Iglesias lleva al Consejo de Ministros su sistema de cuidados: más atención a la dependencia y educación gratuita de 0 a 3 años

El vicepresidente segundo Pablo Iglesias presentará este martes ante el Consejo de Ministros el 'Informe de Progreso 2020', en el que se detallan las medidas implementadas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible comprometidos en la Agenda 2030. Pero el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, es también el primer informe del Gobierno sobre sus primeros seis meses y el primero en el que España rinde cuentas de su gestión de la pandemia de COVID-19.

Es, también, una suerte de plan de reconstrucción post-pandemia basado en los pilares de la Agenda 2030, de la que Iglesias es el máximo responsable, y que podrían resumirse en el fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la transición ecológica y la protección del medioambiente para atajar la emergencia climática. En este sentido, el documento apuesta por una reindustrialización verde, en línea con el pacto alcanzado la semana pasada por el Gobierno con los agentes sociales, que abogaba por sentar las bases de una nueva economía más verde, digital e inclusiva.

Pero en este caso, el 'Informe de Progreso 2020' ahonda también en las necesidades asistenciales y de cuidados, sobre las que la pandemia de COVID-19 ha puesto el foco. Porque, según el documento, “la pandemia ha mostrado el efecto de los recortes en las estructuras de atención social y ha afectado enormemente a las casi inexistentes, y muchas veces informales, estructuras de cuidado y de conciliación”.

Con este documento, Iglesias llevará el martes al Consejo de Ministros la propuesta de su sistema estatal de cuidados. Un sistema con el que el vicepresidente de Derechos Sociales busca “extender y fortalecer el sistema de atención a la dependencia a través de la ampliación de la red pública de residencias, la atención domiciliaria y el aumento de la dotación de recursos de la Ley de Dependencia”, que permita dar cobertura a las 270.000 personas que, según cifras del Gobierno, tienen reconocida la prestación, pero que no están percibiendo los recursos que les corresponden.

El Gobierno abordará también la extensión de la red de escuelas de educación infantil en la etapa de 0 a 3 años, “una herramienta poderosa para luchar contra la pobreza y a favor de la equidad”, indica el texto, que refleja que en 2018, el 29,5% de los niños, niñas y adolescentes españoles se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social. Una desigualdad que se traslada a la edad adulta, como consecuencia de la Transmisión Intergeneracional de Pobreza, y que también ha destapado la pandemia de la COVID-19, que ha dejado al descubierto las “dificultades que muchas familias han experimentado para que sus hijos e hijas pudieran continuar su formación a distancia” por falta de equipos, de acceso a internet o de un lugar adecuado en casa.

Otro eje del sistema estatal de cuidados impulsado por la vicepresidencia segunda tiene que ver con garantizar el derecho a cuidar en condiciones de igualdad, sin que ello “suponga una renuncia para las mujeres”, que asumen mayoritariamente la carga de cuidados, “y que cuidar, sin que la sociedad los penalice, sea también un derecho de los hombres”. Para ello, el Ejecutivo está trabajando ya en diferentes marcos normativos, como la Ley de Tiempo Corresponsable y la regulación del teletrabajo con perspectiva de género.

La otra pata de este sistema se apoya en el derecho a trabajar en los cuidados en condiciones dignas. El balance de estos primeros seis meses del Gobierno de coalición reconoce que la crisis sanitaria, social y económica de la COVID-19 ha puesto “aún más de manifiesto” las condiciones “de una enorme precariedad” en la que trabajan los y las profesionales de cuidados y del empleo del hogar, que estiman en unos 300.000 empleos.

Recuperación económica desigual

A lo largo de sus 228 páginas, el informe compara en varias ocasiones la respuesta a la crisis económica y social de la COVID-19 con la que se dio en 2008. El Gobierno reconoce en este documento que, 12 años después, “la recuperación económica de los últimos años no está llegando a todas las personas”. En concreto, señala que en 2018, casi 12,2 millones de personas –un 26,1% de la población– continuaba en riesgo de pobreza. Son dos puntos más que en 2008, que sitúan a España a la cabeza de la UE por su alta tasa de pobreza y escasa capacidad de reducirla. Además, el Ejecutivo saca pecho por sus medidas de “refuerzo a la sanidad pública, la protección del empleo a través de los ERTE y el Ingreso Mínimo Vital”, aprobado durante la pandemia.

El informe señala también la necesidad de aumentar el gasto social para fortalecer los recursos públicos y consolidar la respuesta a la crisis. La receta fiscal propuesta en el documento es apostar por un sistema progresivo. “En nuestra estructura fiscal, el IRPF es el único impuesto que dota de progresividad al sistema, pero los cambios realizados en los últimos años, que han dado más peso a los impuestos indirectos, que tienen un carácter más regresivo, han contribuido al aumento de la desigualdad. Es decir, han supuesto una traslación desde la imposición directa a la indirecta y, dentro de la indirecta, de las rentas del capital a las rentas del trabajo”, indica el documento, que aboga por invertir esa tendencia. Precisamente, según cifras de Eurostat citadas en el informe, en 2018 la presión fiscal en España fue del 35,4%, cinco puntos por debajo de la media europea y seis por debajo de los países de la zona euro.

El documento apunta que los próximo Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno quiere presentar antes del 30 de septiembre, serán los primeros que incorporen un informe de alineamiento con los objetivos de la Agenda 2030, que permita analizar de qué forma los presupuestos públicos contribuyen o no a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunas comunidades, como Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Catalunya, Euskadi, Galicia, Madrid, Melilla y La Rioja, ya han desarrollado este ejercicio piloto.

Tras el Consejo de Ministros del martes, Iglesias presentará el 'Informe de Progreso' el miércoles, junto a la vicepresidente cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina J. Mohammed.