primeras noticias del político canario. En esa fecha, el expresidente de la Autoridad Portuaria presentó sus declaraciones de bienes y anunció su intención de pasar a “la condición de jubilado”.

Los números que el expresidente de la Autoridad Portuaria entregó a la Oficina de Conflictos de Intereses revelaban deudas por más de 40.000 euros y unas posiciones en cuentas corrientes, financieras y otras imposiciones en números rojos: -5.863 euros, tal y como figura en los datos publicados por el Boletín Oficial del Estado. Todo tras un trienio al frente de un puesto remunerado con más de 90.000 euros por ejercicio. 

Más allá de los retrasos en la entrega de documentación por parte del dirigente de Coalición Canaria, la primera sospecha sobre los manejos de Melchior Navarro saltó tras una comprobación rutinaria con la Tesorería de la Seguridad Social. La información facilitada por este organismo detectó una alta en el régimen general de la seguridad social a su favor como empleado de Loro Parque, una actividad que debería haber comunicado a la citada unidad para su preceptiva y previa autorización. Los datos que obran en el expediente señalan que el investigado estuvo a sueldo de Loro Parque entre abril y septiembre de 2019.

En conversación con eldiario.es, el político canario asegura que su fichaje por la empresa que comercializa la exhibición de animales en cautividad se realizó a través de una fundación “sin ánimo de lucro” dedicada a “la investigación y la lucha contra el cambio climático”. El ex responsable del puerto intentó convencer al ente fiscalizador de que la Fundación Loro Parque, para la que fue contratado, y la mercantil Loro Parque S.A carecían de relación alguna. 

El expediente sancionador desmonta esta argumentación y señala que “las relaciones entre la Sociedad Loro Parque SA y Loro Parque Fundación indican que forman parte del mismo grupo societario” y comparten sede, denominación y presidente. Dicho en otras palabras, forman parte del mismo conglomerado. 

Los razonamientos jurídicos en los que se basa el expediente que propone la sanción por infracción muy grave para Melchior mencionan de manera expresa el apartado de la ley en el que se aclara que las incompatibilidades de los altos cargos tras abandonar sus puestos “se extienden tanto a las entidades privadas afectadas como a a las que pertenezcan al mismo grupo societario”.

En sus alegaciones ante la Oficina de Conflictos de Intereses Melchior Navarro alegó “su desconocimiento de la obligación de comunicar dicha actividad profesional”. En conversación con esta redacción el histórico dirigente de Coalición Canaria anuncia su intención de recurrir la sanción ante el Tribunal Supremo y proclama que su actual situación está alejada de cualquier responsabilidad con el sector público o la empresa privada: “Soy un simple jubilado”.