La Marea Blanca recurre al Defensor del Pueblo para denunciar la precaria situación de la Sanidad pública ante los rebrotes de la COVID-19

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ya tiene la respuesta del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, al escrito que le enviaron hace unos meses en el que denunciaban la precariedad en la que se encuentra la sanidad pública, especialmente en Madrid, y le alertaban de que todo iba a empeorar, pidiéndole por ello su intervención. En dicha contestación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Defensor desvela que pidió datos “acerca de los medios destinados a la detección precoz de casos de COVID-19 y la actividad epidemiológica realizada a todas las comunidades”. Pero la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso sigue sin hacer caso a sus requerimientos: “Dicho informe ha sido requerido al Gobierno de Madrid en dos ocasiones, con las oportunas advertencias legales referidas a la falta de colaboración”, desvela Marugán en la carta de respuesta a este colectivo.

El Defensor les explica, además, que “ante la acumulación de quejas referidas a la grave saturación en muchos centros de atención primaria de la CAM y otras comunidades, unida al mantenimiento del cierre de algunos consultorios locales y de los servicios de urgencia de atención primaria, la institución decidió iniciar nuevas actuaciones singulares ante la Consejería de Sanidad solicitando información detallada de determinados centros de salud, en particular sobre la dotación de recursos humanos en los mismos”. Estas actuaciones se refieren a 18 centros de atención primaria. En este caso, Marugán también sigue a la espera “de la preceptiva respuesta”.

“El tiempo nos ha dado la razón”, explica a este diario Carmen Esbrí, portavoz del colectivo de defensa de la sanidad pública de Madrid. En el escrito al Defensor, la organización lamentaba que aún no hubiera recibido ninguna respuesta a las cartas que enviaron el pasado mes de marzo de 2020, poco después de estallar la pandemia, tanto al Ministerio de Sanidad como a la Presidencia regional y a la Consejería de Salud de Madrid, denunciando las consecuencias de los recortes en el sector público. “Pedíamos ayuda porque teníamos muy claro que el caos y la descapitalización de medios seguirían”, señalan, “pero a lo más que llegaron fue a reconocernos que se hacía difícil valorar en tiempo real las cuestiones que entonces planteábamos”, recuerda Esbrí.

En el citado escrito a Fernández Marugán los representantes de la Marea Blanca recuerdan que un informe anterior de su predecesora, Soledad Becerril, “describía ya en 2015 que había un problema estructural y escasez de medios” en la sanidad pública. “Nosotros lo venimos denunciando sin descanso desde 2012 a partir de la aplicación de enormes recortes que han ido en aumento sin suponer ningún ahorro para el sistema y sí un enorme nudo de desigualdad y destrucción de la calidad anterior, además de un encarecimiento enorme por las privatizaciones innecesarias”, lamentan.

Y así se lo exponen al Defensor: “Nuestro colectivo ha venido, además, alertando en cada momento de que Madrid no estaba preparada para iniciar ninguno de los pases de fase que se vinieron sucediendo y que no se podía priorizar la activación económica necesaria, cosa que nadie duda, frente a Salud Comunitaria, pues sin ella no habrá ninguna recuperación productiva. No hemos dejado de advertir una y otra vez que se olvidan de la salud y se está vulnerando un derecho universal fundamental, anticipando que, de sorprendernos un nuevo pico de pandemia, la situación se agravaría y mucho por la extrema debilidad en la que están dejando todo”, añaden.

Ahora comprueban que por “tanta negligencia política” se va a “sufrir la pandemia más y peor, con un esfuerzo profesional inasumible y un padecimiento del usuario que pierde las condiciones del servicio público que es el que está obligado a garantizar la salud colectiva”. Ante esta situación, el colectivo pide al Defensor del Pueblo que intervenga “para solventar los problemas que están volviendo a convertir a la Comunidad de Madrid en otra pesadilla interminable con miles de víctimas directas e indirectas”.

Para empezar quieren “que se inspeccione y audite todo lo relativo a la gestión sanitaria que afecta a siete millones de personas, olvidando la obligación que les compete y aplicándose a gestionar todo tipo de negocios privados”, que el colectivo no duda de que es “un modo de hacer política que arremete insensiblemente contra la salud y la vida”.

Las cuatro líneas de actuación para evitar que empeore la crisis

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de la Marea Blanca marca cuatro líneas claras de actuación para prevenir lo que se ha convertido en una realidad. La primera línea que marcan es sobre la situación del personal sanitario.

“La Atención Primaria (AP) y los Servicios de Urgencias (SUAPS) están con una escasísima dotación de profesionales, con cierre de centros in crescendo, siendo la atención, donde se realiza, básicamente telefónica”, dicen. Con respecto a los SUAPS lamentan que por lo general “estén totalmente cerrados mientras la Consejería de Sanidad de Madrid llega hasta a pedir que sea Enfermería la que diagnostique en vez de los médicos, algo improcedente e ilegal”. “No hay ninguna preocupación en la gestión de mejora para subsanar estos servicios fundamentales, tanto para la pandemia como para el día a día de la atención a la ciudadanía”, añaden. Además, denuncian que “los Centros Hospitalarios están prácticamente sin la actividad propia de las patologías que atienden normalmente y la que se realiza se hace atendiendo exclusivamente a su relación con la COVID-19”. En contraste, recuerdan que “se han cerrado 1.300 camas en los hospitales públicos”, mientras “escandalosamente, se ha construido un nuevo hospital en Valdebebas”, el Enfermera Zendal, que no para de recibir críticas desde que empezó a funcionar.

Este colectivo ha emitido recientemente un comunicado denunciando detalles del sobrecoste y de lo innecesario que era este hospital mientras hay otros centros sanitarios en Madrid cerrados o con áreas sin funcionar.

En este sentido alertan al Defensor de que “faltan al menos 3.500 profesionales sanitarios y no se toman medidas para subsanar el déficit de este recurso nuclear. Los rebrotes van en aumento día a día, pero los medios exigidos no existen, sólo actuaciones políticas peligrosas”, una situación que ven que está afectando también de forma preocupante a las residencias de mayores.

Otra de las líneas de actuación que plantean es sobre las listas de espera. Según lo datos que aportan, “a finales de febrero eran de: las Listas de Espera Quirúrgica (LEQ), alcanzaban los 78.171 pacientes; las Listas de Espera de Pruebas Diagnósticas (LEPD), 152.590; las Listas de Espera de Consulta de Especialistas (LECE), 453.117. No se publican cifras hasta finales de junio observado que las LEQ son de 72.405; las LEPD son de 105.670; las LECE son de 187.994”. A eso añaden que “tampoco aparecen los datos de aplazamiento de citas, ya que se ha suspendido la atención hospitalaria ordinaria”. A juicio del colectivo, con toda esta información “hay una gran opacidad. No sabemos si los que ya no están han fallecido o si se les ha derivado a empresas privadas. ¿Dónde se aplican los recursos económicos disponibles para reducir las listas de espera?”, se preguntan.

La tercera actuación se refiere a los rastreadores. “Es una evidencia palpable de que hay una falta de interés en querer controlar la pandemia rastreando los rebrotes para garantizar la salud comunitaria; a pesar de las necesidades que marca la OMS de un rastreador por cada 5.000 habitantes”. “En la CAM –añaden– hemos pasado a 186 rastreadores; se habla de que se contratará 380 y se sabe que se comprometió con el Ministerio de Sanidad alcanzar la cifra de 400”. Según la información que Sanidad les dio, “se hizo un contrato por 194.223 euros con una empresa de Quirón, Quirón Prevención S.L, para 20 auxiliares de enfermería y 2 médicos de lunes a viernes por 3 meses. La CAM debería tener como mínimo 1.300 rastreadores para controlar de una manera eficaz la propagación de la pandemia”, sentencian.

El colectivo sanitario insiste en su escrito en que “la situación es grave y la actitud del gobierno de Madrid es tremendamente peligrosa, no solo para esta comunidad sino para el resto del país; alguien ha de poner freno”, exigen.

Desviación de fondos hacia entidades privadas

La última línea de denuncia se refiere a la “desviación de fondos públicos hacia entidades privadas”. “Conocemos contratos privatizadores mientras se detrae dinero para la atención comunitaria: Hospital de Ifema, por 80 millones de euros o más; contrato de limpieza del mismo por 4 millones de euros; contrato del mes de mayo con la empresa Analiza Sociedad de Diagnóstico, 2,5 millones de euros para realizar PCR a pacientes de AP; contrato de rastreadores con Telefónica e Indra de un mes por 421.000 euros sin publicidad y escasa eficacia”, además de la ya citada construcción del nuevo hospital en Valdebebas para atender la pandemia por 50 millones de euros, que se han, como mínimo, doblado. Junto a esto añaden “el convenio con la Provincia Eclesiástica de Madrid por 4 años para dotar de capellanes por 1 millón de euros”. “Mientras tanto –lamentan– la gente se muere, los profesionales no son apoyados, ni sustituidos, ni contratados. La Comunidad de Madrid ni tenía ni tiene recursos para controlar la Salud de la población, pero está haciendo otras inversiones desviando dinero de la sanidad publica de todos los ciudadanos”

Por todo ello ruegan a Fernández Marugán “una intervención inmediata en defensa de los derechos de toda la ciudadanía madrileña”, poniéndose a su disposición para lo que el Defensor del Pueblo crea necesario.

Respuesta del Defensor y la callada por respuesta de la Comunidad de Madrid

La respuesta a su escrito la recibieron pocas semanas después. En su carta, Fernández Marugán reconoce que “la lucha contra la pandemia por la COVID-19 sigue requiriendo el máximo esfuerzo y sacrificio de toda la sociedad española, muy especialmente del sistema sanitario público, que asume la mayor responsabilidad en esa complejísima tarea”. Una vez dicho esto, explica al colectivo que el Defensor del Pueblo ya expresó en un comunicado emitido el 20 de marzo “la situación de emergencia” que se avecinaba. Por ello, trasladó al Ministerio de Sanidad algunas consideraciones sobre los problemas que se estaban produciendo, de acuerdo con las quejas e informaciones recibidas en materia de atención sanitaria y social para que todas las administraciones coordinaran lealmente su acción para incrementar urgentemente la dotación de recursos del sistema sanitario, de la dependencia, y en especial el residencial, público y privado“.

El Defensor entonces asegura que inició “una investigación con todas las consejerías de las comunidades autónomas, solicitando información sobre diferentes cuestiones; la dotación de recursos especializados; la disposición de materiales de protección y otros productos necesarios; la realización de pruebas diagnósticas; la atención sanitaria prestada a los centros residenciales ; el protocolo de alta hospitalaria de pacientes recuperados; y la reorganización de la red sanitaria autonómica”.

“Posteriormente –prosigue la respuesta del Defensor– fue ampliada esta investigación con las administraciones sanitarias autonómicas para conocer las medidas que estaban adoptando para mantener la capacidad asistencial de los servicios sanitarios, y al mismo tiempo, hacer efectiva la vigilancia epidemiológica con la detección de casos sospechosos de la COVID-19 y rastreo de contactos”. De todo ello se dio cuenta a Las Cortes el pasado 6 de abril en un informe.

Sin embargo, el Defensor reconoce que la Comunidad de Madrid no hizo caso a sus requerimientos y la institución “sigue a la espera del último informe solicitado acerca de los medios destinados a la detección precoz de casos y la actividad epidemiológica realizada”. Dicho informe ha sido requerido al Gobierno de Madrid en dos ocasiones, “con las oportunas advertencias legales referidas a la falta de colaboración”, desvela Marugán.

Después, asegura que las diferentes informaciones con relación a esta comunidad indican “que los diferentes niveles de atención sanitaria se han visto sometidos a una fuerte presión asistencial desde el mes de agosto, situación que estaría afectando muy especialmente a los servicios de salud pública y a los centros de atención primaria. Esta presión también se ha trasladado a la atención hospitalaria”, añade.

Finalmente, el Defensor les dice que “ante la acumulación de quejas referidas a la grave saturación en muchos centros de atención primaria de la CAM y otras comunidades, unida al mantenimiento del cierre de algunos consultorios locales y de los servicios de urgencia de atención primaria, la institución decidió iniciar nuevas actuaciones singulares ante la Consejería de Sanidad solicitando información detallada de determinados centros de salud, en particular sobre la dotación de recursos humanos en los mismos”. En concreto, estas actuaciones se refieren a 18 centros de atención primaria. Pero igualmente sigue a la espera “de la preceptiva respuesta”.

El Defensor también da la razón a este grupo integrado en la Marea Blanca sobre su preocupación por las listas de espera y la suspensión de actividad asistencial ordinaria que, a su juicio, debe situarse como “una cuestión prioritaria, requiriéndose que las administraciones avancen cuanto antes en sus planes de choque”. En este sentido, Fernández Marugán se compromete a “hacer un seguimiento de la cuestión en las próximas fechas”.