El futuro de las Lagunas de Ambroz: santuario ecológico, mina o broche verde al pelotazo inmobiliario del nuevo Madrid

Como muchos vecinos de Madrid, el avión zapador, una pequeña ave insectívora, tiene dificultades para encontrar alojamiento en la ciudad y se ha ido al extrarradio. La única colonia que anida hoy en el término municipal prolifera en agujeros en los taludes de las Lagunas de Ambroz, un ecosistema nacido en torno a una antigua mina al aire libre al este del término municipal, al lado de la M-40. Prácticamente abandonadas, las lagunas y su entorno han experimentado en los últimos años una explosión de biodiversidad, con más de 1.500 especies de flora y fauna y más tipos de aves identificados que la Casa de Campo. Pero su evolución es incierta. Mientras colectivos vecinales y ecologistas quieren proteger el entorno, la empresa minera pretende reanudar la explotación. El área está, además, en suelo urbanizable, en la mira de promotores inmobiliarios desde hace más de dos décadas. Las administraciones, por su parte, postergan la decisión final.

En el suelo de las Lagunas de Ambroz abunda la sepiolita, un mineral blando, con usos industriales y otros domésticos; es muy empleado, por ejemplo, como arena para gatos, por su carácter absorbente. Desde finales de los años 70, la empresa minera Tolsa extrajo sepiolita con una concesión estatal. El permiso caducó en 2007 y la compañía lleva desde entonces solicitando una prórroga que nunca se ha resuelto. La Comunidad de Madrid aprobó en 2019 una declaración de impacto ambiental favorable, sujeta a la aprobación de informes técnicos que siguen sin emitirse cuatro años después. El silencio se repite a preguntas de este diario.

No hay gatos en la arena de Ambroz, pero sí hay roedores, zorros, serpientes, cernícalos y hasta algún águila real de vez en cuando. 

Así consta en el minucioso Informe Los ecosistemas de las Lagunas de Ambroz y su entorno, elaborado entre 2020 y 2022 por una decena de asociaciones naturalistas que con dedicación académica analizaron el entorno y observaron que la biodiversidad es tal que incluso se han detectado posibles nuevas especies –por ejemplo, una variedad de ciempiés–. El informe se presentó este febrero y su conclusión es que la protección del entorno debería ser integral. Los asistentes al acto, entre los que había una mezcla de jóvenes entusiastas y mayores descreídos, auguraron una pelea larga.

El acceso a las lagunas, más sencillo por el extremo sur, permite comprobar, a medida que se avanza hacia el interior, cómo el ruido de motores de la M-40 queda ahogado hasta casi desaparecer, al tiempo que se retiran de la vista los carteles publicitarios de la circunvalación, que anuncian viviendas, coches y cocinas. La laguna está rodeada de una alambrada reciente –un menor se despeñó por el cortado en 2021–, pero se aprecia bien la acumulación de aves en la lámina del agua. 

El resto, hacia el norte, cruzando el cauce del antiguo arroyo de Ambroz, está trufado de vegetación baja que a pesar de la apariencia de abandono –no es difícil toparse con pequeños vertederos– esconde un tesoro, según defienden los defensores. Dice el informe que se trata de “un descampado antropizado [transformado por la acción humana], como la mayoría de espacios naturales que hay en nuestro país, que no admite el carácter despectivo que se atribuye a estos espacios, con denominaciones como eriales, descampados o secarrales, con la intención de justificar una falta de valor, que bien cuenta, por el contrario, con un notable patrimonio botánico que es necesario conservar”. 

Es en el grado de protección donde empiezan los roces entre Ayuntamiento y ecologistas. “Queremos que se respete todo el entorno. [Según los planes municipales] se calificaría de zona verde dentro de suelo urbano, cuando debería ser un espacio natural protegido”, explica Jesús Martín, miembro del grupo de trabajo para la protección, conservación y restauración de las lagunas y portavoz de Ecologistas en Acción. La “zona verde” que propone el Consistorio es la integración de la parte sur del entorno en el proyecto de bosque metropolitano para integrar los espacios naturales. Las Lagunas quedarían a salvo, pero integradas en el desarrollo urbanístico, lejos del anhelo de la “Casa de Campo del Este”. El pleno municipal aprobó por unanimidad en 2021 instar a la Comunidad de Madrid a calificar las lagunas de humedal. En la Asamblea de Madrid, una moción prácticamente idéntica fue rechazada por el PP, con la abstención de Vox.

Vuelve el ladrillo de la Villa Olímpica

La urbanización de la bolsa de terreno al este de lo que hoy es el estadio del Atlético de Madrid hasta Coslada está ligada a la fijación de los gobiernos del PP en Madrid por traer a la ciudad los Juegos Olímpicos. Atemperada la fiebre deportiva, los anhelos urbanísticos permanecen en barbecho con el nombre de Nueva Centralidad del Este (NCE), asociación que une a los propietarios mayoritarios de los terrenos. Como los tiempos han cambiado, los promotores emplean en sus presentaciones mediáticas términos como innovación verde, emprendimiento, “hub tecnológico”, “co-working” y “start-ups”, muy del agrado del departamento municipal de desarrollo urbano, que todavía dirige Begoña Villacís. 

La negociación avanza viento en popa, defiende la comisión gestora de la NCE, que remite un escrito en respuesta a preguntas de este diario en el que celebra el “importante esfuerzo” del Ayuntamiento por la preservación de las lagunas, “incorporándolas al bosque metropolitano mediante la generación de un complejo lagunar estable y con el potencial ecológico adecuado para albergar más amplias cotas de biodiversidad de las que ahora alberga, y que proporcione un entorno seguro para la población”. Defiende que se está “avanzando mucho” en las negociaciones también con Tolsa, con quien se “coordinará” un plan especial.

Las constructoras, “aliadas del bosque”

La sintonía municipal con los promotores encaja con los planes del bosque metropolitano. La web promocional del Ayuntamiento incluye en el apartado de “aliados del bosque” a viejos amigos del ecosistema del cemento, como CaixaBank, Acciona, Sacyr o FCC, y otros menos evidentes, hasta cierto punto, como la Fundación Sanitas. 

¿Cómo se conjuga aquí la protección medioambiental, la minería y los planes de urbanización? Una portavoz del área de desarrollo urbano responde: “Las lagunas formarán parte del Bosque y hay un acuerdo entre todas las partes de que va a ser así. Está todo preparado en ese sentido”. No queda claro, entonces, por qué no renuncia la empresa a la explotación, por la que aspiraba a obtener 40 millones de euros en una década. “Estamos luchando por desbloquear el trámite para tener la menor afección posible”, contesta por teléfono Javier Sánchez, director de operaciones mineras de Tolsa.

La respuesta puede remitir de nuevo a la villa olímpica y al convenio que firmaron en 2003 José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz-Gallardón, entonces alcalde de Madrid y presidente de la Comunidad, respectivamente. En uno de los epígrafes del documento se especificaba que “la indemnización de los derechos de explotación minera, correspondientes al norte de la carretera M-201, San Blas a Coslada que, como resultado de la la actuación urbanística, no puedan ser explotados, forman parte de las cargas de urbanización […] y serán sufragados por la Junta de Compensación”. Hay que precisar, no obstante, que la concesión de Tolsa está al sur de la citada carretera. Sobre si la minera se conformaría con una indemnización o algún otro tipo de compensación, el directivo Sánchez no suelta prenda: “No tengo mucho que decirle ahí”.

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