Juristas y expertos internacionales han reivindicado hoy el papel de la jurisdicción universal como herramienta contra la impunidad y al servicio de los intereses de los ciudadanos, frente a la limitación de este principio jurídico que ha supuesto la reforma aprobada en España.
En la primera jornada del I Congreso “Jurisdicción Universal en el Siglo XXI”, que se celebra esta semana en Madrid -organizado por la Fundación Fibgar-, los ponentes han abogado por introducir cambios que amplíen las competencias de los tribunales en materia de justicia universal, para no claudicar ante los intereses políticos y económicos de los Estados.
Ésta ha sido la línea defendida por la mayoría de los intervinientes en el congreso, que ha inaugurado el único fiscal vivo de los juicios de Nuremberg (Alemania) Benjamin B Ferencz.
En su discurso, Ferencz, de 94 años, ha abogado por “reafirmar los principios universales de que éstos son crímenes contra todos”, independientemente de las fronteras, pese a que, ha añadido, “habrá muchos Estados que se opondrán a ello”.
“Tiene que haber un cambio en la jurisdicción universal porque todos los ciudadanos tienen derecho a la paz”, ha señalado el único fiscal vivo que participó en los juicios por crímenes de guerra de Nuremberg que procesaron a 22 oficiales de las SS nazis tras la Segunda Guerra Mundial.
En este sentido, España y la reforma aprobada por el Gobierno que limita la aplicación de la justicia universal ha acaparado las principales críticas.
El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha destacado la “unanimidad” de los jueces de este tribunal al afirmar que la interpretación que realizan es contraria a lo que pretende la ley, que “es cerrar los casos y no investigar”. “La rebelión de los jueces es general”, ha añadido.
En este sentido, ha criticado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por “desconocer” lo que significa la justicia universal y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, por la interpretación de conceptos “absolutamente grave” en relación a este principio jurídico.
Asimismo, ha aplaudido la decisión del juez Santiago Pedraz de seguir con la causa que investiga el asalto a la embajada a Guatemala y el genocidio maya en base a la aplicación de los convenios internacionales ratificados por España. “No puede haber el más mínimo resquicio a la impunidad”, ha agregado.
Y es que los ponentes han insistido en recordar la importancia de la jurisdicción universal para perseguir y enjuiciar los delitos que no cubren o no son competencia de los tribunales internacionales.
Así, el secretario nacional de Justicia de Brasil, Paulo Abrao, ha asegurado que la jurisdicción universal no debe sustituir la justicia nacional sino que “la lucha contra la impunidad debe avanzar también a través de una legislación nacional apropiada”.
Abrao ha advertido de que el debilitamiento de esta doctrina implica “el debilitamiento de lo que se consideran los crímenes contra la humanidad”.
La jurisdicción universal lanza un mensaje absoluto, ha destacado la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado. “No debe haber un solo espacio en el que un violador de los derechos humanos se encuentre a salvo”, ha precisado.
Por su parte, Luciano Hazan, miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, ha compartido esta reflexión y ha abogado por democratizar la justicia universal, para que todos los países la acepten y apliquen.
De esta forma, ha explicado, un país no podría presionar a otro para que no investigue y persiga un delito, en alusión al polémico caso del Tibet que investiga la Audiencia Nacional y que ha generado fuertes críticas del gobierno chino.