Luis Segura lucha por volver al Ejército tras denunciar la corrupción de sus mandos. Ana Garrido está arruinada después de perder su trabajo tras advertir de unas irregularidades que dieron origen al caso Gürtel. A Azahara Peralta la echaron de Acuamed cuando se negó a firmar unos sobrecostes. Los tres han pedido este miércoles que se proteja a quienes denuncien casos de corrupción del “acoso brutal” que sufren para que más gente se anime así a seguir sus pasos.
Los tres forman parte de Plataforma x la Honestidad, un colectivo que agrupa y defiende a quienes han sufrido las consecuencias de denunciar casos de corrupción. Este jueves se han reunido en Madrid para dar cuenta de los pasos que están dando en este sentido, y entre los que está impulsar una ley que les garantice su anonimato, les dé asistencia jurídica, apoyo psicológico y que se proteja su empleo.
El portavoz de la plataforma, Pedro Arancón, ha asegurado que “el acoso que sufren estas personas es brutal”, y ha confiado en que el Congreso dé luz verde a la legislación que están impulsando. Comparecerá en la cámara baja durante la subcomisión que estudia ese proyecto, tras haberse reunido con todos los partidos, salvo el PP, que se negó a recibirles.
Luis Segura, exteniente del Ejército, pelea por volver a las Fuerzas Armadas. El Tribunal Supremo confirmó hace una semanas su expulsión definitiva, después de que hubiese denunciado corrupción entre los mandos, haber pasado una temporada detenido y tras una huelga de hambre. El tribunal entendió que algunas de sus palabras en medios de comunicación excedían la libertad de expresión. Ahora quiere llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque aunque ha recurrido al Constitucional, no confía en que este tribunal le conceda el amparo.
“Perdemos nuestro trabajo, sufrimos amenazas”
“Todos los relatos de los denunciantes de corrupción siguen un patrón, todos perdemos nuestro trabajo, todos sufrimos amenazas”. Segura ha lamentado también que tras denunciar un casos de corrupción quedas “estigmatizado”, y el denunciante se convierte “en una persona temida” con enormes dificultades para encontrar trabajo.
“Al final nos encontramos completamente solos, es muy triste que una persona tenga que vivir de la caridad por haber denunciado corrupción”, ha lamentado Segura, que ha pedido “un esfuerzo de concienciación” para desterrar la idea de que con sus acciones se han buscado las consecuencias que sufren.
Ana Garrido trabajaba en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuando advirtió ciertas irregularidades en la gestión. Hace diez años las denunció, perdió su trabajo, su casa y se ha visto obligada a vender sus objetos personales para subsistir.
“Ellos te intentan comprar, entrar en la rueda es mucho más fácil”, ha dicho Garrido, que ha recordado la campaña difamaciones que sufrió tras su denuncia: “que yo era de Gürtel, que me había llevado mi parte o que era la amante del alcalde”.
“A quien quiera denunciar corrupción, le diría que denunciase, pero no lo hiciese como lo hice yo, si se puede denunciar, pero de otra manera, preservando su anonimato” ha asegurado. Por eso, considera indispensable que se apruebe una ley que les proteja, aunque no se ha mostrado muy optimista al respecto.
Azahara Peralta era directora de Obra en Acuamed. Se negó a aprobar el pago de un sobrecoste a la empresa FCC que ella pensó que no existían y sufrió un despido disciplinario. “Estoy intentando salir para adelante. Estoy medio reconciliada con la Justicia porque la Audiencia Nacional decidió que este caso tiene relevancia, y ahora ya no es como cuando lo contaba antes, justo después de que me despidieran”, ha relatado.
“Lo que te viene después de denunciar es tan jodido, que no podría animar a nadie a hacerlo. Necesitamos que se proteja al denunciante”, ha concluido.