María Josefa Aguado, diputada autonómica del PP, tiene que sentarse en el banquillo con los principales cabecillas de Gürtel. La Fiscalía defiende que no tiene sentido juzgarla por separado por sus delitos como jefa de Deportes en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, sino que, dado su papel central en esos amaños, tiene que ser enjuiciada junto a Francisco Correa, Pablo Crespo y el resto de integrantes de la trama. Jugó un papel “trascendental” en un plan urdido para garantizar el lucro de la Gürtel a costa de las arcas públicas del municipio madrileño.
Así lo expresa el recurso interpuesto por la Fiscalía, al que ha tenido acceso eldiario.es, contra el auto que enviaba la parte de la causa referente a Aguado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El juez José de la Mata tomó esa decisión el pasado 17 de abril, obligado por la condición de aforada que tiene la parlamentaria de Cristina Cifuentes.
La Fiscalía cree que junto a Aguado, el juez tiene que pedir que se juzgue en el mismo tribunal a los principales cabecillas de la Gürtel. Comparte con el magistrado que hay “sólidos indicios de participación” de Aguado en los delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos atribuidos. Pero apunta que, en los delitos de prevaricación y malversación, la diputada del PP no es autora, sino “cooperadora necesaria”.
El escrito cita en este punto la jurisprudencia del Supremo para defender “la imposibilidad de enjuiciar por separado a los autores y a los partícipes” de los mismos delitos. Los fiscales creen que el amaño de la X Olimpiada Escolar, un concurso de 89.000 euros, fue solo posible gracias al plan urdido por todos los acusados.
La Fiscalía expone el caso para demostrar la cooperación de Aguado con el resto de acusados. Relata que Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey, y Juan Fernández Caballero, entonces técnico municipal, contrataron con las empresas de Gürtel “según lo convenido con Francisco Correa y Pablo Crespo”. Los primeros vistieron de concurso público lo que era una adjudicación a dedo con la ayuda de Isaac García Requena, director de programación del Ayuntamiento, quien avaló “de forma deliberada e improcedente” que el contrato se tramitase por el procedimiento de urgencia. Otro trabajador municipal envió los pliegos a una empresa de Correa.
Aguado tuvo un “papel trascendental”
Aquí es donde aparece Aguado. Como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda, avaló la licitación y ordenó que se pagara a Isabel Jordán, trabajadora de las empresas de Gürtel. El resto de gastos de la Olimpiada Escolar fueron también adjudicados a esas empresas mediante contratos facturados que ascendieron a 67.000 euros.
Los fiscales señalan que “con el fin de otorgarles una apariencia de regularidad administrativa y de permitir el fraccionamiento, el 29.5.2007, María Josefa Aguado del Olmo informó favorablemente la aprobación de todas y cada una de las facturas”. Las avaló todas con su firma el mismo día y tras indicar que había llevado a cabo “las comprobaciones oportunas”.
Ese trámite fue indispensable para permitir el troceo de facturas, una práctica habitual de la Gürtel, según la Fiscalía, que define el papel de la diputada como “una colaboración necesaria” para cometer los delitos. El juez cree que hubo dos fases, una de diseño y otra de ejecución del amaño, pero los fiscales defienden que existe “una actividad única basada en un concierto entre todos los investigados”.
No actuaban por separado, sino que se pusieron de acuerdo para, “con reparto de papeles entre ellos”, obtener un lucro económico “a costa de las arcas municipales”. Constituyeron un “un sistema cimentado en un acuerdo de voluntades”, resume el escrito, en el que Aguado actuó, no solo habilitando trámites administrativos, sino que abrió la puerta “al excepcional régimen jurídico para los contratos menores que no exige fiscalización previa”.
Su papel era “trascendental”, llegan a afirmar los fiscales, y “sin su participación previamente asegurada no podía, primero, idearse la adjudicación fraudulenta de las X Olimpiadas Escolares a las empresas vinculadas a Francisco Correa, y después, abonarse las facturas por la organización de tal evento”. El plan necesitaba de su intervención.
Cada acusado siguió “una conducta concreta”, sigue el escrito, para garantizar que las empresas de Correa se llevan unas adjudicaciones que sumaron 156.000 euros. Hay que juzgarlos a todos juntos, por lo que, concluye la Fiscalía, debe revocarse la exposición razonada enviada al TSJM para Aguado, y el juez De la Mata tiene que enviar una nueva que incluya a todos los acusados, incluidos los cabecillas de Gürtel.
La Audiencia Nacional decidirá ahora si atiende el recurso de la fiscalía contra el auto del juez instructor y apoya que todos sean juzgados por el TSJM. Este tribunal tendrá que asumir luego su competencia, e imputar por , si así lo estima, a la diputada de Cifuentes por los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.