Las Cortes de CyL blindarán por ley la caza a través de una PL que cuenta con el apoyo de PP, PSOE, Cs y UPL

El objetivo principal que persigue esta PL es asegurar en el tiempo “un marco jurídico estable” para la realización de la actividad cinegética mediante la constatación por Ley, en el marco de la normativa europea, nacional y de la Comunidad, de las especies cinegéticas que den garantía a la caza, mediante la reforma de la Ley de Caza de Castilla y León, señala el Grupo Parlamentario Popular.

Esta medida se produce después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acordó suspender “de forma provisional” el Decreto por el que se regula la actividad cinegética de Castilla y León.

El partido animalista PACMA recurrió en su día ese marco normativo y, simultáneamente, solicitó del TSJ que, de forma cautelar, hasta el momento de dictar sentencia, se paralizase la aplicación del decreto por los “perjuicios” que podría causar a la fauna salvaje su aplicación durante dicho periodo, explican los populares.

La Sala no dicta sentencia, aclaran, sino que se limita a resolver, por medio de auto, la medida cautelar solicitada y entiende que no se puede aplicar el decreto antes de dictar sentencia, acogiendo la tesis del PACMA al estimar que es un interés más necesitado de protección el de la conservación de la fauna silvestre que los daños a los intereses generales y de terceros, que reconoce se pueden producir por la suspensión acordada.

El Grupo Popular considera que Castilla y León no puede prescindir de la caza porque, además de su componente cultural y tradicional, los beneficios económicos para la zona y su repercusión en el empleo, es un medio “imprescindible” para contribuir al control sanitario de la fauna salvaje, y por ende de la sanidad de la cabaña ganadera, e indirectamente de las personas. Los populares también subrayan los beneficios de la caza para reducir “riesgos” a la seguridad vial y para el propio control poblacional de las especies.

Por ello, el Grupo Popular considera que la Junta de Castilla y León siempre ha hecho una gestión “responsable” de sus competencias en materia de caza, que han sido limitando el número de ejemplares cazables por los titulares de esos aprovechamientos, los titulares de los cotos de caza, en atención a los informes técnicos, para que se garantice la sostenibilidad de las especies.

Una caza “responsable y sostenible”, añaden que ha garantizando que dicha actividad haya sido un “instrumento equilibrado” al servicio de un control poblacional imprescindible para mantener las poblaciones de fauna silvestre en un estado de conservación favorable. Esto está avalado por los resultados, por los informes técnicos y por informes ajenos a la Junta de Castilla y León.

IMPORTANCIA DE LA CAZA

Los 'populares' recuerdan que las Cortes de Castilla y León aprobaron el pasado día 19 de diciembre de 2018, con una sola abstención, una Proposición No de Ley considerando la importancia de la caza para los intereses de Castilla y León.

Es por ello que, el Grupo Popular, apoyado por los grupos Socialista, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés solicitan que se asegure en el tiempo un marco jurídico estable para la realización de la actividad cinegética mediante la presentación en las Cortes de Castilla y León de una Proposición de Ley que traslade a la Ley de 12 de julio de Caza de Castilla y León las especies cinegéticas, permitiendo dar garantía a la caza con el “revestimiento legal”.

Con ello pretenden asentar con rango de Ley las especies definidas como cinegéticas, y declarar como tales aquellas que, sin encontrarse en los supuestos de protección estricta conforme a la normativa comunitaria, estatal y autonómica, y que debido a sus niveles poblacionales, su distribución geográfica y su índice de reproductividad, puedan soportar una extracción de ejemplares ordenada y controlada administrativamente, así como un régimen complementario de protección de estas especies que garantice que el ejercicio de la caza no comprometa el estado de conservación de las mismas en su área de distribución.

Todo ello en el marco de un Plan General de Caza, en el que se establezcan limitaciones adicionales, que contemplen las peculiaridades comarcales, las medidas necesarias que deriven de las variaciones climáticas temporales o la evolución local de determinadas especies, concluye el comunicado.