Máxima seguridad para evitar la fuga de los asesinos más buscados

El Gobierno argentino no está dispuesto a que una nueva fuga de presos le ponga en evidencia y ha reforzado los protocolos de seguridad de la cárcel que alberga a algunos de los narcotraficantes más mediáticos, desde el colombiano “Mi Sangre” a los hermanos Lanatta, acusados de un triple asesinato.

Martin y Cristian Lanatta y Victor Schillaci, capturados tras protagonizar un fuga de película que mantuvo en jaque al país durante semanas, son los presos más vigilados del penal federal de máxima seguridad de Ezeiza, considerado el más seguro del país.

El interés que ha despertado el caso ha llevado a las autoridades penitenciarias a abrir las puertas de la cárcel de Ezeiza a un grupo de periodistas, sin cámaras y a condición de que se preserve el anonimato de los funcionarios.

Acusados de asesinar a tres empresarios vinculados con el tráfico de efedrina -utilizado en la elaboración de drogas sintéticas- la fuga de los hermanos Lanatta y de Schillaci de una cárcel de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires y la peripecias de su huida destapó un complejo entramado de vínculos entre narcos, policías y políticos.

El caso, que dejó en evidencia al propio presidente, Mauricio Macri, víctima de falsas informaciones sobre su captura, convirtió a los tres sicarios en el “enemigo público número 1” de Argentina.

Ahora están internados en el módulo III de la cárcel de Ezeiza, para presos de alta conflictividad, en celdas separadas, de 6 metros cuadrados, y bajo estrictas medidas de seguridad.

“Aunque no tienen contacto con otros presos ni entre ellos, no están en aislamiento, sino con el régimen de resguardo de integridad física”, explican funcionarios del sistema penitenciario.

Han recibido atención médica y psicológica, salen al patio una hora al día -solos- y pueden recibir visitas, continúan los funcionarios.

Están vigilados las 24 horas por una cámara instalada en su celda y en sus pabellones se ha establecido una guardia especial, con personal seleccionado específicamente.

En su mismo módulo está internado otro de los presos más mediáticos, Henry de Jesús López Londoño, “Mi Sangre”, considerado un capo del narco colombiano y reclamado por la Justicia de Estados Unidos.

Por orden judicial, la celda de “Mi sangre” tiene espacio para cuatro personas.

Hasta un centenar de agentes le custodia en sus desplazamientos a los juzgados cuando le citan a declarar.

Estudia Derecho en la cárcel pero ha solicitado con insistencia autorización para continuar con sus estudios extramuros.

“Es una estrategia para intentar salir fuera. No va a poder porque si lo logra, se va a fugar”, explica a Efe un funcionario de la prisión.

En Ezeiza hay también presos que, en su día, ocuparon las primeras páginas de la prensa argentina, como Jorge Mangeri, portero de un edificio que asesinó a una adolescente y arrojó su cuerpo a un contenedor, o Mario Segovia, conocido como el “rey de la efedrina”.

Como los otros 2.000 internos de la prisión, están vigilados en las zonas comunes por más de 200 cámaras, sensores de movimiento y custodiados por cientos de funcionarios en un predio que ocupa 80 hectáreas y que está rodeado de cuatro cercos de alambre, muros y garitas de vigilancia con hombres armados.

“Escapar de una cárcel federal es imposible si se respetan los protocolos”, asegura un funcionario de la prisión.

Sin embargo, el penal de Ezeiza estuvo en el ojo del huracán precisamente por fugas difíciles de explicar.

Inaugurado en 1999, apenas dos años después cuatro reclusos escaparon por un caño que daba a la red de cloacas.

En 2013, fueron 13 los presos que se fugaron mediante un boquete en el suelo de una de las celdas en medio del escándalo: taladraron un piso de hormigón armado de 30 centímetros de grosor, burlaron cuatro cercos de vigilancia, no saltaron las alarmas y las cámaras no funcionaban.

“El factor humano es determinante”, admite a Efe un experto en Inteligencia, que reconoce que, en promedio, la seguridad en las cárceles del sistema federal argentino no superaría una puntuación de 6,5 en una escala de 10.

Más preocupante es la situación del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires -la más poblada e importante del país-, cuyos establecimientos no necesariamente se ajustan a los estándares de seguridad internacionales.

En este caso, reconoce el experto, “el nivel de seguridad es apenas del 2 en una escala de 10”

“Todo depende de la gestión. El factor humano”, concluye.