La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama que el TPI investigue el asalto israelí a la flotilla de Gaza
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera en un auto que el asalto israelí a la flotilla de Gaza en mayo de 2010, en el que murieron nueve personas, debe ser investigado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) al existir indicios sólidos de que se pudieron cometer delitos de lesa humanidad, detención ilegal, deportación y tortura. El auto enviado al magistrado Pablo Ruz solicita que se envíen las actuaciones al Ministerio de Justicia para que se aplique lo contemplado en Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional. Es decir, tendrá que ser el Gobierno quien decida si debe presentar una denuncia ante la Fiscalía del TPI.
El fiscal del caso, Pedro Martínez Torrijos, establece que tanto la Justicia española como el TPI podrían investigar los hechos, pero en este caso el TPI tiene preferencia. El auto abre la posibilidad de que el caso vuelva a España en el caso de que el TPI decidiera no investigar los hechos. Puede ocurrir eso si “el fiscal de la CPI no acuerde la apertura de la investigación o cuando la Corte acuerde su inadmisibilidad”.
La Audiencia Nacional investiga los hechos desde que tres españoles que viajaban en la flotilla –Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra– presentaran una querella contra el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, seis ministros y el vicealmirante que dirigió el ataque.
La flotilla partió de varios puertos europeos con la intención de dirigirse a la costa de Gaza, romper el bloqueo llevado a cabo por la fuerza naval israelí, y entregar ayuda humanitaria. En aguas internacionales, unidades militares abordaron el barco Mavi Mármara, se enfrentaron a sus ocupantes y mataron a nueve ciudadanos turcos.
La Fiscalía declara que resulta clave analizar el pabellón con el que navegaban esos barcos: “Por lo expuesto puede afirmarse que el ejercicio de la jurisdicción le correspondería a cualquiera de los estados de matrícula de los buques afectados en el ataque”. Dado que varios de ellos –entre ellos las Islas Comores, cuya bandera ondeaba en el Mavi Mármara, reconocen la existencia y competencia del TPI, este tribunal sería competente para investigar los hechos. Israel no reconoce la legitimidad del TPI para enjuiciar el asalto.
En el caso de España, la competencia viene dada por la nacionalidad española de las tres víctimas: “Condición de víctimas sufrida desde el momento en que fueron objeto de un presunto delito de detención ilegal y tratos inhumanos y degradantes en el ámbito de Crimen de Guerra o delito de Lesa Humanidad conforme al análisis expuesto”.
