La autopsia de un Estado clientelar en Andalucía

Una parte que se olvida al describir el sistema del caciquismo que ha existido en varias zonas de España desde el siglo XIX es que el cacique siempre da algo a cambio de la sumisión que recibe. No es cuestión de generosidad, sino de cálculo político para hacer posible el control social. Crea una situación de dependencia que requiere un suministro constante de empleos, dinero y favores. La maquinaria debe estar perfectamente engrasada para que funcione.

El siglo XIX acabó hace tiempo, pero ciertas formas de caciquismo perduran cuando son compatibles con las instituciones democráticas gracias a la corrupción. No se ganan simplemente así las elecciones, pero se obtiene una ventaja nada desdeñable.

“No podemos competir con la maquinaria electoral más poderosa de España”, dijo con aire derrotista el candidato del PP Juanma Moreno Bonilla al empezar la campaña de las autonómicas de 2018. Curiosamente, fue esa la primera vez en que el PP pudo llegar al poder en Sevilla después del pacto con Ciudadanos y Vox. Quizá el caciquismo no sea ya infalible, pero en absoluto es irrelevante.

La Justicia ha hablado finalmente sobre el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción económica en el que han intervenido dirigentes del PSOE desde los tiempos de Filesa. Organismos públicos de la Junta asignaban fondos saltándose la ley para obviar los mecanismos internos de control del gasto a los que está obligada cualquier institución. La sentencia que condena a José Antonio Griñán a seis años de prisión por prevaricación y malversación y Manuel Chaves a ocho años de inhabilitación por prevaricación, entre otros, establece con claridad que no podían ignorar lo que sucedía con esas subvenciones desde sus cargos de consejero de Economía y presidente de la Junta durante los años del desfalco. El montante de dinero que se canalizó fuera del control requerido por la ley ascendió a 680 millones de euros.

Chaves, Griñán y otros altos cargos socialistas de la Junta dimitieron de sus cargos y abandonaron el partido hace tiempo cuando fue progresando la instrucción judicial. No es que se declararan inocentes de cualquier acusación de haberse quedado con fondos públicos, como así hicieron. Ni siquiera aceptaron su responsabilidad política. 

El escándalo sólo era una “discrepancia”

En una entrevista en 2013 cuando era presidente de la Junta, Griñán demostró hasta qué punto era capaz de negar la responsabilidad que tenía en el momento en que, siendo consejero de Economía y Hacienda (2004-2009, luego presidente hasta 2013), funcionaba el mecanismo fraudulento que hizo posible la comisión de delitos entre 2001 y 2009. Y no es que todo sucediera tan rápidamente que hubiera sido imposible atajarlo. Ese sistema corrupto existió durante cerca de una década.

Todo se redujo a una “discrepancia” entre la Intervención y la Consejería de Empleo, dice Griñán en la entrevista. Sólo cuando hubo un segundo aviso se cambió el sistema en 2010. “La Intervención no descubrió nunca fraude ni menoscabo de fondos públicos”, alega el entonces presidente. El periodista le recuerda después que “la Intervención sitúa el procedimiento al margen de la ley”. “No”, responde Griñán. Sólo era una discrepancia con la Consejería de Empleo. Eso no obligaba a intervenir a la de Hacienda, dice. En el mundo real, las consejerías no mueven una hoja en términos económicos sin que la de Hacienda sepa lo que están haciendo.

La sentencia lo deja claro: “El uso indebido de las transferencias de financiación fue reiteradamente denunciado en los informes de la Intervención”. Varios años antes se había producido el cambio que permitía evadir el control presupuestario, establecido por las normas de la Consejería de Hacienda existentes desde los años 80: “El resultado fue una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, al omitirse la fiscalización previa en la Consejería de Empleo”, afirma la sentencia. 

Subvenciones, subsidios y ayudas sociales son algunas de las respuestas que puede dar un Gobierno ante los problemas económicos. No es un error ni muestra de corrupción que algunos sectores económicos en las zonas de España más desfavorecidas las necesiten más que otras. La diferencia viene cuando se violan las normas legales para supuestamente hacerlo todo más rápido, pero en la práctica para favorecer a los que forman el tejido social del partido en muchas poblaciones.

El partido te protege con dinero de la Junta y sólo te pedirá algo a cambio cuando lleguen las elecciones. Por eso, ser militante socialista en Andalucía era la mejor pasarela para acceder a empleos y ayudas públicas. Ese era un factor fundamental en la maquinaria que dirigieron y de la que se beneficiaron políticamente Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. 40 años de Gobierno socialista en Andalucía que ahora llevan colgado un enorme asterisco que remite a la sentencia de los ERE.

Un escenario desequilibrado por las trampas

Un resultado electoral se explica por múltiples razones. Por ejemplo, tiene su influencia que dirigentes del PP adornaran las campañas con referencias despectivas hacia los andaluces supuestamente a causa del Gobierno socialista (Moreno Bonilla dijo el año pasado que los niños andaluces no saben que “existe el Ebro”).

Aun así, el escenario queda totalmente desequilibrado si un partido goza de fondos obtenidos de forma ilegal –el caso del PP con la Gürtel– o emplea las ayudas públicas de forma opaca sabiendo que eso le permite favorecer a sus partidarios, como sucedió con los ERE en Andalucía.

El PSOE andaluz tuvo el martes una reacción tan escasa como interesada. Demostró que no estaba interesado en la lectura de la sentencia. “Mantenemos la defensa de la honorabilidad de los expresidentes de la Junta. No se han enriquecido ilícitamente, no se han llevado ni un euro al bolsillo”, dijo su secretario de Organización.

La honorabilidad no consiste sólo en no robar si has sido elegido por los ciudadanos para gestionar fondos públicos. También te exige no permitir que otros roben y gobernar a través del cumplimiento escrupuloso de la ley. Que es lo que no se hizo en Andalucía. 

En nombre del PSOE, José Luis Ábalos podía al menos presumir de que Chaves y Griñán tuvieron que abandonar sus escaños y el partido por la presión de Pedro Sánchez. Los dos habían sido presidentes del PSOE.

Pero en su empeño de marcar distancias, acabó negando la realidad: “No es un caso del PSOE, sino de antiguos responsables públicos de la Junta”. El hecho de que todos fueran del PSOE, trabajaran para el PSOE o intentaran beneficiar al PSOE con sus decisiones debe de ser sólo una coincidencia. 

Siempre es igual con los partidos. Tienen la tendencia de sacar las conclusiones equivocadas de las sentencias sobre corrupción.