El PP se queda solo en su intento de reformar la ley electoral para favorecer a la lista más votada en los ayuntamientos
El PP se ha quedado solo este martes en su intento de reformar la ley electoral para beneficiar a la lista más votada en las elecciones municipales. El resto de grupos, con la única excepción del diputado de UPN, no han apoyado –todos han votado en contra excepto Ciudadanos, que se ha abstenido– en el Congreso de los Diputados la tramitación de la proposición de los conservadores que introducía primas de concejales para las fuerzas políticas que se situaran en primera posición en número de votos, con el objetivo de darles el control total de los consistorios. Todos los partidos han criticado la propuesta de los populares por “antidemocrática” y por ir en contra de los principios de “proporcionalidad” y “pluralidad” del sistema electoral recogidos en la Constitución.
El texto cuya toma en consideración se ha sometido a debate este martes se circunscribía al ámbito municipal e introducía como novedad que cuando una candidatura obtuviera la mayoría simple y superara el 35% de los votos válidos emitidos en la circunscripción y distancia, al menos, en cinco puntos porcentuales a la siguiente candidatura, obtendría automáticamente la mitad más uno de los puestos de concejal en el ayuntamiento.
Esa misma asignación de concejales –añadía la propuesta– se produciría cuando una candidatura hubiera obtenido la mayoría simple, superara el 30% de los votos válidos emitidos en la circunscripción y distanciara, al menos, en diez puntos porcentuales a la siguiente candidatura. Además, cuando no se dieran esos dos supuestos la propuesta del PP contemplaba la celebración de un proceso electoral entre las candidaturas que hubieran obtenido, al menos, el 15% de los votos válidos emitidos en la circunscripción.
En esa segunda vuelta, a la candidatura mayoritaria, si hubiera obtenido más del 40% de los votos válidos emitidos, o distanciase en al menos siete puntos porcentuales a la segunda candidatura se le adjudicaría la mayoría absoluta. Y cuando ninguna alcanzase ese porcentaje la atribución de los puestos de concejales en cada ayuntamiento se realizaría siguiendo el sistema actual de la Ley D'hondt y en función de los resultados de la primera vuelta.
El “preferido de los vecinos”
El PP ha defendido su proposición argumentando que “el alcalde de un pueblo debe ser el preferido por los vecinos” y que “la última palabra la deben tener los votantes” y no los partidos. La portavoz popular durante el Pleno, Ana Isabel Alós, ha asegurado que los objetivos de la propuesta son “facilitar la gobernabilidad del municipio, contribuir a la estabilidad institucional del ayuntamiento, reforzar la legitimidad popular del alcalde o alcaldesa, así como el sentimiento de los electores de participar en la elección del alcalde”. A su juicio, la iniciativa “solo puede dar miedo a quien crea que no puede tener el apoyo mayoritario de los votantes”.
Tras su defensa de la propuesta, el PP ha encajado una cascada de reproches por parte del resto de fuerzas políticas. Susana Sumelzo, diputada del PSOE, ha considerado que la iniciativa conservadora “es inoportuna” y pretende “cambiar las reglas del juego” apenas unos meses antes de las elecciones municipales. “Asúmanlo, allí donde no gobiernan es porque los ciudadanos no quieren que gobiernen”, les ha dicho a los populares. Sumelzo ha criticado la “incapacidad de hacer autocrítica” del PP y sus dificultades para “sentarse a dialogar” con el resto de fuerzas.
Desde el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea la diputada Alicia Ramos ha considerado que con su propuesta el PP “se retrata como un partido centralista al que le gusta muy poquito la democracia”. Se trata, a su juicio, de una “proposición pataleta, rencorosa de quien ha perdido el poder y no sabe manejarse”. “Les da miedo la gente, no quieren reconocer que hay otra mayoría social y política. Les gusta el rodillo y el mando. No les preocupa la gobernabilidad, les preocupa la democracia”, ha zanjado.
En busca de un “atajo”
También desde Ciudadanos han arremetido contra las pretensiones del partido de Pablo Casado. El diputado José Ignacio Prendes ha considerado “curioso” que el PP lleve al Congreso la toma en consideración de su propuesta “para que gobierne la lista más votada” el mismo día “que abandonan ese principio en Andalucía” al sugerir un pacto precisamente con Ciudadanos para desbancar a Susana Díaz del poder aunque el PSOE sea la fuerza más respaldada en las elecciones del 2 de diciembre. “Están tratando de encontrar un atajo ante el adelanto electoral”, ha denunciado. El parlamentario se ha mostrado a favor de una reforma para garantizar la “elección directa del alcalde” pero no está que consideran “partidista y unilateral”.
En la misma línea se han manifestado todo los portavoces de las fuerzas nacionalistas e independentistas. “Buscan recuperar alcaldías perdidas lo cual es legítimo pero no lo es tanto intentando hipotecar la calidad del sistema democrático”, consideraba el portavoz de ERC, Joan Tardà. Él ponía el ejemplo de Badalona como símbolo de la “contradicción” del PP. En el municipio barcelonés, los populares respaldaron en junio una moción de censura para hacer alcalde al candidato socialista, Álex Pastor, cuyo grupo tan solo tenía tres concejales.
