HRW pide el fin de negocios vinculados a colonias israelíes en Cisjordania

La organización para la defensa de los derechos humanos Humans Rights Watch (HRW) pidió hoy a empresas locales y extranjeras que cesen sus actividades en los asentamientos judíos en el territorio palestino ocupado de Cisjordana en cumplimiento con la ley internacional.

En un informe de 162 páginas titulado “Cómo los negocios en los asentamientos contribuyen a las violaciones de los derechos palestinos”, esta ONG explica cómo estas actividades comerciales son contrarias al derecho internacional, fomentan y se benefician de políticas “discriminatorias” favorables a los colonos y evitan el desarrollo de la economía palestina.

Según explicó a Efe Sarah Saadoun, una de las autoras del documento, existen tres principales violaciones de los derechos palestinos cuando una compañía financia, comercia u opera una de las alrededor de mil fábricas alojadas en los 20 polígonos industriales construidos en Cisjordania desde la guerra de 1967.

“El primero es que el establecimiento de negocios amplia los asentamientos y los hace más estables, a través de la oferta de servicios, la financiación o el pago de impuestos a la autoridad gestora”, afirma.

En la actualidad, existen 237 asentamientos en los que viven más de 500.000 colonos, ocupando una superficie de 6.000 hectáreas en Cisjordania, mientras que las empresas en suelo palestino se extienden sobre 1.365 hectáreas, más 9.300 hectáreas de cultivos agrícolas vinculados a colonias.

En total, Israel controla el 70 por ciento de la conocida como Área C (bajo su control administrativo y militar) de Cisjordania e impide que los palestinos exploten los recursos en este perímetro, denuncia la ONG.

“Las colonias dependen de los recursos que confiscan a los palestinos en violación del derecho humanitario que establece que los recursos de una zona ocupada sólo pueden ser usados en beneficio de la población local (palestinos) o con estrictos fines militares”, abunda en segundo lugar Saadoun.

Sin embargo, apunta, las empresas en los asentamientos se benefician de la tierra, agua o recursos cuya disposición es denegada o restringida a los palestinos.

Y recuerda que en 2013 el Banco Mundial cifró en 3.400 millones de dólares las pérdidas anuales que sufría la economía palestina por las restricciones impuestas por Israel en Área C.

“En tercer lugar, estos negocios disfrutan de beneficios fiscales, mano de obra palestina barata o la concesión de permisos de construcción” fuera del alcance de los palestinos, lo que “impide el desarrollo de la economía palestina”, resume Saadoun.

Y rechaza de pleno los argumentos dados por algunos empresarios israelíes o con su sede en territorios ocupados de que con su actividad mejoran la situación económica de los palestinos.

“Si les importaran sus empleados, harían lobby para que el Gobierno israelí cambiara sus políticas sobre los asentamientos y fueran los propios palestinos los que explotaran sus recursos”, criticó.

“La única manera de que las empresas cumplan con sus responsabilidades con los derechos humanos es dejar de trabajar con y en asentamientos israelíes”, resume las conclusiones del director del departamento de derechos humanos de HRW, Arvind Ganesan.

En esta línea, el Consejo de Ministros de la UE adoptó anoche unas conclusiones que establecen que “todos los acuerdos entre Israel y la UE deben inequívoca y explícitamente indicar que no son aplicables en los territorios ocupados por Israel en 1967” y ratificó la norma que exige identificar como tales los productos procedentes de asentamientos y no como israelíes.