La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión de Manuel García Castellón de reabrir una investigación por los homenajes a presos de ETA al salir de la cárcel (ongi etorri) que el juez tomó meses después de que él mismo hubiera puesto fin a la instrucción. García Castellón reconoció que había revisado la causa para tomar esa decisión y que lo hacía a propuesta de Dignidad y Justicia, asociación presidida por un diputado autonómico del PP, y a la que se adhirieron a propia formación que lidera Alberto Núñez Feijóo y la AVT.
El fiscal Carlos García Berro explica que la solicitud de diligencias que dan pie a la reapertura del caso se realizó por Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, fuera de plazo. Dichas diligencias, añade el fiscal, pretenden “realizar una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen”.
El Ministerio Público recuerda que los homenajes a presos de ETA, por los que ya hay varios investigados, quebrantaron “gravemente la dignidad” de las víctimas del terrorismo “de forma sistemática”. Y añade: “Para esta restauración de la dignidad de las víctimas del terrorismo de ETA es menester que se de por concluida la instrucción y podamos avanzar en la tramitación de la causa hasta el acto del juicio oral y el dictado de una sentencia reparadora”.
“Todos los esfuerzos argumentativos de unos y otros y el afán por alargar la instrucción hacia ninguna parte o hacia algún lugar alejado de los fines de la Justicia y del interés de las víctimas devienen inútiles”, asegura el fiscal García-Berro.
García Castellón amplió la semana pasada el plazo de la instrucción hasta el 29 de julio del presente año y ordenó a Telegram que informara sobre la titularidad de tres canales de Telegram “donde se imparten directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA”. El juez busca la titularidad de esos canales si bien ya advierte que dos de ellos son “pertenecientes al partido político Sortu” y el tercero a la “red ciudadana Sare”.
El instructor alude a dos investigados a los que se intervino hace años su teléfono durante su arresto, en junio de 2021. Se trata de Carlos Saez de Erguilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro. El dato que aporta ahora García Castellón es que ambos investigados están suscritos, como miles de personas, a los canales de Telegram citados y que estos canales imparten después “directrices” sobre los presos de la organización terrorista ya desaparecida.
El fiscal ha decidido recurrir la decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia superior a García Castellón, a cuyos magistrados dice del juez instructor: “Ni se imparten directrices e instrucciones ni la actividad desplegada en dicho medio de comunicación social [Kalera.info] es constitutiva de actividad criminal de ningún género”. “De ampararse esta imprudente línea de investigación –añade– estaríamos incurriendo en una investigación prospectiva”.
El fiscal tiene que explicar que un canal de Telegram es unidireccional, esto es, que lo escriben una o varias personas y el resto, miles como es el caso de los suscriptores del chat investigado, se limitan a leerlos. “No todo lo relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA es delito para ello, basta un análisis de los mensajes que leyeron los investigados”, remata.