IU se querella contra el PP por borrar pistas de los ordenadores de Bárcenas
La manipulación de los ordenadores que había utilizado Luis Bárcenas ha posibilitado que el Partido Popular, por primera vez desde que arrancó el ‘caso Gürtel’, figure como querellado en una causa. La representación legal de Izquierda Unida señala a la formación de Mariano Rajoy, como persona jurídica, en la querella que ha presentado en un juzgado de Madrid por delitos informáticos. En la misma, pide que se impute a la actual gerente y tesorera del PP, Carmen Navarro, por la “destrucción u ocultación” de pruebas en el ‘caso Bárcenas’.
Izquierda Unida y el resto de asociaciones que firmaron en su día la querella que dio origen al ‘caso Bárcenas’ recurren ahora al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, en el que por reparto fue a parar la documentación enviada por la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz rechazó investigar los hechos que denuncia la acusación popular por no ser competente, pero al remitir la información señaló que en los mismos detectaba “relevancia penal”.
Los querellantes citan el artículo 264 del Código Penal que impone penas de prisión de seis meses a dos años a quien sin autorización borre, dañe o haga “inaccesible” datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos. Ese delito es atribuible a una persona jurídica, en este caso el Partido Popular. Y en este caso lo es porque, según la querella, presentó el borrado de datos ante la Audiencia Nacional “como algo habitual y que forma parte de la rutina y actividad diaria en la gestión administrativa del propio partido”.
Sin embargo, Izquierda Unida no se detiene en esa posible responsabilidad penal del PP y pide a la titular del Juzgado 32 de Madrid que identifique a los responsables del departamento de informática que llevaron a cabo el formateado del disco duro del Macintosh y de los responsables del partido que destruyeron el registro de visitas, donde deberían haber quedado reflejados los encuentros de los donantes con la cúpula de la formación. En la causa abierta en la Audiencia Nacional figura Jaime Barrero como el informático del PP, pero éste negó recientemente a eldiario.es participación alguna en los hechos.
Contra la tesorera
El otro eje de la querella de Izquierda Unida se centra en la ocultación o destrucción de pruebas por parte del PP, principalmente los discos duros y las agendas personales de los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Pero como este delito no es atribuible, según el Código Penal, a una persona jurídica, los querellantes señalan a la actual responsable de la Gerencia y la Tesorería del partido, Carmen Navarro. “Si como gerente debe encargarse la elaboración y puesta al día del archivo documental del partido aparece como evidente su responsabilidad orgánica en la custodia de los discos duros destruidos, así como de las agendas de los tesoreros y otros soportes destruidos”, dicen los querellantes, que además destacan que Navarro ha tenido conocimiento de todos los requerimientos del Juzgado, insatisfechos después por el PP.
A la declaración como imputada de Navarro, IU pide que se sumen, en calidad de testigos, las de Bárcenas, su antigua secretaria Estrella Domínguez, su cuñado y exjefe de seguridad de Génova, Antonio de la Fuente, y el abogado de la formación Alberto Durán. De todos ellos, pide además que se aporte copia de seguridad del servidor de Intranet con el que trabajan los empleados del PP y que sirve, entre otras cosas, para comunicarse entre ellos. En concreto, la representación legal de IU y el resto de abogados piden las carpetas personales de los cuatro testigos, programas de correo electrónico que se utilicen y copias de seguridad que se hayan realizado sobre ellos.
“No cabe duda de que existen elementos materiales e indiciarios para sostener que en el seno del PP se han producido actos de destrucción de diferentes elementos probatorios”, concluye la querella, y que si se ha hecho ha sido para borrar las pruebas acerca de una “estructura de financiación ilícita y opaca” durante más de veinte años por parte de empresarios que después eran contratados por la Administración. En esas conductas, añade, se detectan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fiscal, contable y electoral.
