El Consejo de Ministros en funciones debe aprobar en los próximos días cambios en las partidas presupuestarias para poder pagar las elecciones generales de junio, un gasto que no estaba previsto y no se incluyó por tanto en las cuentas. La maquinaria electoral del 20 de diciembre costó 130 millones, gasto al que se suma la financiación de la campaña electoral de los partidos políticos.
Fuentes del Ejecutivo han asegurado a Europa Press que los primeros pasos podrían darse en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, para organizar las generales de diciembre se presupuestaron 130 millones de euros, incluidos los 48 millones de Correos (voto a distancia y propaganda) o los 12,8 millones del escrutino y la difusión de los datos.
También se dedicaron otros 12,59 millones a logística (papeletas, locales, campañas de difusión) y 55,1 millones más para gastos de diversa índole, por ejemplo, el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que costó casi 13 millones.
Ante la convocatoria de junio, hay que volver a pagar todos estos gastos, pero también las campañas de los partidos, que reciben importantes subvenciones públicas según los votos y los escaños que lograron en Congreso y Senado en las pasadas elecciones.
Es decir, los resultados de diciembre marcarán el gasto en las campañas de junio. Podemos y Ciudadanos contarán con una importante inyección de dinero público que no tuvieron el 20D, cuando no habían llegado aún a las Cortes. Y PP y PSOE deberán atenerse a las consecuencias de haber perdido millones de votos y de escaños, como Izquierda Unida (concurrió como Unidad Popular).
Cada partido cobra 21.167,64 euros por escaño en el Congreso. Es decir, 2,37 millones el PP (sin sus coaliciones regionales), 1,8 millones el PSOE-PSC, 850.000 euros Ciudadanos y 870.000 Podemos (también, sin sus coaliciones autonómicas). Además, reciben 0,81 céntimos por los votos con los que ha logrado esos diputados y 0,32 céntimos por los que le han dado senadores.
Se desconoce todavía qué presupuestos barajan los partidos para la campaña de junio, aunque todos se han comprometido a ser austeros. En lo que no se han puesto de acuerdo es en compartir el 'mailing', el envío a las casas de los electores de propaganda electoral y papeletas, una idea que defienden IU, Podemos y Ciudadanos, pero a la que se opone el PP.
Además de recibir subvenciones, los partidos políticos pueden sumar también donaciones privadas de personas físicas o por 'crowdfunding', y pedir préstamos a los bancos, siempre que en total no superen un gasto máximo permitido por la Ley Electoral General.
Para los que se presentan en toda España, ese tope fue en diciembre de unos 13,5 millones de euros: 0,37 céntimos por persona con derecho a voto (36,5 millones de electores). Sin embargo, sólo PP y PSOE son capaces de acercarse a ese límite y aún así los socialistas se quedaron en diciembre ya a cierta distancia.
Según los datos que facilitaron entonces a Europa Press, el PSOE cifró el coste de su campaña en unos 9 millones de euros; Ciudadanos (C's) gastó más de cuatro millones; IU alrededor de 2,5 millones y Podemos calculó unos gastos de unos 2,2 millones de euros. El PP no ha dado datos.