Vox pide en su primer recurso al Constitucional la nulidad de la toma de posesión de diputados independentistas en el Congreso

Vox acaba de cruzar por primera vez la puerta del Tribunal Constitucional, abierta para ellos en las elecciones del 10N. Con un grupo de 52 diputados, la formación de extrema derecha cumple los requisitos para presentar recursos de amparo ante el TC y el primero que han llevado a esa ventanilla pide ni más ni menos que la anulación de la toma de posesión de los diputados salidos de aquellas elecciones. 

La petición de Vox se relaciona con la bronca sesión en la que los diputados de la actual legislatura juraron o prometieron sus cargos a principios del pasado mes de diciembre. La fórmulas empleadas en aquella sesión por los parlamentarios independentistas fueron criticadas desde la bancada de Vox, que solicitó que la presidenta del Congreso impidiese cualquier fórmula que no fuese un acatamiento clásico de la Constitución.

Aquella monumental trifulca acabó unas las palabras de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que han estado lejos de satisfacer los deseos del grupo que lidera Abascal: “Todas las señoras y señores diputados que han contestado al llamamiento han adquirido la condición plena de diputados y diputadas”. Según Vox, 29 parlamentarios vulneraron aquel día la Constitución por la fórmula elegida para aceptar el cargo. 

Durante aquella sesión plenaria, la presidenta del Congreso desoyó las reiteradas peticiones de Vox de reconsiderar su decisión y los líderes de la formación de extrema derecha anunciaron inmediatamente que acudirían al Constitucional. En su escrito Vox pide que el Constitucional anule el nombramiento de 29 diputados por el uso de fórmulas atípicas para acatar la Constitución. En ese documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, se pide que el tribunal “dicte sentencia otorgando el amparo pretendido y declare nulos” los actos de aquel día. 

En el improbable caso de que el Constitucional decida atender las reclamaciones incluidas en su escrito, la legislatura tendría que resetearse a su punto de inicio, y dejarían de tener validez ninguno de los acuerdos adoptados con el voto de los diputados a quienes Vox quiere retirar tal condición. 

Desde Vox pretenden hacer del Constitucional una tercera cámara en la que jugar sus bazas políticas y donde instalar debates que han perdido en otros foros. Su peso en el Congreso obliga al principal tribunal de garantías a estudiar cada uno de esos recursos y, en caso de admitirlos, redactar sentencias sobre los temas que Vox ponga sobre la mesa del principal intérprete de la Constitución. La ley fija en 50 el número de diputados que deben unir sus firmas si quieren que el Constitucional esté obligado a atender sus recursos. El grupo de Santiago Abascal cuenta con 52.