La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Gallardón pero insiste en que hubo delito en la compra de Inassa
La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que archive la investigación que abrió contra Alberto Ruiz Gallardón por la compra de la sociedad Inassa a través del Canal de Isabel II, investigada dentro del caso Lezo. Anticorrupción insiste en que hubo delito en esa operación, pero exime al expresidente madrileño y a parte de su gobierno: “No ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos”.
En el escrito enviado a la Audiencia Nacional, la Fiscalía también pide que se archive la causa contra Ignacio González y su socio, Edmundo Rodríguez Sobrino. Eso sí, señala como responsables de esa compra fraudulenta a todo el Consejo de Administración del Canal y pide que se abra una pieza separada en la que se investigue un delito de malversación de caudales públicos agravado.
El primer presidente de los populares en Madrid emprendió la expansión internacional de la empresa publica Canal de Isabel II, una aventura en latinoamérica que después aprovechó Ignacio González para hacer negocio. González acabó en prisión provisional por presuntamente cobrar comisiones en una operación similar: la compra de la brasileña Emissao.
La Audiencia Nacional investigaba si ya en esa primera operación del Canal hubo un desvío de fondos. Gallardón y sus consejeros aprobaron la compra de la sociedad colombiana Inassa en 2001 por 73 millones de dólares. La Fiscalía empezó a tirar del hilo tras grabar una conversación de González con el exministro Eduardo Zaplana, en la que el primero le contaba que había tapado el “muerto” de su antecesor. Anticorrupción defendió en un primer momento que se había pagado un precio excesivo y apuntó al posible reparto de comisiones.
La mayoría de los consejeros de Gallardón imputados han defendido que no hubo un sobreprecio en la compra de Inassa -que tenía en propiedad Triple A, la empresa que gestionaba el agua de Barranquilla (Colombia)- y que se utilizó una sociedad interpuesta con sede en un paraíso fiscal por exigencia de los ejecutivos colombianos. Algunos de los miembros del consejo de administración del Canal sí que han llamado la atención sobre que la información que tuvieron fue muy escasa y que tomaron la decisión con poco tiempo para estudiarla. La fiscal del caso preguntó directamente a Gallardón si había cobrado comisiones. “Me duele que me lo pregunte”, respondió.
Desvío de los fondos públicos
La Fiscalía sostiene ahora que esa investigación ha llegado a término y exculpa a Gallardón. En su relato de hechos, apunta lo que ha sostenido durante todo el proceso: que la compra de Inassa estuvo plagada de “ilicitudes” y que se hizo a través de Aguas de América, participada por la sociedad dominicana Watco, lo que provocó “un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido”.
Señala como precursores de esa operación a cinco trabajadores de Triple A que consiguieron que la empresas Agbar vendiese sus participaciones en Inassa. La Fiscalía utiliza esa operación para tasar el precio del 75% de Inassa, el porcentaje que más tarde compró el Canal: según Anticorrupción, era de 18,8 millones de dólares, muy por debajo de los 73 millones que pagó la empresa pública española.
Los trabajadores de Tripla A investigados iniciaron entonces el proceso de venta de Inassa al Canal de Isabel II a través de José Antonio de Cachavera Sánchez, director Económico y de Desarrollo Comercial del Canal, y Juan Pablo López Heras, subdirector de Nuevos Negocios.
Ambos “se dejaron convencer para que la venta se llevara a cabo mediante la interposición de una sociedad panameña y, por tanto, de forma distinta a la que después se autorizaría, anteponiendo así los intereses económicos de los vendedores a los del ente público, al que se le causó un grave perjuicio”, dice Anticorrupción.
Ambos prepararon la documentación para que el Consejo de Administración del Canal aprobase la compra. Tasaron el precio del 75% de Inassa en entre 25 y 50 millones de dólares obviando numerosos riesgos en la compra. Finalmente el Canal pagó 73 millones, es decir, “un sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23.000.000 y 35.485.981 dólares”.
El escrito señala también a Arturo Canalda, director gerente del Canal “facilitó su tramitación y la presentó a los Consejos de Administración correspondientes a fin de obtener la preceptiva autorización”. Acusa también a varios miembros del Consejo de Administración del Canal por autorizar la compra, entre los que destacan Pedro Calvo y Juan Bravo, que eran también consejeros de Gallardón.
Sin responsabilidad de Gallardón
La compra se llevó a cabo con el beneplácito del Gobierno autonómico. “De los fondos pagados una cantidad aproximada de 10.000.000 € se recibieron por los investigados ex trabajadores de AGBAR, desconociéndose el destino final dado al resto del precio abonado”, dice el escrito de la Fiscalía.
Sin embargo, Anticorrupción exculpa a buena parte de los hasta ahora investigados en este caso. Por ejemplo de Ignacio González, al que el juez del caso Lezo acusó de tapar los delitos de Gallardón, y de su socio, Edmundo Rodríguez Sobrino, “al no haber quedado acreditada suficientemente su participación en este proceso”.
También pide el archivo de la investigación contra Gallardón y parte de sus consejeros -Manuel Cobo, María de la Paz González, Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral- a pesar de que aprobaron la compra, porque entiende que no está acreditado que conocieran los detalles de esta operación.
“No consta indiciariamente acreditado que ni el Presidente ni los Consejeros del citado Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ‒salvo Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera‒ conocieran o dispusieran de ese dossier”, del que sí dispusieron los miembros del Consejo de Administración del Canal.
