La Fiscalía insiste en exculpar a los alumnos del caso Máster aunque admite que no hay pruebas de que lo cursaran
La Fiscalía respalda la decisión de la jueza del caso Máster de archivar toda su investigación a excepción de la que afecta a la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes. Y eso a pesar de que admite que no hay pruebas de que los dirigentes políticos y el resto de alumnos “escogidos” hicieran los trabajos o asistieran a clase. “Dado el tiempo transcurrido (...) ninguno ha podido aportar documental alguna que refleje la actividad académica llevada a cabo”, subraya el Ministerio Público, que también reconoce “irregularidades” en los expedientes de estos alumnos.
En el escrito en el que se opone a la petición de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y al que ha tenido acceso eldiario.es, la Fiscalía reconoce que alumnos con expediente similar al del líder del PP, Pablo Casado, admitieron en sede judicial que no habían pisado las aulas y que lograron el título sin mucho esfuerzo, si bien mantiene que “no es algo que ellos deban justificar”, sino que debe “aclarar” el Instituto de Derecho Público (IDP).
Su ex máximo responsable, el catedrático Enrique Álvarez Conde, continúa imputado aunque ya únicamente por el delito de falsedad documental por haber supuestamente participado en la falsificación del acta con la que Cifuentes pretendió probar que sí había realizado su TFM. “Los alumnos no son los garantes de la legalidad administrativa ni les corresponde velar por la regularidad del procedimiento para la obtención del máster”, explica la Fiscalía.
Mismo razonamiento hace el ministerio público en relación a los profesores implicados, de los que dice que “debido al tiempo transcurrido nada pueden aportar que justifique las calificaciones que, en aquel entonces, consideraron merecidas”. Y añade que la acusación no cuenta con elementos suficientes como para “sostenerse y desvirtuar” la presunción de inocencia. Antes del archivo parcial, Álvarez Conde y otros profesores, estaban siendo investigados también por los delitos de prevaricación y cohecho impropio.
Según el razonamiento inicial de la magistrada, si se hubiera logrado justificar que los alumnos habían cursado el máster sin haber desarrollado ninguna actividad académica existiría cohecho impropio, puesto que suponía un regalo; y también prevaricación de los profesores e incluso podría derivarse la cooperación de los alumnos en esa actuación delictiva de los docentes. La Fiscalía sostiene, sin embargo, que “no hay elemento alguno” que justifique que profesores y alumnos se pusieron de acuerdo.
