Por primera vez en democracia, los jueces y fiscales que secunden este lunes la convocatoria de huelga promovida por las siete asociaciones que les representan perderán la parte del salario correspondiente a ese día. Esta detracción, en la que está incluida la parte proporcional de complementos, pagas extras y descansos semanales, es habitual para cualquier trabajador que ejerza su derecho a seguir una convocatoria de paro oficial. Sin embargo, supone una novedad en el caso del tercer poder del Estado, cuyo derecho a la huelga está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. 

La decisión del Ministerio de Justicia, que ejerce como pagador, rompe con la tendencia seguida por el departamento en las otras convocatorias impulsadas en toda la democracia por todas las asociaciones, la última de ellas el pasado mayo. Y supone un avance hacia el reconocimiento del derecho a la protesta de jueces y fiscales, tal y como vienen reclamando los colectivos profesionales. No obstante, las asociaciones piden un compromiso expreso de regulación. “Nuestra reclamación es que haya un reconocimiento claro de ese derecho fundamental”, señala Ignacio González Vega, presidente de Juezas y Jueces para la Democracia, de tendencia progresista. 

Este reconocimiento incipiente y sin soporte legal tiene algunas lagunas. Para los trabajadores que sí tienen reconocido este derecho, la legislación establece que no tienen la obligación de informar a su empresa de su adhesión a la huelga ni con anterioridad ni con posterioridad al paro. Sin embargo, en su última reunión, el Ministerio expuso a las asociaciones la necesidad de establecer un sistema de recuento de todos aquellos profesionales que fueran a secundar el paro.

Finalmente, los convocantes han optado por reclamar a jueces y fiscales que comuniquen su decisión o al comité de huelga, formado por miembros de las asociaciones, o a sus superiores jerárquicos. “Nosotros no fichamos, podemos estar trabajando fuera del despacho... esta recomendación la hacemos para poder controlar cómo funciona la convocatoria”, explica Emilio Fernández, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). 

El principio de reconocimiento de Justicia también deja sin resolver otra cuestión clave de cualquier convocatoria de huelga: la fijación de los servicios mínimos. Ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el caso de los jueces; ni la Fiscalía General del Estado (FGE), en el de los fiscales; han aceptado fijarlos a pesar de la petición expresa del Ministerio de Justicia. Así que, como en convocatorias anteriores, será el propio comité de huelga el que los determine.

“Todos los asuntos urgentes serán tramitados”, explica González Vega, que pone como ejemplo casos que afecten a personas presas. “Esos servicios mínimos serán amplios y quedarán cubiertos todos los trámites de urgencia y que afecten a derechos fundamentales de los ciudadanos”, señala, por su parte, Cristina Dexeus, presidenta de la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal. 

Eso sí, la decisión del ministerio de detraer los salarios de jueces y fiscales también tendrá consecuencias directas en los juzgados. Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y de tendencia conservadora, asegura que habrá un cambio respecto a anteriores convocatorias de huelga, cuando los jueces recuperaron el trabajo de la jornada de paro mediante señalamientos extra. “Ahora no será así”, subraya. Por tanto, los asuntos cuya tramitación o resolución se vea suspendida por causa del paro se volverán a señalar según el turno del juzgado o tribunal que corresponda.

Reivindicaciones 

La convocatoria de huelga llega en un momento particularmente delicado para la Justicia, con la reputación del Tribunal Supremo tocada por la crisis de las hipotecas y un intenso debate abierto sobre la politización de la elección de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las asociaciones convocantes se han mostrado muy críticas con el reparto de vocales del órgano de gobierno de los jueces acordado por el PSOE y el PP. “Los partidos en el Gobierno y en la oposición parece que únicamente alcanzan acuerdos pacíficos y sólidos en lo que al control del Poder Judicial se refiere”, denunciaron esta semana en un comunicado conjunto.

Otras reclamaciones de jueces y fiscales, como recuperar el poder adquisitivo perdido durante los recortes y reformas, que se reduzca su carga de trabajo o se modernice el sistema y se les dote de mejores medios materiales para hacer su trabajo, vienen de lejos. Denuncian, por ejemplo, que el llamado papel cero –la obligación de que los juzgados trabajen exclusivamente a través de medios electrónicos desde 2016– no funciona.