La Comisión Europea investiga un contrato público del Ministerio de Defensa para el suministro de prendas de vestir
La Comisión Europea censura la política de contrataciones públicas del ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés. Así lo reconoce la comisaria de Mercado Interior, Elżbieta Bieńkowska, en una respuesta escrita a los eurodiputados de IU Javier Couso y Marina Albiol.
“La Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra España en relación con un contrato público concreto destinado al suministro de prendas de vestir para el Ministerio de Defensa y con la utilización de una orden administrativa interna que permite no aplicar la Directiva 2004/18/CE (que está siendo sustituida por la Directiva 2014/24/UE) para la adquisición de determinados artículos. Ya hemos entablado un diálogo con las autoridades españolas a este respecto”, relata la comisaria.
Couso y Albiol relataban “la adjudicación el pasado diciembre de contratos por valor de 37 millones de euros al grupo Segur, presidido por Morenés hasta tomar posesión de su cargo. Una vez más, estas nuevas contrataciones se han hecho siguiendo mecanismos de contratación irregulares, bien a través del procedimiento restringido –que permite a la Administración seleccionar las empresas que pueden presentarse al concurso– o del procedimiento negociado sin publicidad –por el que se hacen adjudicaciones sin concurso–”.
Y preguntaban: “¿Piensa la Comisión iniciar una investigación por la posible violación continuada de la normativa europea aplicable relativa a la contratación pública (Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE) y, en general, de lo establecido por la Directiva 2009/81/CE? ¿Piensa la Comisión exigir información detallada al Gobierno español para analizar «debidamente» estos posibles incumplimientos?”
“Partiendo únicamente de la información presentada por Sus Señorías”, responde Bieńkowska, “la Comisión no está en condiciones de ofrecer un análisis jurídico formal sobre si la situación que describen en relación con el Ministro de Defensa español constituye o no un conflicto de interés, asunto que, en principio, deberían determinar los órganos jurisdiccionales nacionales”.
