La Comisión de Peticiones presidida por Fernández Díaz, una de las más opacas del Congreso

El Congreso sigue sin cambiar las reglas de funcionamiento de la Comisión de Peticiones a pesar de los intentos en legislaturas anteriores por parte de los grupos parlamentarios, que lo plantearon en las sucesivas ponencias abiertas para la reforma del Reglamento de la Cámara.

La Comisión de Peticiones es la que se encarga de recibir y tramitar las solicitudes, quejas y sugerencias que les llegan por escrito de los ciudadanos y de trasladarlas tras su estudio a los organismos o instituciones pertinentes. Tiene carácter permanente pero no es un órgano legislativo, y se reúne teóricamente una vez al mes. A pesar de ser la Comisión donde se 'escucha al pueblo', todo su trabajo se realiza a puerta cerrada y los expedientes que en ella se tramitan son secretos.

El Congreso alega que se hace de esta manera para no vulnerar la ley de protección de datos. Sin embargo, a lo largo de anteriores legislaturas prácticamente todos los grupos parlamentarios han coincidido en que es posible cambiar las reglas de funcionamiento con el fin de que la Comisión deje de ser un “mero buzón de reclamaciones”. Todos han reclamado que goce de mayor transparencia y que se permita, además, que los propios peticionarios que lo deseen acudan a la Comisión a defender sus reivindicaciones.

Pero estos buenos deseos de los grupos no han pasado de ahí y todos los amagos de reformar el Reglamento de la Cámara se han cerrado sin éxito al finalizar las legislaturas.

Derecho a la intimidad

En el Parlamento Europeo algunas de las reivindicaciones de colectivos que llegan a la Comisión de Peticiones son tramitadas escuchando previamente a sus protagonistas.

El pasado mes de enero, sin llegar más lejos, desde este órgano se instó a que “se invitara a España a realizar una investigación independiente sobre el accidente del tren Alvia”, que tuvo lugar cerca de Santiago de Compostela en julio de 2013. La Comisión Europea no puede llevar a cabo una investigación de este tipo por sí misma.

Una representación de la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia fue la encargada de explicar su reclamación ante la propia Comisión. Los peticionarios salieron muy satisfechos por el trato recibido.

También en Cataluña se ha articulado la manera de que se conozcan las peticiones sin desvelar la identidad del solicitante.

En esta nueva legislatura, la Comisión de Peticiones del Congreso sigue funcionando igual: con opacidad y sin hacer públicos los asuntos de los numerosos expedientes que se estudian. El grupo confederal de Unidos Podemos es uno de los que reclama total transparencia en los trabajos de esta Comisión.

El exministro del Interior, presidente de Comisión

A finales del año pasado, el PP impulsó a la presidencia de este órgano al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz después de la fuerte polémica que provocó que Mariano Rajoy intentara colocarle en otras como recompensa a los servicios prestados en el Gobierno. Primero se le quiso situar al frente de la de Asuntos Exteriores, de gran calado político. Y, después, en la de Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Tras esos dos intentos fallidos, los conservadores lograron finalmente que el exministro del Interior sustituyera en la presidencia de la de Peticiones a la diputada Pilar Rojo, también del PP, un cargo para el que no es necesaria una votación y que corresponde siempre al partido mayoritario de la Cámara.

Desde que el ministro la preside, la Comisión se ha reunido únicamente dos veces este año, aunque Fernández Díaz no ha acudido a ninguna de estas citas al estar hasta ahora de baja por enfermedad.

Desde septiembre del año pasado la Comisión ha tramitado 447 peticiones de las cuales solo 57 han recibido contestación tras ser enviadas a otras instituciones. Algunos de los escritos recibidos han terminado archivándose por diferentes motivos, como no figurar actualizado el domicilio del demandante.

eldiario.es ha tenido acceso a los expedientes tramitados en las últimas reuniones de febrero y marzo. Entre las peticiones figura una para que “se tomen medidas para solventar irregularidades que, a juicio del peticionario, se aprecian en los Presupuestos Generales del Estado de los últimos años” y que ha sido remitida a la Comisión de Presupuestos.

Hay otra en la que se solicita “a los diputados murcianos que luchen por Murcia”, petición que los miembros de la Comisión han trasladado a todos los diputados por esta circunscripción.

Algunos son casos muy concretos de particulares, como la petición de ayuda “para que se investigue una estafa” de la que un ciudadano dice ser víctima. O para que se prevenga “el posible asesinato del líder nacional del Partido Ciudadanos por la Innovación, de Guinea Ecuatorial”. Precisamente, la Comisión ha recibido muchas reclamaciones para que “se indemnice a las familias españolas que perdieron sus propiedades tras la declaración de independencia de la excolonia”, peticiones que han sido remitidas a la Comisión de Asuntos Exteriores.

Uno de los asuntos que recibe muchas quejas es la situación de los presos ingresados en cárceles españolas reclamando que se les indulte por padecer una enfermedad grave, o para que al menos se les conceda el tercer grado penitenciario. También hay quien denuncia estar sufriendo “abusos de poder” en la prisión o directamente “torturas”.

Todas estas quejas son enviadas al Defensor del Pueblo, junto con otras peticiones como la que ha registrado un ciudadano para “la reparación y reconocimiento personal a favor de su abuelo, que sufrió prisión preventiva y fue ejecutado el 3 de julio de 1943 por el régimen franquista tras un proceso penal militar”.

A la Comisión han llegado también varias propuesta de letras para adaptarlas al himno nacional de España, incluso avaladas por firmas de apoyo.

Entre el paquete de peticiones figura asimismo la de un ciudadano preocupado por los hábitos alimentarios de los españoles, por lo que pide que “se adopten cambios y así mejorar su salud”. Hay también quien sugiere que “se adopten las medidas oportunas para facilitar el uso de la bicicleta”.

Otros quieren que “le devuelvan la tutela de su nieta”; o “acceso a la justicia gratuita para poder cobrar un seguro”; o bien se les dé “una oportunidad para rehacer su vida”. Un par de ciudadanos denuncian “el acoso” sufrido por parte de dos conocidas empresas de telefonía móvil.

El mes de marzo pasado a la Comisión llegó la solicitud “de que se haga público el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica”.

En el listado figura también una solicitud para que “se investigue la corrupción institucional madrileña”, en general. La Comisión comunica que “está a la espera de una mejor concreción en los hechos denunciados”, acordando a proceder al archivo de la petición sin más trámites.

Además, hay quien solicita poder “consultar sobre la propiedad de parcelas adjudicadas a pequeños propietarios en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera”. O que “se inhabilite absolutamente a los maltratadores de animales”.

Gastos de representación de los presidentes de Comisión

En la Cámara hay 19 comisiones legislativas permanentes, siete permanentes y seis mixtas, que no tienen carácter legislativo. De todas ellas, la del Estatuto, la de Reglamento, la de Seguridad Nacional y la de Peticiones solo se reúnen en contadas ocasiones.

Todos los miembros de las Mesas de las Comisiones perciben mensualmente los complementos retributivos asignados por el Congreso. Los presidentes cobran por “gastos de representación” 1.431 euros extras. Los vicepresidentes 1.046, y los secretarios 697 euros. Igualmente, los portavoces de las comisiones tienen derecho a sumar por este mismo concepto 1.046 euros y los portavoces adjuntos 697 euros, también mensuales.

Estas cantidades las suman a sus sueldos como diputados (2.813 euros) y a sus indemnizaciones por ser parlamentarios de Madrid (870 euros) o de otras circunscripciones (1.823 euros).