El juez y el fiscal que investigaron al empresario Cursach acusan a Anticorrupción de enarbolar tesis “delirantes” contra ellos

Por primera vez desde que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, tumbase las acusaciones más graves que pesaban contra el juez y el fiscal que investigaron al empresario de la noche Bartolomé Cursach por supuestas extorsiones y tratos de favor, los dos juristas han tomado la palabra. Y lo han hecho para defender la instrucción que llevaron a cabo, que califican de “impecable”, y arremeter con dureza contra la postura que mantiene en este proceso la Fiscalía Anticorrupción, a la que acusan de sostener tesis “delirantes” contra ellos. 

Mediante un escrito de 78 páginas al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán rebaten los alegatos que los fiscales de Madrid Tomás Herranz y Fernando Bermejo expusieron contra la decisión de Gómez de dejar a las puertas del juicio a los dos encausados tan sólo por, presuntamente, filtrar información a la prensa cuando el caso Cursach se encontraba bajo secreto. El magistrado descarta las supuestas coacciones ejercidas por Penalva y Subirán sobre varios encausados para que estos declararan en un determinado sentido.

 Frente a tales afirmaciones, juez y exfiscal recriminan que Anticorrupción fundamente sus tesis en testimonios “inveraces e interesados” y aseveran que el procedimiento judicial abierto contra ambos ha sido el “medio” utilizado por las acusaciones “para intentar acabar con las causas derivadas de la trama Cursach”. Acusan a los fiscales, además, de omitir la toma de declaración “a todas aquellas personas que comprometerían seriamente su forzada tesis acusatoria”.

Penalva y Subirán centran buena parte de su escrito en el contenido del grupo de Whatsapp que, junto a cuatro miembros de la Policía Nacional también encausados, mantenían abierto en paralelo a la instrucción del caso Cursach. Se trata de un chat que, bajo el nombre de 'Sancus', se convirtió en el epicentro de las investigaciones contra ellos al poner de manifiesto, según sostienen la Fiscalía y la Policía Nacional, la connivencia que existía entre sus integrantes así como los métodos supuestamente delictivos de los que habrían hecho uso para apuntalar sus acusaciones.

El acceso al propio chat encarna por sí mismo una de las lides principales de este procedimiento judicial. Mientras el magistrado Gómez dictaminó que la obtención de las conversaciones se produjo de forma “absolutamente” legítima -tras el arresto de dos de los policías de Blanqueo que habían trabajado mano a mano con Penalva y Subirán, aquellos entregaron sus teléfonos y autorizaron analizar su contenido-, los antiguos investigadores del caso Cursach sostienen que el único objetivo de esta diligencia pasaba por cumplir “con el propósito con el que se pergeñó la instrucción: llegar a mis representados (...) y así conseguir el hundimiento de las causas contra el Grupo Cursach”.

“Si la acusación pretende dar validez al chat Sancus, lo tiene que hacer valorando todos y cada uno de los mensajes y analizarlos en el contexto en que se produjeron, y jamás escoger aisladamente los que les interesan para sostener tesis incriminatorias delirantes plagadas de especulaciones e hipótesis”, aseveran los dos inculpados en su escrito.

Se refieren, en concreto, a fragmentos de conversaciones que la Policía Nacional vertió a lo largo de casi dos años en hasta ocho informes para sostener que Penalva, Subirán y los cuatro miembros de Blanqueo conformaron una presunta “organización criminal” dedicada “a la comisión reiterada de delitos”. Su supuesto objetivo: construir a la carta una macrocausa que demostrase la existencia de una estructura mafiosa integrada por policías y empresarios.

Respecto a los testigos protegidos en cuyo testimonio cimentaron sus pesquisas, Penalva y Subirán defienden que creían en la veracidad de sus afirmaciones y que en ningún momento ejercieron presión sobre ellos para que declarasen contra el empresario del ocio nocturno. “Resulta indignante que el Ministerio Fiscal todavía hable de coacciones a investigados asistidos de letrado e ignore deliberadamente las aproximadamente 80 grabaciones efectuadas a testigos de la causa quienes, con la mayor espontaneidad y naturalidad, manifiestan que nadie les dirigió en las declaraciones”, inciden en este sentido.

Entre los testigos a quienes aluden se encuentra Daniel Corral -excamarero en el buque insignia del grupo Cursach, la discoteca Tito’s-, quien denunció ante Penalva y Subirán cómo el establecimiento de ocio nocturno lo frecuentaban agentes de la Policía Local de Palma a quienes también se agasajaba con servicios de prostitución, alcohol y drogas a cambio de garantizar la protección del magnate. Frente a la tesis que manejan los fiscales, que apuntan a que el entonces testigo 29 fue aleccionado por Penalva y Subirán para que mintiese, y a la de la Policía Nacional, que se refiere a él como un “misil teledirigido” por ambos juristas, estos recriminan la ausencia de pruebas que así lo acrediten.

“Por el Ministerio Fiscal se sostiene de forma persistente que dicho testigo falta a la verdad persistentemente (...) pero, más que ello, es incapaz de aportar un solo dato objetivo que evidencie que mis representados supiesen que dicho testigo faltaba a la verdad”, inciden los encausados. Sobre la habitual presencia de Corral en el despacho de Penalva, según la Fiscalía para que el testigo recibiese instrucciones acerca de qué debía declarar, la defensa del exjuez lo justifica: “Es cierto que el testigo 29 acudía a buscar continuo amparo al despacho del juez, asqueado de todo lo que le han venido haciendo. Parece que al Ministerio Fiscal ese sufrimiento y padecimiento le son irrelevantes”.

Tras los recursos interpuestos contra el auto que ponía fin a las investigaciones contra Penalva y Subirán como paso previo a la apertura de juicio contra ellos, será la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB la que, en próximas semanas, se pronuncie acerca del rumbo que debe seguir la causa y dilucide si los dos juristas y los cuatro policías deben ser juzgados no solo por un presunto delito de revelación de secretos sino también por, supuestamente, guiar las comparecencias de los testigos protegidos, retrasar de forma intencionada la práctica de varias declaraciones testificales o prolongar el encarcelamiento de varios investigados con el objetivo de presionarles. 

Mientras tanto, el magnate del ocio, su mano derecha, Bartolomé Sbert, y otros 22 acusados (policías locales en su mayoría) se encuentran a las puertas del banquillo en el marco de la causa cuya instrucción ponen en entredicho en la actualidad la Fiscalía y una treintena de acusaciones particulares. Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para todos ellos por haber urdido un presunto entramado de tratos de favor dirigido a salvaguardar la autoridad de Cursach en la noche mallorquina.