La legalización de un sindicato de trabajadoras del sexo enfrenta a cargos de Igualdad y Trabajo
La inscripción por parte del Ministerio de Trabajo de un sindicato de trabajadoras sexuales publicada en el BOE el pasado 4 de agosto ha montado un nuevo incendio en el Gobierno: el ala más feminista ha puesto el grito en el cielo tras ver publicada la información en distintos medios de comunicación.
El malestar en el departamento de Vicepresidencia de Carmen Calvo, que se ha definido como abolicionista repetidas veces, fue palpable tanto por la decisión misma, como por el hecho de que el área de Igualdad, que revisa proyectos de ley y cualquier legislación sensible, no hubiese sido consultada, ni siquiera informada de este acto administrativo.
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo –el departamento que avaló la solicitud del sindicato– reconoció ante la prensa que ella tampoco estaba al tanto, que le habían metido “un gol por la escuadra” justo antes de anunciar que ya había puesto en manos de la Abogacía del Estado la impugnación de ese registro.
“Yo como ministra y como miembro de un Gobierno feminista, jamás habría dado el ok a que esto se publicara en el BOE”, dijo la ministra a la salida de su comparecencia en el Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves a través de Twitter que el Ministerio de Trabajo ha iniciado el trámite de impugnación. “La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esta actividad ilícita”, ha escrito el presidente.
En el Ejecutivo hay malestar no solo porque la mayor parte de los cargos públicos que trabajan en Igualdad, empezando por Calvo, la vicepresidenta, se hayan posicionado a favor de abolir la prostitución, también porque polémicas como esta puedan hacer peligrar una de las banderas que ha agitado Pedro Sánchez desde antes incluso de llegar a La Moncloa: el feminismo.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por eldiario.es desconocen cómo pudo pasar, visto el nombre tan obvio con el que se presentó la solicitud del sindicato, y temen que no haya sido un mero error.
La propia Valerio aseguró ayer que pedirá explicaciones a la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, que de momento no ha hecho declaraciones.
