El Gobierno prevé vetar solo iniciativas que supongan un aumento del gasto en los Presupuestos en vigor
Pedro Sánchez llegó a Moncloa a través de una moción de censura que fijó en la necesidad de regenerar España una prioridad tras la sentencia condenatoria al PP por la trama Gürtel. Uno de los esfuerzos del equipo del presidente es demostrar que hay una forma distinta de hacer política. Por eso el Ejecutivo prevé dar un giro a la política de vetos del Gobierno de Mariano Rajoy, que llegó a oponerse a la tramitación de 60 iniciativas.
El nuevo Ejecutivo tiene previsto vetar solo las iniciativas que supongan un incremento del gasto presupuestario del ejercicio vigente, según explican a eldiario.es fuentes gubernamentales que distinguen esa fórmula de la que llevaba a cabo el anterior gobierno, que mostraba su disconformidad con proposiciones de ley a pesar de que su ejecución se fuera a llevar a cabo en ejercicios futuros.
La Constitución otorga al Ejecutivo la capacidad de oponerse a la tramitación de iniciativas legislativas si modifican las cuentas generales, aunque requiere el visto bueno de la Mesa del Congreso. En lo que va de legislatura, Rajoy contaba con el respaldo de PP y Ciudadanos –que tienen mayoría en el órgano que pilota la actividad parlamentaria– para que ese rechazo fuera efectivo.
“Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”, reza el artículo 134 de la Carta Magna en la que se escudaba el Ejecutivo de Rajoy para oponerse constantemente a la tramitación de iniciativas de la oposición. Otros Gobiernos, como el de José Luis Rodríguez Zapatero o el de Felipe González, también bloquearon así algunas iniciativas, pero Rajoy batió el récord tan solo siete meses después de que arrancara la legislatura. José María Aznar no usó ese mecanismo.
El Gobierno del PP llevó al Tribunal Constitucional los dos casos en los que se opuso a la tramitación de una proposición de ley y Ciudadanos no apoyó la decisión por lo que comenzó su debate parlamentario. El alto tribunal dio la razón a la oposición en el caso de la LOMCE y la Mesa acordó reenviar a Moncloa el resto de iniciativas bloqueadas para su reconsideración. Eso ocurrió poco antes de que el Gobierno cambiara de color.
El Ejecutivo de Sánchez tiene que analizar ahora esas cuarenta proposiciones de ley y decidir si se opone o no a que se discutan en el Congreso. Fuentes del Gobierno aseguran a eldiario.es que solo expresarán su “disconformidad” si suponen un aumento del gasto en partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio vigente. Eso sucederá tanto en esas propuestas como en las que lleguen a partir de este momento.
Una de las primeras decisiones del Gobierno fue dejar pasar el plazo de 30 días que tiene para expresar su conformidad con la tramitación parlamentaria. Se trataba de 18 iniciativas cuyo plazo para vetar cumplía el 12 de junio. La mayoría (17) de contenido social las había registrado de nuevo Unidos Podemos tras el pronunciamiento del Constitucional y una que presentó el PP.
“Este Gobierno va a gobernar con el Parlamento, no contra el Parlamento. El anterior Gobierno lo que hizo fue vetar y no gobernar”, expresó Sánchez durante la sesión de control el miércoles, cuando “animó” a los grupos parlamentarios a aprobar las leyes para igualar y hacer intransferibles los permisos de paternidad y maternidad. Unidos Podemos lleva a pleno la suya la semana que viene.
