El Gobierno se vuelca en La Palma y los centenares de evacuados reclaman viviendas cuanto antes

Pisar la calle. Es una de las decisiones que el nuevo equipo en Moncloa adoptó al tomar las riendas tras la crisis de Gobierno de julio: que Pedro Sánchez saliera al terreno. Y es lo que ha puesto en marcha con la emergencia desatada con la erupción del volcán de La Palma. El presidente, que tenía previsto un viaje a Nueva York cuando se produjo la primera explosión del Cumbre Vieja, se trasladó ese mismo domingo a la isla y, desde entonces, ha viajado en siete ocasiones, incluida la visita de este viernes acompañado de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Además de Sánchez y Ribera, en los dos meses que el volcán lleva activo se ha producido un despliegue del Gobierno en La Palma. Once ministros se han trasladado a la isla al menos en una ocasión desde que tuvo lugar la erupción. El primero en hacerlo fue el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero también han viajado los titulares de Consumo, Alberto Garzón; Derechos Sociales, Ione Belarra; Sanidad, Carolina Darias; Presidencia, Félix Bolaños; Defensa, Margarita Robles; la vicepresidenta económica, Nadia Calviño; la ministra de Ciencia, Diana Morant; la de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el de Agricultura, Luis Planas; y la de Transportes, Raquel Sánchez. También está previsto que se celebre en la isla la próxima Conferencia de Presidentes.

El volcán de La Palma es uno de los pocos asuntos que no se han convertido en un arma arrojadiza en la esfera política en un momento de crispación absoluta en el que ni siquiera la pandemia ha conllevado una tregua. El líder de la oposición, Pablo Casado, también ha visitado la isla. Desde el Gobierno enfatizan la “cogobernanza” que se está dando entre los distintos niveles de la administración, gobernados por distinto signo: desde el Ejecutivo central hasta los municipios afectados pasando por el Gobierno canario –en manos de los socialistas– y el Cabildo de La Palma (presidido por el PP). 

“Hemos utilizado mecanismos de colaboración y cooperación territorial para luchar contra la catástrofe del volcán de La Palma. Hemos creado una comisión mixta donde están representados no solo representantes del Gobierno, sino también del Gobierno canario, del Cabildo y los ayuntamientos. Está funcionando”, afirmó Bolaños este viernes en el Senado. “Estamos aprobando y ejecutando los acuerdos en tiempo récord. Es verdad que cualquier tiempo siempre es excesivo para las personas que están afectadas y estamos intentando agilizar al máximo las ayudas”, reconoció Bolaños.

También en el Congreso se ha enterrado el hacha de guerra con este asunto. El decreto ley con ayudas por valor de 214 millones de euros recibió el voto favorable de todo el Congreso a excepción de Vox, que se abstuvo. Ese paquete se sumaba a otras decisiones que el Gobierno tomó previamente: 10,5 millones destinados a vivienda y compra de enseres para los afectados y la declaración de zona catastrófica para que se pudieran activar las ayudas del consorcio de seguros. 

“Nuestro compromiso con La Palma es permanente y va a perdurar en el tiempo”, afirmó Bolaños en ese debate la semana pasada. Y es que a medida que el volcán sigue expulsando lava continúa arrasando tierras agrícolas, carreteras o viviendas. Hay más de 7.000 personas evacuadas, 2.600 viviendas afectadas y más de 1.000 hectáreas cubiertas, según los datos de TVE. El Gobierno ha destinado 18,8 millones de euros para agricultura y pesca, se pusieron en marcha ERTE específicos, medidas extraordinarias para los autónomos, se han destinado 63 millones para el plan extraordinario de empleo y más ayudas para servicios sociales (cinco millones) a la espera de que el volcán cese su actividad y se ponga en marcha la reconstrucción de la isla. 

Sin embargo, los palmeros y palmeras reconocen que queda mucho por hacer para recuperar sus vidas anteriores al 19 de septiembre. Las personas a las que el volcán de La Palma les ha arrebatado su casa y su medio de ganarse el sustento, sobre todo, reclaman una vivienda para, cuanto antes, poder reiniciar sus vidas. Más de 1.000 familias han perdido su primera residencia y, hasta el momento, solo se han entregado –el pasado 8 de noviembre– cinco. El Gobierno de Canarias anunció en la citada fecha que tiene previsto adjudicar este mes más de 60.