Un exconsejero pide al juez que investigue un cargo de 26,9 euros a su tarjeta 'black' que él no hizo
La estrategia de los usuarios de las tarjetas ‘black’ para inundar la Audiencia Nacional de recursos que dilaten o incluso anulen el proceso ha vivido su último episodio con la exigencia de la defensa de Rodolfo Benito, antiguo dirigente de Comisiones Obreras, para que se investigue el fraude del que fue objeto su plástico, al cargarse 26,9 euros de un billete de tren que él nunca compró. El exconsejero de Caja Madrid a propuesta del sindicato gastó 140.600 euros con la tarjeta black entre 2004 y 2010.
En un escrito presentado al juzgado el pasado 16 de septiembre, la abogada de Benito, María Jesús Díaz Veiga, explica que su representado fue informado en marzo por Visa Europe Service del fraude cometido a través de su tarjeta. Este consistía en la adquisición de un billete de la compañía Cintra, filial de Ferrovial, por importe de 26,90 euros el 30 de septiembre de 2009. El billete, informaba Visa, “no fue entregado al titular de la tarjeta”.
El letrado se queja de que Bankia nunca informó a Benito del fraude y, sin embargo, la entidad lo incluyó en el listado de gastos realizados por el exconsejero que entregó a la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, la defensa de Rodolfo Benito quiere que el juzgado libre un nuevo oficio a Visa Europe para que “precise con mayor detalle todos los datos relacionados con el fraude”, descubierto por Caja Madrid y comunicado a Visa Europe ocho días después de producirse.
Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que la previsión de enviar el caso a juicio en los próximos meses está en el aire debido a la inundación de escritos a la que someten el juzgado de Fernando Andreu los 78 imputados por las tarjetas black. En este caso, Rodolfo Benito quiere que se aclare “en qué consistió el fraude (de 26,9 euros), quién fue la persona que realizó la referida compra, lugar, hora y actuación realizada por Visa una vez le fue comunicado el mismo”.
A vueltas con los gastos de la tarjeta 'black', y en el mismo escrito al juzgado, la letrada pide que se cite a declarar como testigo a Ignacio Cea Fornies, director corporativo de Tecnología y Operaciones de Bankia. El motivo es que, según el abogado, debe explicar de dónde sacó Bankia la relación de gastos que fue enviado a la fiscalía el 15 de septiembre de 2014 y que sirvieron a ésta para elaborar la querella que dio origen al caso. Alega la defensa que otros cds aportados con posterioridad a la causa aportan una relación de gastos que “en ningún caso es coincidente con los anteriores”.
La Fundación Sicail y Monte de Piedad de Madrid contestó en abril de este año al juez que no podía aportar “detalle específico” de los gastos de las tarjetas black porque toda la información se había quedado en los archivos de las dependencias de Caja Madrid, “que luego ocupó Bankia”, dice Díaz Veiga. “No deja de sorprender a esta parte que en algunos casos Bankia si tenga acceso a los archivos de la extinta Caja Madrid y en otros casos, no, sin existir una explicación racional que justifique ese acceso parcial a los mismos”, añade.
Benito dimitió de su cargo en la Ejecutivo de Comisiones Obreras cuando saltó el escándalo de las tarjetas black. Los 140.600 euros gastados con su plástico fueron destinados, en su mayoría, a comidas y cenas en restaurantes, pero también a gasolina, ropa o libros. En la sastrería Yusti, el histórico sindicalista se dejó 14.343 euros con cargo a la tarjeta de Caja Madrid. En su declaración ante el juez Fernando Andreu, Benito alegó disfrutar de la tarjeta en concepto de gastos de representación. Y aseguró que si la siguió usando incluso después de abandonar la entidad fue porque era “uso y costumbre” en el Consejo de Administración, según explicaron en su momento fuentes presentes en la declaración.
La Sala de lo Penal rechazó el pasado junio archivar la causa contra Benito y otros consejeros. En su auto, los jueces consideran a Benito “perfecto conocedor” de que las tarjetas no tenían “reflejo en su nómina ni en el certificado de retenciones que se le entregaba a efectos fiscales”. “A mayor abundamiento tampoco consta que la Agencia Tributaria tuviera conocimiento de la existencia de esas tarjetas y diera su visto bueno a los gastos con ella efectuados”, concluyeron los magistrados.
