El juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, pide amparo al CGPJ por las críticas por investigar a Puigdemont

Madrid, 15 nov (EFE).- El juez Manuel García Castellón ha pedido amparo al CGPJ por las críticas, entre ellas del número dos de Justicia, por haber dirigido la investigación del caso Tsunami Democràtic por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en plena negociación de la investidura de Pedro Sánchez.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional incorpora a su petición de amparo las manifestaciones del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, en las que pudo sugerir que el juez prevaricó al adoptar esa decisión, según ha adelantado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

El magistrado de la Audiencia Nacional dice haber sentido “perturbación” en su independencia con esas declaraciones del titular de un “órgano a quien corresponde, entre otras funciones las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia”, según el escrito al que ha tenido acceso El Mundo y que el juez ha dirigido también a la Fiscalía General para que investigue los hechos.

En una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia, el número dos de Justicia señaló: “Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...”.

El juez entiende que estas manifestaciones “podrían suponer la imputación manifiesta de la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial, al atribuir a este instructor el dictado de una resolución con la sola voluntad de influir, extremo totalmente ajeno a la realidad del procedimiento penal en el que se enmarca la decisión”.

Destaca además que esas afirmaciones proceden del titular de un órgano ministerial que, “por su íntima conexión con el Poder Judicial y su Gobierno, ostenta una capacidad de influencia sobre los jueces y magistrados que integran la Carrera, y cuyas manifestaciones señalando y calificando la actuación de uno de sus integrantes, le sitúan en una posición particularmente perturbadora”.

Además de estas declaraciones, García Castellón añade las que hizo Patricia Plaja Pérez, portavoz de la Generalitat de Cataluña, que criticó que a quienes les toca impartir justicia, “algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando”.

El titular del Juzgado Central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional cree que estas afirmaciones podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad, “susceptible de perseguirse de oficio al imputarse abiertamente a una autoridad la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial”, por lo que también se ha dirigido a la Fiscalía para que lo investigue.

El juez indica que sería una tarea “prácticamente imposible, por su volumen, analizar el contenido de todo lo publicado” sobre su decisión de investigar a Puigdemont por terrorismo y que corresponderá “a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los órganos competentes” depurar, “si las hubiere, las responsabilidades que pudieran derivarse”.