Destinos privilegiados y jubilaciones doradas para la policía política de Fernández Díaz
La actuación de un grupo de mandos de la Policía contra la oposición política durante el mandato de Jorge Fernández Díaz apenas ha tenido consecuencias para la mayoría de esos agentes. Su máximo responsable, el comisario principal Eugenio Pino, planeó una retirada a tiempo cuando los destinos aún dependían de él, antes de jubilarse en junio pasado.
Sus dos jefes de gabinete fueron destinados como agregados de Interior a La Haya y México, respectivamente, con sueldos extraordinarios. El propio Pino fue condecorado por Fernández Díaz con la Medalla de Plata al Mérito Policial, que lleva asignada una pensión vitalicia del 15% de su sueldo.
Pino reapareció públicamente en una entrevista en El Mundo en febrero. “Hemos hecho un gran servicio al Estado”, afirmaba. En eso coincidía, al menos hasta hace unos meses, el anterior ministro del Interior. En la orden por la que Fernández Díaz concedía la medalla pensionada al comisario se destaca que “ha sobresalido en el cumplimiento de los deberes de su cargo” y que su actuación “ha redundado en el prestigio de la Corporación”. Pino es el artífice de la estructura alojada en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía de la que han salido los informes apócrifos sobre presunta corrupción de líderes del proceso soberanista en Cataluña o el dosier PISA acerca de una financiación irregular de Podemos que han rechazado los tribunales.
La mano derecha de Pino fue el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. Entre los trabajos que han trascendido están los informes que exculpan al comisario José Manuel Villarejo de cualquier incompatibilidad por sus millonarios negocios privados y por la grabación y difusión de una conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Fuentes Gago llevó a cabo las presuntas investigaciones a Villarejo a pesar de compartir con él tareas en la DAO y ser subordinado suyo por escalafón.
El 25 junio de 2015, eldiario.es publicó que Fuentes Gago había sido nombrado agregado de Interior en La Haya con un sueldo mensual que supera los 10.000 euros brutos. Se da la circunstancia de que su esposa, también policía, había sido destinada a la misma ciudad bajo el mandato de Pino. La remuneración de la mujer de Fuentes Gago también supera los 10.000 euros mensuales.
El adjunto a Fuentes Gago como jefe de gabinete de la Dirección Adjunta Operativa era el también inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano, antiguo policía de enlace en Andorra y procedente de Asuntos Internos. Díaz Sevillano relevó a Fuentes Gago cuando éste fue destinado a La Haya. El verano pasado, coincidiendo con la marcha de Pino, Bonifacio Díaz fue elegido para ocupar el cargo de agregado de Interior en la Embajada de España en México, con una asignación mensual de más de 11.000 euros.
Estos destinos son puestos de libre designación y, como tales, la Dirección de la Policía puede relevar a los agentes en el momento que considere oportuno. El Grupo Socialista ha demandado los expedientes completos de los nombramientos para las embajadas entre 2012 y 2016 para que sean incorporados a la comisión de investigación del Congreso.
Medalla pensionada para Villarejo y Martín-Blas
En la nómina de mandos recompensados por Interior figura en un puesto destacado el comisario jubilado José Manuel Villarejo, condecorado con una Medalla Roja al Mérito Policial (un 10% más de sueldo vitalicio) por su participación en la Operación Cataluña. Villarejo se jubiló en agosto pasado, dejando de combinar sus negocios privados (12 sociedades por valor de 16 millones de euros, según El País) con la actividad de funcionario público.
Villarejo está imputado en el caso de la grabación ilegal a policías y agentes del CNI fruto de una investigación de Marcelino Martín-Blas, antiguo colaborador suyo en la Operación Cataluña. Martín-Blas también se jubila en abril con un sueldo engordado por una medalla Roja de su época al frente de la Unidad de Asuntos Internos, convertida por Pino en instrumento clave en las investigaciones contra el proceso soberanista.
Marcelino Martín-Blas viajó en octubre de 2012 a Barcelona para intentar convencer a los fiscales Anticorrupción, sin éxito, de que había nuevos indicios para registrar en plena campaña autonómica la sede de CDC. Le acompañaba José Luis Olivera, antiguo responsable de la UDEF con el PSOE y que ha llegado a jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) con el PP. Olivera también fue condecorado con una medalla pensionada después de aquel viaje.
Orden de destruir el disco duro
El exjefe de gabinete de la DAO Bonifacio Díaz, al igual que Pino, ha declarado en la investigación de la Audiencia Nacional por la sospechosa procedencia de un pen drive con información que la Policía quiso utilizar para impulsar las pesquisas contra los Pujol. Durante su declaración ante el juez José de la Mata, Díaz reveló que compartía oficina con Fuentes Gago y un tercer agente. Los tres eran los únicos con acceso a un disco duro que Pino les ordenó destruir y que guardaba informaciones de todo tipo que “llegaban” a la DAO, según el relato del inspector jefe.
Ese tercer agente es la policía Beatriz Hidalgo, antigua colaboradora de Pino cuando éste era jefe de los antidisturbios con Aznar y, según ha sabido eldiario.es de fuentes policiales, actualmente destinada en la Embajada española en Londres. Por su graduación, Hidalgo no puede ocupar el cargo de agregada o consejera, pero sí uno de los destinados a funcionarios para otros desempeños, como el de seguridad de la Embajada.
Las altas retribuciones de los policías en las delegaciones diplomáticas son calculadas a partir de unos baremos que establece el Ministerio de Asuntos Exteriores, de acuerdo al nivel de vida de la ciudad de destino. Londres, comentan las mismas fuentes, garantiza sueldos de los más altos de entre los destinos en las embajadas.
Las medidas de Villabona
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha designado al comisario Florentino Villabona para ocupar el puesto de Pino y poner orden en una desacreditada Policía durante el año y medio que resta para su jubilación. Entre las medidas adoptadas en las últimas semanas destaca el establecimiento de una serie de requisitos para aspirar a destinos como el que ocupa hoy la policía Hidalgo.
Entre esos requisitos destaca que queden más de tres años para la jubilación del policía aspirante, contar con un curso especial para la seguridad en las delegaciones diplomáticas y no proceder de otra embajada, esto es, haber pasado los últimos tres años destinado en España. Esta decisión de Villabona ha obligado a romper la lista ya confeccionada para realizar el próximo curso que precede al envío a un destino diplomático, según las fuentes consultadas.
Asimismo, Villabona ha ordenados dos ceses relevantes. El comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de captación de fuentes y escuchas, ha sido desterrado a mandar los distritos del sur de Madrid. García Castaño ha realizado encargos “políticos”, según admite su entorno, para todos los gobiernos de la democracia.
Su destitución se produjo a raíz de que publico.es grabara a García Castaño sin su permiso hablando en un bar sobre un supuesto chantaje de Villarejo con informaciones de la familia real. Villabona impuso el destierro de García Castaño a pesar de que el director general, Germán López, había propuesto para él un cómodo destino de embajada que evitara una “conflictiva” marcha de la UCAO, afirman fuentes conocedoras del proceso.
Villabona también ha destituido a Núria Mazo, la comisaria que Pino puso al frente de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC). Enmarcada en Asuntos Internos, la BARC se encargó de revisar casos, algunos cerrados y con sentencia firme, como el Faisán o el 11-M, vinculados a la gestión del Gobierno socialista. Villabona comunicó recientemente a Mazo que sería número dos de la Brigada de Policía Científica de Madrid en una tensa reunión.
