Un informe policial acusa a la cúpula de Fernández Díaz de un complot para sabotear el caso del Pequeño Nicolás

Un informe policial de 1.830 páginas sacude el epílogo de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. En él, un inspector del Cuerpo Nacional de Policía apunta a la presunta implicación del número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, en un complot para sabotear la investigación al Pequeño Nicolás, a través de una grabación ilegal a los investigadores de la Policía, subordinados suyos, y a dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia. El objetivo: evitar que la presunta relación entre el joven acusado de estafa y el comisario José Manuel Villarejo, hombre clave en las investigaciones a la oposición política, causara problemas al policía.

El autor del informe firma como miembro de la “comisión judicial” que actúa a las órdenes directas del juez, Arturo Zamarriego. El magistrado adoptó esta decisión habida cuenta de que esos policías iban a investigar a otros policías. Y no a cualquiera. En las conclusiones, los investigadores proponen al juez detener al comisario José Manuel Villarejo, a su compañera sentimental Gemma Alcalá, y a un periodista que trabajaba en el medio de la pareja, informacionsensible.com, por ser el supuesto autor material de la grabación.

También proponen imputar a Pino, el comisario que eligió el Partido Popular para dirigir la Policía y desde cuya Dirección Adjunta Operativa han salido los informes “fantasma” contra políticos favorables al proceso independentista en Cataluña y, más recientemente, sobre una supuesta financiación irregular de Podemos. Junto a él, los investigadores creen que deben declarar ante el juez como investigados el que fuera su mano derecha, inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, y el mando de la lucha antiterrorista Enrique García Castaño.

Por el momento, el juez solo ha aceptado la declaración como investigado del periodista Carlos Mier, presunto autor de la grabación, de entre las 13 imputaciones solicitadas. El grupo de acusados se reparte entre policías y periodistas, entre ellos Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, a los que habría que practicar registros y requisar teléfonos y otro tipo de material. Pero Zamarriego se ha encontrado con un informe del fiscal Alfonso San Román, de 13 páginas, que concluye que los investigadores no han alcanzado “certezas”, al tiempo que desliza que las pesquisas se han dirigido contra Villarejo “desde un primer momento”.

En la sede camuflada de Asuntos Internos

La escena que centra el caso se desarrolla la tarde del 14 de octubre de 2014 en un despacho de la sede camuflada que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) tiene en el barrio madrileño de Ríos Rosas. La opinión pública aún no sabe quién es Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que fue detenido al día siguiente. En ese despacho, el jefe de la UAI, el comisario Martín Blas-Aranda y dos de sus colaboradores se reúnen con un hombre y una mujer, ambos agentes del CNI, durante más de una hora. Un fragmento de esa conversación, de poco más de seis minutos, fue difundida a finales de diciembre por Infolibre. Otros medios publicaron el contenido de la conversación.

Algunas de las informaciones que adjuntaron la grabación interpretaban de su contenido que los agentes revelan que mantienen intervenido el teléfono del Pequeño Nicolás de forma ilegal. Fuentes policiales defienden que se referían a la necesidad de trasladar la autorización judicial que había otorgado el juez del Tribunal Supremo, que se encarga en exclusiva de las peticiones del CNI, a un juzgado ordinario, responsable de la investigación que acabaría con el arresto del joven.

Durante una parte de la reunión, el teléfono del jefe de Asuntos Internos se convirtió en un micrófono que captó la conversación, según el informe policial. Los investigadores llegan a esa conclusión porque el rastro del teléfono del periodista de informacionsensible.com y el del propio comisario registran una llamada de 13 minutos, a pesar de que el comisario niega haber hablado con el informador en su vida. Su tesis es que Villarejo, especialista en grabaciones, logró instalar una aplicación que dirigía de forma remota el móvil del jefe de Asuntos Internos, pudiendo hacer una llamada en silencio y descolgar sin que él se diera cuenta.

Un informe del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, avala la “vulnerabilidad” del iPhone 4 de Martín Blas y establece la posibilidad de que fuera intervenido. También asegura que la tecnología en el mercado permite que se haya realizado el sabotaje del teléfono sin dejar rastro. En eso, la simple posibilidad, se apoya el fiscal para atacar el informe, rechazar las imputaciones y hablar de falta de “certezas”.

¿Cuál es la participación del número dos de la Policía en toda la trama? Según el informe policial, él sabía de la reunión entre Asuntos Internos y el CNI porque Martín Blas le había informado de ella. De esta forma, podría haber advertido a Villarejo de cuándo había que activar el móvil como un micrófono. Los informes periciales también dicen que para instalar esa tecnología espía debe haber contacto “físico” con el teléfono. Martín Blas había entregado dos semanas antes a la Dirección General su terminal para que le realizaran unas actualizaciones, según apunta su subordinado en la comisión judicial.

Los delitos que atribuyen los investigadores al número dos de la Policía y otras doce personas son “blanqueo de capitales, manipulación y alteración de pruebas judiciales, acusación y denuncia falsa, actividades prohibidas a funcionarios públicos y otras filtraciones policiales”, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso eldiario.es.

La intervención de los periodistas

Hasta aquí el capítulo de la grabación. Es entonces cuando emergen varios periodistas en la trama. El instructor de las diligencias relata cómo el Pequeño Nicolás se acerca a él una mañana en el juzgado y, de forma voluntaria, le confiesa que fue el entonces jefe de investigación de El Mundo, Eduardo Inda, quien le había entregado la grabación que él podría utilizar para tumbar la causa. Según el informe policial, Inda lo habría hecho a cambio de una entrevista exclusiva con el joven, que era entonces el personaje mediático más perseguido.

A través de decenas de páginas, los investigadores hacen un seguimiento de las llamadas y posicionamientos de los teléfonos de los policías señalados y los periodistas. De ahí la petición de imputación de Fuentes Gago y García Castaño, por aparecer en horas y lugares en torno a la supuesta filtración de la grabación a Inda y a su compañero de entonces en El Mundo, Esteban Urreiztieta.

Ante todo ello, el fiscal concluye: “La investigación de los hechos objeto de esta pieza no ha conseguido descubrir cómo se produjo la grabación, por lo que recibir declaración como investigados al resto de las personas que se proponen no es procedente. Téngase en cuenta que varios de los propuestos son periodistas o trabajan en los medios de comunicación, por lo que su actuación se podría haber visto amparada por el derecho a la información”. El representante del Ministerio Público dice que habría que estudiar “caso a caso, pues la difusión de una grabación ilícita sobre una reunión oficial secreta puede constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos”.

eldiario.es publicó en marzo de 2014 que la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino albergaba un grupo secreto de policías implicados en investigaciones sobre corrupción a políticos seleccionados por apoyar el proceso soberanista en Cataluña. A ese grupo contribuía la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de Martín Blas-Aranda, el responsable último de la investigación al Pequeño Nicolás y también del informe policial que denuncia el complot. Por su parte, Villarejo fue condecorado por Fernández Díaz en reconocimiento de su implicación en las maniobras policiales contra el proceso soberanista.

Pero la relación entre ambos comisarios se fue deteriorando a raíz de las investigaciones de Asuntos Internos en el caso de la Operación Emperador, donde un grupo de policías apareció vinculado a la mafia china. El enfrentamiento acabó con el cese de Martín Blas de Asuntos Internos. Por ello, el juez se vio obligado a formar una comisión judicial y recuperarlo para la pieza separada de la Operación Nicolay.