Una Junta Electoral de polémica en polémica

Hasta hace un tiempo la Junta Electoral había pasado, campaña tras campaña, sin generar mucho revuelo con sus decisiones: intervenía en la composición de algún debate televisado, censuraba una entrevista en la jornada de reflexión o sancionaba la colocación de carteles pidiendo el voto de manera inapropiada. Pero en el ciclo electoral de 2019 se convirtió en un actor decisivo: sus resoluciones centraron el debate político y se convirtió en árbitro del enfrentamiento entre partidos, que encontraron en sus decisiones un nuevo campo de enfrentamiento.

Una de sus decisiones más polémicas ha condicionado todo el debate político y todavía amenaza con apartar de ella al presidente catalán, Quim Torra, incluso con hacer caer al Govern. Todo empezó con la orden de la JEC, de marzo de 2019, que exigía retirar los lazos amarillos de la Generalitat, el símbolo que utilizó el independentismo para reclamar la libertad desde que los líderes del procés entraron en prisión provisional.

La negativa de Torra a sacar los lazos motivó una denuncia de la propia Junta Electoral que derivó en una condena judicial que situó en el centro del debate a un organismo creado para regular las campañas electorales. Su posible inhabilitación derivada de esa sentencia llegó a la JEC a comienzos de año. El 3 de enero, en una decisión que partió en dos bandos a los vocales de la Junta electoral, el organismo decidió retirarle su acta de diputado. La resolución Las consecuencias políticas derivaron en un enfrentamiento entre los socios del Gobierno catalán y en el anunció de una convocatoria anticipada de elecciones para las que todavía no hay fecha. La resolución a punto estuvo de hacer saltar por los aires las negociaciones del PSOE con Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez.

Mucho antes, y también en medio de una fuerte división interna se tomó la decisión de excluir a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín de las listas al Parlamento Europeo. La Junta decidió dejarlo fuera de la carrera electoral por 9 votos a favor y cuatro en contra. El Tribunal Supremo acabó corrigiendo esa decisión.

Betancor se posicionó con quienes consideraban que había que prohibirles presentarse a las elecciones; el presidente de la JEC, el vicepresidente y dos vocales apostaron por permitirles concurrir.

Estas fueron sus dos resoluciones más significativas, pero ha habido muchas otras que también dieron un protagonismo inusual a la Junta, que siempre actúa en respuesta a un recurso y nunca por iniciativa propia. Así ocurrió cuando prohibió a TV3 que hablase de “presos políticos” o intervino en la composición de los debates electorales, de los que excluyó a Vox y Mas País.

Ciudadanos y PP han sido especialmente activos a la hora de trasladar la política al terreno de la Junta Electoral. Las dos formaciones pugnaron por ver quien recurría antes ante el árbitro electoral, para luego presumir de sus decisiones cuando eran favorables. En el caso de Ciudadanos, con un aliado en las votaciones.

Superados ya los procesos electorales y con el Gobierno formado, la Junta Electoral debería haber entrado en ese periodo de latencia en el que vive entre votación y votación. Este jueves el organismo ha vuelto a copar los titulares con la información desvelada por eldiario.es: uno de sus vocales, Andrés Betancor, se sentaba unos días en su silla de vocal de la Junta Electoral y otros en el despacho que tenía como asesor a sueldo de Ciudadanos.

Betancor sorteó esa incompatibilidad mientras defendía la necesaria “objetividad” de la JEC. El partido que le pagaba un sueldo como asesor no tuvo reparos en avalar su idoneidad durante su comparecencia en la cámara baja. La formación entonces liderada por Albert Rivera logró colocar en la Junta que iba a estudiar cuestiones que afectaban a Ciudadanos a uno de los suyos. Juez y parte.

Este catedrático de Derecho Administrativo por la Pompeu Fabra, uno de los que votó en contra de que Puigdemont se presentase a las europeas mientras su partido hacía campaña con ello, ya no forma parte de la JEC y ese organismo se agarra a esa circunstancia para mantener su silencio por ahora. Fuentes de la institución sostienen que no van a pronunciarse solo por informaciones periodísticas y que solo actuarán si se presenta una denuncia documentada contra su antiguo vocal, que cobraba 3.314,24 euros al trimestre y 150,25 por reunión.

Remunerado a dos bandas, Betancor no solo no se abstuvo en los debates suscitados por recursos de su partido, sino que se significó especialmente en algunos de ellos, como la inhabilitación de Puigdemont o cuando la Junta criticó una entrevista a Inés Arrimadas en la jornada de reflexión. El asesor de Ciudadanos emitió un voto particular en el que defendía que no había que sancionar la conducta la portavoz parlamentaria de Ciudadanos.

El caso Betancor es la última de una ristra de polémicas que ha vivido la Junta Electoral desde que su trabajo se intensificó con la convocatoria de las elecciones generales del pasado mes de abril.

Al PP, por su parte, le ha ido bien cuando presentaba los recursos y hasta cuando la Junta tenia que decidir si sancionarles. Así sucedió cuando sus vocales tuvieron que decidir sobre la campaña de desinformación que el PP llevó a cabo antes de las elecciones de noviembre. La campaña pedía la abstención específicamente a los votantes del PSOE y Unidas Podemos por dos vías: carteles en las calles de barrios que apoyan tradicionalmente a partidos de izquierda, colocados en Madrid y varias ciudades andaluzas; por otro, una campaña de anuncios pagados en Facebook que han llegado a unos dos millones de usuarios en menos de cinco días.

La Junta Electoral cerró la investigación de la campaña de intoxicación solo porque los autores de la acción negaron su relación con el PP. La investigación de eldiario.es había desvelado sus vínculos con el partido de Casado, pero los vocales aseguraron que “no se ha acreditado mínimamente que esta formación (Partido Popular) pueda ser autora de los hechos denunciados”.