El Parlamento húngaro aprobó hoy la ley que crea los tribunales administrativos, cuya independencia ha sido puesta en cuestión debido a que sus jueces serán elegidos directamente por el ministro de Justicia.
Estos tribunales, que comenzarán a operar en 2020, serán competentes en asuntos relacionados con el Banco Nacional, con las decisiones de las autoridades supervisoras de los medios de comunicación o con los procesos electorales.
La ONG Comité Helsinki ha criticado la creación de estos tribunales asegurando que “decidirán en asuntos relacionados con los derechos humanos, lo que pone en grave peligro la libertad de los ciudadanos”.
Esta organización advierte de que las víctimas de violencia policial o los defensores del medio ambiente tendrán más difícil ejercer sus derechos.
Comité Helsinki recuerda que, al ser el ministro de Justicia quien designará a los jueces y controlará el presupuesto de esos tribunales, “existe un gran peligro” de que la lealtad hacia el Gobierno sea un punto de vista decisivo en la elección de los jueces.
“Los tribunales serán efectivos y rápidos, y nada pone en peligro la independencia de los jueces”, aseguró recientemente el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, quien defendió que esta ley busca hacer más profesional la administración.
El pasado septiembre, el Parlamento Europeo aprobó un informe, que no mencionaba esta nueva ley, que acusa a Hungría de violar los valores de la Unión Europea en temas como la independencia judicial, los derechos de las minorías o el trato a los refugiados.
Este informe sirvió como argumento para que la Eurocámara recomendara la aplicación de sanciones a Hungría.