“No se ha concedido ningún indulto por corrupción política”. La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, insistió este jueves que el Gobierno no ha concedido ningún indulto a condenados por delitos de corrupción, violencia de género, seguridad vial ni contra la Hacienda Pública en 2016 y el primer semestre de 2017 durante la comparecencia para explicar en el Congreso la política de conmutación de penas del Gobierno.
Sin embargo, de las 20 medidas de gracia —de 1.943 peticiones— que concedió el ministerio de Justicia bajo la dirección de Rafael Catalá en 2017, seis están consideradas por el Consejo General del Poder Judicial como corrupción.
Ante las críticas del diputado de En Comú Podem Jaume Moya, Roldán tuvo que defender que no consideran un delito de corrupción la prevariación administrativa que cometieron seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota, gobernada por el PP, cuya pena fue conmutadas este año. Sin embargo, el informe que presentó la subsecretaria en el Congreso admite la diferencia de criterio “del Consejo General del Poder Judicial, que no distingue entre corrupción propiamente política y corrupción administrativa en términos generales”.
De hecho, el ministerio incluye estos perdones dentro de la categoría de “Delitos contra la Administración Pública y de Justicia”, pero hace una distinción entre corrupción política y el resto, donde incluye lo delitos sin enriquecimiento personal.
El Gobierno llevaba sin informar sobre la concesión y denegación de indultos en el Congreso desde 2015. Esto supone el incumplimiento de la Ley de indultos que obliga a un representante del ministerio de Justicia a trasladarse cada seis meses a la Cámara Baja para explicar las razones para conceder o denegar el perdón a los convictos y entregar un informe sobre este asunto. Solo Ciudadanos y Unidos Podemos criticaron el retraso en la presentación de la información por parte del ministerio de Justicia.
Según los datos de El Indultómetro, el Gobierno de Mariano Rajoy concedió 11 indultos por delitos de corrupción entre 2011 y 2016. Esta cifra incluye los delitos clasificados como corrupción por el Consejo General del Poder Judicial. Si incluimos los 6 funcionarios indultados del Ayuntamiento de Rota, el número de indultados por corrupción por Mariano Rajoy se ampliaría hasta los 17.
Los diputados de la oposición ha resaltado la necesidad de estudiar caso por caso las medidas de gracia que aplique el Gobierno ante la fuerte caída de conmutación de penas que se ha dado en los últimos años. La subsecretaria de Justicia ha subrayado que el Gobierno ha sido “extremadamente cauteloso” a la hora de conceder indultos.
Roldán señaló que el Ejecutivo sigue una política de “carácter excepcional” a la hora de la concesión de indultos. “Se trata de una acto político, que supone una interferencia en otro poder del Estado, la injerencia pretende que sea lo más estricta y rigurosa posible, en consonancia con la realidad social del momento, que es cambiante”, resaltó el cargo del ministerio de Justicia.
De hecho, la subsecretaria ha especificado que si en 2012 se concedían una media de 400 indultos anuales se ha bajado progresivamente hasta los 27 en 2016 y los 20 que se contabilizaron en el primer semestre de 2017.
La “alarma social” que genera el perdón de las condenas ha conducido al departamento de Rafael Catalá a reducir a un 1% la admisión de las solicitudes de indulto que se resolvieron en 2015 frente al 11,26% que se concedió en 2007, lo que consideró como “una buena noticia”.
Otra de las críticas han llegado desde el diputado de En Comú Podem que recriminó que en un Estado laico haya “un enorme porcentaje de indultos a instancias de cofradías” de Semana Santa. La subsecretaria rechazó que las cofradías tengan algún privilegio.
La reforma de la Ley de Indultos se encuentra ahora trabada en la Comisión de Justicia tras la inclusión de una proposición de Ley del PSOE hace seis meses con la idea de prohibir la conmutación de penas a condenados por delitos de corrupción y violencia de género. Los grupos parlamentarios ha presentado enmiendas para que se denegue también el perdón a condenas por terrorismo, pederastia o trata de personas, lo que está retrasando su aprobación.