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Las detenciones en Catalunya incendian la campaña

Pedro Sánchez, durante la presentación de la campaña del PSOE.

Marcos Pinheiro / Irene Castro / Iñigo Aduriz

Catalunya había perdido peso en la actualidad política en los últimos meses. Las consecuencias judiciales del referéndum del 1 de octubre de 2017, la negociación de los presupuestos generales y la campaña electoral habían mantenido la cuestión independentista en la primera línea del debate público, pero el final del juicio y las negociaciones para la investidura -de las que no participaron los partidos catalanes- apartaron temporalmente el foco de Catalunya. La manifestación de la Diada del pasado 11 de septiembre fue la menos concurrida desde 2012 y la tensión entre la Generalitat y el Gobierno central estaba contenida a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.

Todo cambió el pasado 24 de septiembre. La Guardia Civil desplegó en Catalunya la operación Judas para detener a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). El plano policial, la intervención se saldó con nueve detenidos, siete de los cuales fueron conducidos a la Audiencia Nacional tras declarar ante los agentes; en el plano político, las detenciones han vuelto a provocar un incendio con epicentro en Catalunya a las puertas de unas nuevas elecciones generales.

El pasado jueves el Parlament acogió el pleno que reavivó ese nuevo enfrentamiento con el Gobierno Central. La cámara, con una baja actividad legislativa desde el 1-O pero muy activa en la aprobación de declaraciones de contenido político, dio luz verde una moción que era consecuencia directa de la operación policial: pedía la retirada de la Guardia Civil de Catalunya, acusaba a las fuerzas policiales de hacer un uso “arbitrario” de la legislación antiterrorista para “reprimir el activismo” y reclama la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.

El Gobierno reaccionó a las pocas horas anunciado que impugnaría ante el Tribunal Constitucional esa resolución y otra que aprobó el Parlament en la que legitimaba la desobediencia civil. El Ejecutivo de Pedro Sánchez fijaba así una indisimulada estrategia que va a seguir hasta el 10 de noviembre en plena pugna por rascar votos de Ciudadanos, una formación que ven en caída libre: mano dura con el independentismo.

El propio Sánchez anticipó este sábado al Comité Federal del PSOE que la situación podría “recrudecerse” próximamente. El eje central del discurso de los socialistas es situarse como la única opción viable de Gobierno en este momento y el posible desafío independentista se ha convertido en un argumento más en esa línea. El principal reto de los socialistas en la campaña para las elecciones de noviembre -con el lema 'Ahora Gobierno. Ahora España'- es hacerse con voto desencantado de Ciudadanos, el partido que menos logra fidelizar a sus votantes según todos los sondeos publicados. El propio lema de campaña de los socialistas, presentado este lunes, ya ofrece pistas de por dónde irán los mensajes de los próximos meses: Ahora gobierno, ahora España.

Sánchez ha elevado el tono contra los independentistas en las últimas semanas, especialmente tras constatarse el fracaso de la negociación con Unidas Podemos y la consiguiente repetición electoral. En su última sesión de control en el Congreso, el presidente en funciones advirtió de que aplicaría el 155 si se vulneraba la Constitución o el Estatut en Catalunya. “Vamos a defender la Constitución sin vacilaciones”, reiteró Sánchez este sábado. El domingo, en la Fiesta de la Rosa en Gavá (Barcelona) endureció el tono y pidió al independentismo que “deje de engañar” porque “han traído dolor a los suyos y al resto de Catalunya”.

A pesar de que el Gobierno reconoce que no ha habido un quebrantamiento de la legalidad con las mociones del Parlament que impugnará, las advertencias del presidente en funciones a la Generalitat son constantes. “No jueguen con fuego”, ha avisado este lunes en el acto de presentación del lema de la precampaña, en el que ha vuelto a exigir al Govern que condene la violencia. Hasta hace poco, el PSOE veía en Catalunya un problema electoral porque entre PP y Ciudadanos, por un lado, y las fuerzas independentistas, por el otro, polarizaban la campaña; pero en Moncloa creen que la posición de firmeza les hace ganar puntos por el centro y restar votos al partido de Albert Rivera.

Tanto ERC como JxCat han rechazado este lunes condenar la violencia, como les ha pedido Sánchez. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha asegurado este lunes que no pueden condenar una violencia que no ha existido: “Quizás tratan de justificar una sentencia contra los presos políticos que será injustificable y aberrante”. Desde JxCat, la portavoz Laura Borrás, ha asegurado “solo quieren ensuciar la condición pacífica del movimiento independentista”.

PP y Ciudadanos pelean por los votos en Catalunya

En medio del choque entre Gobierno e independentistas a las puertas de nuevas elecciones, PP y Ciudadanos han visto la oportunidad de recuperar uno de los asuntos que convirtieron en central durante la campaña pasada. La presunta tibieza de Sánchez con los independentistas ha sido uno de los principales arietes de ambos partidos, que pelearán en las próximas semanas por el mismo electorado. Los de Pablo Casado, para tratar de recuperarse del profundo varapalo que supuso el 28A; los de Albert Rivera, para intentar contener la sangría de votos que pronostican todas las encuestas.

El PP ha definido las detenciones de la pasada semana como “una línea roja”. Exigen al Ejecutivo en funciones que actúe ya contra las fuerzas independentistas aunque sin pedir aún la aplicación del artículo 155. En su lugar, Casado ha pedido echar mano ya de la Ley de Seguridad Nacional en Catalunya para “tomar el control” de los Mossos d'Esquadra y cerrar esa “mal llamada agencia de inteligencia catalana”.

También aludía a otras normativas que ya se podrían y ha planteado incluso la posibilidad de aplicar la Ley de Partidos Políticos después de que una “institución tan importante” como el Parlament esté “justificando a terroristas”. “Solo he visto eso con Batasuna en el Parlamento vasco, pero no era un partido de Gobierno, era un partido extremista que nunca gobernaba”, añadía.

Casado incide así en uno de los ejes de su campaña, junto a la Economía. El PP acude a la nueva convocatoria electoral al alza en los sondeos, pero con Catalunya como su punto débil. Allí solo consiguió un escaño el 28A, el de la portavoz en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, y su intento de formar coalición con Ciudadanos ha fracasado. Tendrán que pelear con los de Rivera en uno de los principales bastiones de esta formación.

Ciudadanos se enfrenta a esta campaña con el viento en contra. Las pasadas elecciones generales les auparon a su mejor resultado, pero el veto a negociar con Sánchez -que desgarró internamente el partido- ha tenido consecuencias en el electorado. El CIS pronostica una hemorragia de votantes, que están huyendo sobre todo hacia el PP. Los de Rivera tratan de frenarlo intentando llevar la iniciativa en el tema catalán, que tan bien les ha funcionado en el pasado.

Una moción de censura sin opciones de prosperar

El partido ya fue protagonista en el pleno del Parlamente que aprobó las resoluciones que ha recurrido el Gobierno. El presidente del grupo parlamentario, Carlos Carrizosa, fue expulsado del pleno por sus enfrentamientos con los diputados independentistas durante el debate. Convocó inmediatamente una rueda de prensa flanqueado por los miembros de su partido, en la que reclamó a Sánchez que actuase: “¿Qué más tiene que pasar ante los que quieren poner bombas en el Parlamento? ¿Tiene que morir alguien?”.

Este fin de semana ha sido la portavoz del partido en Catalunya quien ha tomado la iniciativa. Lorena Roldán anunció que Ciudadanos presentaría una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. La Ejecutiva lo ha aprobado este mismo lunes a pesar de que hasta ahora, el partido que ganó las elecciones en Catalunya se había negado a hacerlo para no regalar una victoria segura a los independentistas, que tienen mayoría en la cámara. Con las elecciones ya convocadas, los de Rivera han cambiado de opinión. “Hay un antes y un después, y esa diferencia se llama Goma 2”, dicen fuentes del partido.

Desde Podemos, por su parte, han decidido mantenerse al margen de la escalada de tensión. Este lunes, la portavoz del partido, Noelia Vera, aseguró que falta “demasiada información por parte de la Justicia” para tener un “pronunciamiento claro” respecto a la detención y encarcelamiento de miembros de los CDR. El pasado jueves, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, sí que criticó la operación policial. Aseguró también que se había banalizado el terrorismo y recordó que casos similares se han archivado: “Tenemos presentes muchos casos en los que se equiparan unos hechos al terrorismo y generan alarma social pero después, con el tiempo, se desinflan”.

Las detenciones y la bronca en el Parlament han irrumpido en una campaña a la que, por primera vez en su historia, se suma la CUP. El pasado sábado, los socios más incómodos del Govern decidieron presentarse a las elecciones generales debido a la “excepcionalidad en términos represivos” que, a su juicio, vive Catalunya, y ha situado “la amnistía, la autodeterminación y los derechos sociales” como los objetivos de la candidatura.

De fondo, una investigación bajo secreto

Mientras sube la tensión política, continúa bajo secreto de sumario la investigación judicial sobre los siete detenidos. La Audiencia Nacional decidió el pasado jueves -a la vez que se celebraba el pleno del Parlament- enviar a prisión sin fianza a los miembros de los CDR acusados de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. El auto les define como el sector más “radical, clandestino y comprometido” de los CDR.

“Las investigaciones realizadas aportan indicios claros de que todas y cada una de las acciones que los investigados han llevado a cabo pretenden, dentro de la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo al que pertenecen, lograr la materialización de la república catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas”, señala el juez Manuel García Castellón.

Este domingo, la cadena Ser dio más detalles sobre la investigación. El juez sostiene que los detenidos actuaron de enlace entre Torra y Carles Puigdemont a través de la hermana de este último. Anna Puigdemont se habría reunido con estos miembros de los CDR para “entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras”. Ella lo ha negado.

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