Silencio. Es la consigna en el PP de Alberto Núñez Feijóo ante el presunto delito contra la Seguridad Vial que podría haber cometido el presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, José Manuel Baltar, cazado por la Guardia Civil a 215 kilómetros por hora. “Hablará el PPdG”, es la única respuesta oficial del PP de Feijóo, que lideraba tanto el PP gallego como la Xunta cuando Baltar accedió a sus dos cargos, heredados ambos de su padre. Ni una palabra más, pese a las preguntas de elDiario.es, que adelantó anoche la información. De momento, Galicia también calla.
Un radar de la Guardia Civil detectó el pasado domingo el vehículo que conducía Baltar a 215 kilómetros por hora a la altura del municipio zamorano de Asturianos. Los agentes dieron el alto al coche por el citado tramo de la A-52 pasadas las seis de la tarde, tras detectar un radar el exceso de velocidad. Fuentes de la Diputación afirmaron a este medio que Baltar conducía en dirección Madrid porque tenía reuniones el lunes por la mañana en la capital.
El político fue sancionado en el acto con una multa de 600 euros y seis puntos. Fuentes de la diputación aseguraron en un primer momento que su intención era recurrir la sanción, pero en la mañana del miércoles la institución rectificó y aseguró que Baltar ha pagado la multa la mañana de este miércoles, horas después de que elDiario.es desvelara el incidente.
El presidente del PP de Ourense se ha apresurado a pagar la sanción antes de que le sea notificada la instrucción por un presunto delito contra la seguridad vial. El procedimiento por posible delito será puesto en conocimiento del juzgado y se comunicará próximamente a Baltar. En el caso de que el juzgado aprecie los indicios de delito de los que le informará la Guardia Civil, el proceso de sanción administrativa se detendrá.
Sea o no delito, algo que determinarán los tribunales, la realidad es que Baltar conducía un vehículo propiedad de la Diputación de Ourense. El Código Ético del PP establece que los militantes y dirigentes del partido se “guiarán (...) con respeto al cumplimiento normativo, colaborando en la medida de lo posible en la prevención, detección y eliminación de posibles conductas contrarias a la cultura de cumplimiento”.
Además, Baltar volverá a ser candidato en las inminentes elecciones del 28 de mayo. Y los Estatutos del PP indican que todo integrante de sus listas tendrán que firmar una Declaración de Idoneidad, que deberá actualizarse cada dos años y que les compromete a “poner inmediatamente de manifiesto al Partido cualquier variación de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su declaración inicial”.
Dicha declaración, entre otras cosas, recoge “el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública”.
Sobre nada de esto responde el PP de Feijóo, que remite al partido de Galicia que ahora lidera Alfonso Rueda, quien sucedió al hoy presidente nacional del partido. Pero el presidente de la Xunta también calla y no da explicaciones.