Correa maniobra a contrarreloj para intentar rebajar su primera condena en Gürtel
Francisco Correa, el hombre del apellido que bautizó el mayor caso de corrupción de la historia democrática de España, está contra las cuerdas. El martes enfrenta su primer juicio de la primera época de Gürtel con una petición de cárcel de la Fiscalía de 110 años de cárcel por una decena de delitos relacionados con el amaño de contratos y la recalificación de suelo en distintas administraciones gobernadas por el Partido Popular en Valencia, Madrid, Castilla León y Andalucía. Y solo es el principio. En Valencia espera sentencia por el denominado caso Fitur, la adjudicación de una caseta en la Feria de Turismo de Madrid por parte del Ayuntamiento de Jerez por el que el Ministerio Público le solicita 17 años y nueve meses de prisión. Tras esos dos vendrán otros seis pleitos que también lo sitúan en el centro de una trama mafiosa.
Ese es el vertiginoso calendario judicial que espera al conseguidor del PP en tiempos de José María Aznar, el eterno intermediario que tanto organizaba campañas para el partido como recalificaba terrenos en ayuntamientos amigos. Aquellos años de los todoterrenos de lujo, el champán prohibitivo, los helicópteros y los chalés con embarcadero terminaron en la confesión de un concejal arrepentido y Correa dio con sus huesos en la cárcel. Ha cumplido cuatro años de prisión y ahora teme que puedan caerle muchos más. A cuatro días del juicio de la primera era de Gürtel, Correa ha retomado una antigua estrategia para rebajar sus previsibles penas buscando un pacto con Anticorrupción. Ya lo planeó en 2015 escribiendo una detallada confesión sobre los negocios y los métodos de la red que intentó negociar con la Fiscalía y cuyo contenido reveló eldiario.es. Las conversaciones se quedaron en nada. La última oferta del ministerio público pasa por poner a disposición de la Justicia los 20 millones de euros de sus cuentas en Suiza que ya están bloqueados por los tribunales. En el escrito que su procuradora remitió a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Correa compromete “su voluntad de proceder a la completa reparación del daño causado”. Esa oferta ya estuvo sobre la mesa de Anticorrupción, que entonces no le concedió gran valor, puesto que ya entonces intentaba decomisar los fondos de las cuentas suizas a través del escrito de acusación de la segunda era del caso Gürtel. En declaraciones al diario El País, Correa añade que está dispuesto a cantar y explica la razón: “En estos años años ningún político ha hecho nada por mí”.
Fuentes de la Fiscalía admiten acercamientos pero niegan que se haya cerrado un pacto que alarma al resto de acusaciones particulares y que genera escepticismo en Anticorrupción.
Los antecedentes no ayudan a Correa. En 2015 su plan estaba cantado: visto que las penas de las previsible condenas iban a superar los 20 años de cárcel, su defensa trataba de buscar la vía –prevista en el Código Penal– para que cumpliese el triple de la pena máxima. Pero eso pasaba por que la condena máxima -visto que no tiene antecedentes penales ni circunstancias agravantes- se quedase entre dos y dos años y medio de prisión. Multiplicado por tres daría como resultado siete o siete años y medio de cárcel y, dado que ya ha pasado cuatro años entre rejas, Correa podría disfrutar de un régimen de semilibertad en menos de un año. Pero toda esa estrategia tiene un pero: en el juzgado de Valencia -donde no ha habido acuerdo con la fiscalía- la suerte está echada en el caso Fitur. El ministerio público solicita para él 17 años y nueve meses de prisión.
