Los problemas judiciales de González y Aguirre llevan a Cifuentes a seguir aparcando el anunciado Estatuto del expresidente de Madrid
El Estatuto para los expresidentes de la Comunidad de Madrid que Cristina Cifuentes intentó impulsar para reconocer “el papel institucional” que representaron sus antecesores “para la construcción de la Comunidad Autónoma” se ha quedado en un cajón de la Asamblea de Madrid.
El primer borrador de la ley comenzó a fraguarse al poco de arrancar la legislatura, tras el cierre del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Su desarrollo sufrió varias parálisis a lo largo de 2016. Pero la detención de Ignacio González en abril de 2017, y la complicada situación procesal del PP de Madrid, con importantes exdirigentes imputados por presunta corrupción, ha terminado obligando a la presidenta regional a no reactivar el proyecto de ley, del que ella podría beneficiarse en el futuro si lograra ver la luz.
La idea de alumbrar ese proyecto de ley, que en otras comunidades autónomas ya existe, surgió al inicio de la legislatura tras la decisión de la presidenta regional de suprimir el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en cumplimiento del Pacto de Investidura firmado con Ciudadanos.
Un organismo creado por Aguirre
El Consejo Consultivo regional fue creado en 2007 por el gobierno autonómico de Esperanza Aguirre con el fin de “velar por la observancia de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía”, así como para que, en caso de conflicto, garantizar que se cumplieran las leyes.
Desde entonces, en él se fueron acomodando los expresidentes de la CAM como consejeros vitalicios cobrando 8.500 euros brutos mensuales. El primero en ingresar fue el socialista Joaquín Leguina, y, después, los dirigentes del PP, Alberto Ruíz Gallardón e Ignacio González. Todos aceptaron de buen grado entrar en un organismo en el que no se trabajaba demasiado pero se cobraba bastante.
Alberto Ruíz Gallardón lo hizo tan solo dos días después de dimitir como ministro de Justicia, al no haber podido llevar adelante la reforma de la ley del aborto. También Ignacio González ingresó al poco tiempo de dejar su cargo, pese a saber que el Consejo tenía los días contados. Pero el expresidente regional, pese a las críticas que recibió, no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de cobrar varios meses ese sueldo nada desdeñable.
Por contra, Esperanza Aguirre, al dejar la presidencia, renunció al puesto y a la retribución correspondiente al incorporarse a su plaza de funcionaria en el Ministerio de Industria. Y aunque el reglamento del organismo permitía que puediera solicitar su incorporación en cualquier momento, Aguirre nunca lo hizo.
Cuando a finales de 2015 el Consejo Consultivo desapareció hubo protestas, fundamentalmente de Leguina que consideró que era un “error” y “una barbaridad” eliminarlo. El socialista cargó contra la propia Cifuentes y contra Ciudadanos.
A cambio, Cifuentes les prometió que iba a desarrollar un Estatuto con el fin de reconocerles su trabajo y que pudieran conservar el tratamiento de presidente para siempre, el ingreso del 80% de sus anteriores sueldos durante al menos dos años; ayudas económicas y cobertura para aquellos viajes que realizaran en representación de sus cargos, además de chófer, escolta y secretaria.
Con este fin, el gobierno regional comenzó a elaborar un anteproyecto de ley en colaboración con Ciudadanos, sus socios en la Asamblea. El primer borrador de la ley les llegó a los grupos a mediados de 2016, según recuerdan.
En el PSOE y en Podemos recuerdan que no se opusieron a la idea siempre y cuando se establecieran unas estrictas incompatibilidades para que los expresidentes no pudieran compatibilizar ningún otro ingreso mientras estuvieran recibiendo ese sueldo público, que no se llegó tampoco a cifrar.
“Nosotros, entre otras cosas, exigimos que sus agendas debían de ser públicas e impedir las puertas giratorias y que durante los dos años posteriores a dejar la presidencia no se pudieran incorporar a ningún consejo de administración o a otro cargo en una empresa”, recuerda el diputado de Podemos, Tito Morano.
El debate se enfrió porque había “otras prioridades”, según aseguran los populares. Pero lo cierto es que la complicada situación del PP madrileño, con imputados surgiéndole a Cifuentes por todos lados, desaconsejó a la presidenta regional acelerar el desarrollo del Estatuto, que ni siquiera llegó a debatirse en ningún órgano de la Cámara.
Sin embargo, a principios de 2017 el Consejero de presidencia y portavoz del Gobierno de Cifuentes, Ángel Garrido, se puso en contacto con los grupos parlamentarios para ver si consideraban que era el momento de retomar la idea, según recuerdan en Podemos. Pero poco después detienen a Ignacio González y el proyecto vuelve a quedarse paralizado.
La oposición no cree que ya salga adelante. “No hay novedad”, señalan en Ciudadanos. “No vemos la necesidad de reactivarlo en absoluto”, dicen en Podemos. “Si se hace, debería ser por consenso”, apuntan desde el PSOE.
Esta redacción ha querido conocer la versión del Gobierno regional pero las fuentes consultadas no han respondido a nuestras preguntas.
