El juez interroga a otro comisario sobre presuntas investigaciones ilegales contra Podemos

Madrid, 26 nov (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue indagando este martes si la cúpula policial y del Ministerio del Interior impulsó investigaciones ilegales contra líderes de Podemos entre 2015 y 2016, y lo hace con la declaración del comisario jubilado Germán Rodríguez Castiñeira.

El instructor de esta causa, que nació tras una querella de Podemos, cierra este martes la ronda de interrogatorios a investigados que inició hace semanas quien fuese número dos del Ministerio con Jorge Fernández Díaz (PP) al frente, Francisco Martínez.

Martínez, como todos los ex altos cargos policiales que han declarado hasta el momento, se desvinculó de cualquier maniobra dirigida a investigar sin control judicial a líderes políticos de Podemos para después filtrarlo a la prensa y desprestigiar al partido.

Ahora es el turno del comisario Castiñeira, entonces jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid y que también fue comisario general de Información.

En esta causa, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez trata de combatir la incorporación al procedimiento de algunos chats con el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, también investigado y, como él, a la espera de juicio por el denominado caso Kitchen.

Tras la última negativa del magistrado, que considera que los chats “contienen información que guarda relación con el objeto de investigación en este procedimiento” y que “están obtenidos legalmente”, su defensa ha insistido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, informan a EFE fuentes jurídicas.

A petición de la acusación que ejerce Podemos, el magistrado también ha acordado que a partir de ahora asuma la investigación la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

Hace un mes, el juez recibió un informe policial que aludía a dos investigaciones llevadas a cabo por la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción sobre el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, en el marco de la cual se practicaron consultas en bases de datos “policiales y no policiales”.

El informe hablaba de operación Venus, para comprobar la veracidad del denominado informe PISA, al que la Justicia no dio crédito; y de operación Bolívar, también para determinar la veracidad de una denuncia sobre presuntos pagos del Gobierno de Venezuela a la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales).

Ambas investigaciones concluyeron en que no había indicios de delito y, tras las mismas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró que no había pruebas suficientes para abrir diligencias.