El Gobierno de Sánchez veta una ley de Ciudadanos que obligaría a publicar los trabajos de fin de máster
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido vetar la Proposición de Ley sobre transparencia universitaria que presentó Ciudadanos el pasado mes de mayo como respuesta al escándalo del máster fraudulento de Cristina Cifuentes, desvelado por eldiario.es. Según el escrito enviado al Congreso por el Ejecutivo del PSOE, el argumento es que la propuesta “supondría un aumento de los créditos presupuestarios”, por lo que “el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación”. Según explica el Ejecutivo socialista, las medidas de Ciudadanos supondrían un incremento en los presupuestos de casi 5 millones de euros.
Este es el primer veto que presenta el nuevo Gobierno a una proposición de ley de la oposición. Se da la circunstancia, además, de que se conoce justo el día en que ha estallado el caso de las irregularidades del máster de Carmen Montón, la ministra de Sanidad de Sánchez, desveladas también por eldiario.es. Sin embargo, el escrito del Gobierno enviado a la secretaría general de la Cámara lleva el sello del 6 de septiembre cuando aún no se conocía que iba a salir los detalles de las irregularidades del caso de Montón por el que, bien es verdad, la ministra ya tuvo que dar explicaciones hace tiempo.
Ante esta situación, Ciudadanos intentará forzar en la Mesa del Congreso una votación para que se levante el veto. Pero las posibilidades de que prosperen sus intenciones son escasas teniendo en cuente que el PP siempre ha apoyado los vetos presentados por los Gobiernos cuando están “bien justificados” y el PSOE tampoco va a oponerse a lo decidido por el Ejecutivo de su propio partido.
Lo contradictorio es que el PSOE ha criticado repetidamente a los de Rivera por sumarse al PP cuando el anterior Gobierno de Rajoy vetaba iniciativas de los grupos de la oposición. Y ahora ellos incurren en lo mismo, según Ciudadanos.
La ley de autonomía y de rendición de cuentas de las universidades españolas incluía medidas como la obligatoriedad de publicar el contenido de los trabajos fin de máster; la creación de un buzón anónimo para denunciar irregularidades detectadas con la garantía de proteger al denunciante; o un régimen sancionador para quien incumpliera la normativa.
Además, establecía pautas para el profesorado y los alumnos para evitar casos similares de fraudes en los máster, como en los que supuestamente han incurrido tanto Cifuentes como Casado y ahora Montón. El PP también denunció que el currículo del propio Pedro Sánchez había sido modificado, por lo que pidió explicaciones por escrito al poco de ser nombrado presidente.
Durante la presentación de la ley, Ciudadanos insistió en que el propósito de su iniciativa era “devolver el prestigio a la Universidad” que ha manchado “el bipartidismo” y aseveró que la universidad debería estar libre de “cualquier injerencia política”.
Otra de las intenciones de la propuesta del partido de Albert Rivera era evitar casos de plagios en los trabajos presentados, como los que protagonizó el anterior rector de la Universidad Rey Juan Carlos Fernando Suárez, descubiertos también por la redacción de eldiario.es.
“Queremos que la corrupción salga de la universidades públicas”, señaló Rivera, que achacó su “desprestigio” a que durante años “el bipartidismo ha metido sus zarpas en la universidad como lo hizo anteriormente en las Cajas de Ahorros”.
Incremento de gasto al presupuesto en vigor
Fuentes parlamentarias socialistas argumentan que el veto a la proposición de Ciudadanos responde a un incremento del gasto en el ejercicio vigente y recalcan que, si la formación de Rivera lo redacta de manera que la medida entre en vigor para el próximo año presupuestario, el Gobierno no se opondría.
Esas mismas fuentes sostienen que el PSOE criticó a PP y Ciudadanos por vetar iniciativas cuya redacción dejaba claro que la entrada en vigor una vez aprobadas sería a partir del ejercicio presupuestario siguiente, es decir, que no afectaban a las cuentas que estaban en marcha en el momento de registrar las propuestas.
El Tribunal Constitucional se pronunció en contra del veto constante del Gobierno de Mariano Rajoy y delimitó su capacidad de oponerse a la tramitación parlamentaria de iniciativas que afectaran al presupuesto vigente, pero estableció que no podía hacerlo para aquellas cuya puesta en marcha aumentara el gasto de ejercicios futuros.
