Imaginemos a Alberto Núñez Feijóo viendo la entrevista a Antonio Navarro Tacoronte en el programa de Ana Rosa Quintana con una libreta y un boli listos para recabar nuevas ideas con las que utilizar el caso de corrupción que se investiga en Canarias. También podría ser uno de sus asesores, la gente que se ocupa de estas cosas. Lo que está claro es que fue tiempo bien invertido. “Esto es la punta del iceberg y lo voy a seguir manteniendo”, dijo el conocido como el Mediador. Unas pocas horas más tarde, Feijóo hizo declaraciones a los medios en Barcelona: “Estamos viendo la punta del iceberg y ya están sin tiempo para explicarlo”. A veces, los políticos no son un modelo de originalidad.
En menos de 24 horas, el Partido Popular ha pasado de pedir la comparecencia en el Congreso de cuatro ministros socialistas a exigir la formación de una comisión de investigación. Navarro había iniciado el martes una gira por varios medios de comunicación, que continuó el miércoles, ofreciendo detalles de la red corrupta en la que participaba, incluyendo los hechos más procaces sobre visitas a burdeles con cargo a los empresarios beneficiados. De repente, el PP tenía claro que contaba con los planos de una mina de oro y decidió pisar el acelerador.
Como ya empieza a ser habitual en la era de Feijóo, quien marcó el camino fue Isabel Díaz Ayuso, acostumbrada a indicar dónde debe aterrizar el PP, como si fuera una controladora aérea. Tratándose de ella, era previsible que no se preocupara por los hechos conocidos y apostara por exigir que algunos demuestren que son inocentes: “Espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni”.
Lo dice la hermana de Tomás Díaz Ayuso, el intermediario que ganó una pasta haciendo negocios durante la pandemia con el Gobierno madrileño a través de contratos concedidos a dedo. Ella nunca demostró que no tuviera nada que ver con esos tratos, porque en general puedes demostrar o no que has participado en alguna acción, pero siempre es entre difícil e imposible demostrar que no has hecho algo.
Tito Berni es el apodo por el que se conoce a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el que fue diputado socialista hasta que el partido le obligó a dimitir rápidamente después de su detención (hoy está en libertad por decisión de la Fiscalía). Fuentes está acusado de colaborar en la trama con Navarro, AKA el Mediador (los casos de corrupción siempre mejoran con los alias) y está imputado por cinco delitos. Entre ellos, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado.
Inicialmente, Feijóo lo llamó un escándalo “cutre” (eso no le impidió afirmar que era gravísimo). La información de que los responsables exigían un pago inicial de 5.000 euros para facilitar sus negocios revela que, aunque eso pueda ser delito, las dimensiones de los pagos quedan a mucha distancia de los casos de corrupción más conocidos en España.
Hay algo que no encaja en la parte de los negocios presuntamente ilegales conocidos hasta ahora. La corrupción busca siempre contactar con responsables de la Administración para obtener permisos, recalificaciones, subvenciones o contratos de compra de bienes. O al revés, políticos corruptos buscan clientes para ofrecer sus servicios. Cuando se habla de que diputados socialistas se vieron con empresarios o los protagonistas de la trama, la pregunta que hay que hacerse: ¿qué puede hacer un diputado para que un empresario haga negocios con un Ayuntamiento canario? ¿Por ejemplo, para agilizar los expedientes de subvenciones?
Un caso diferente es el del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa ahora encarcelado, al que le encontraron en casa 61.000 euros de procedencia sospechosa. De él no se habla tanto.
El exdiputado Fuentes Curbelo había sido director regional de Ganadería antes de convertirse en diputado a principios de 2020 a causa de una dimisión. El suyo es un caso diferente. Tenía los contactos con los ayuntamientos y conocía cómo funciona la Administración autonómica canaria. ¿Pero los demás diputados de otras zonas de España a los que invitó a las cenas?
La impresión que dan los hechos conocidos y las fotografías que aparecen en el sumario es que la visita guiada a Madrid para los empresarios incluía pasar por el Congreso con la intención de dejar claro lo importante que era Fuentes. Este invitaba a su vez a compañeros de escaño a una cena cara –no de lujo, una cena de 60 euros por comensal es cara pero no de lujo en Madrid–.
En el relato que un asistente dio a El Mundo sobre una segunda cena con cinco diputados (hubo otra con 15), los parlamentarios no tuvieron casi ningún contacto con los empresarios: “Él estaba sentado en un extremo comentando sus cosas con los empresarios, y nosotros conversábamos por nuestra cuenta”. Con los invitados de Fuentes “solo cruzamos el saludo inicial”.
Pero incluso en el caso de que todo se reduzca a Fuentes, el caso supone un durísimo golpe a la reputación del grupo parlamentario del PSOE. “Una cosa es ir a una cena y otra, corromperse”, dijo Patxi López. También una cosa es que haya diputados socialistas que no tengan intervenciones públicas memorables y otra, que uno de ellos se dedique a negocios en su despacho del Congreso o invite al edificio a sus clientes y fuente de sobornos.
En el sumario, hay fotos de los sospechosos con prostitutas en las salidas después de las cenas en Madrid. De más está decir que si aparecieran imágenes de otros diputados en esas fiestas pagadas con dinero corrupto, el efecto sería demoledor.
De creer al Mediador en el tour televisivo y en sus testimonios que aparecen en el sumario, el escándalo deja pequeño al Watergate. Presume de haber asesorado a dos ministros, de influir en las intervenciones de los senadores (debe de ser el único en el país que cree que eso es importante), o de haberse reunido con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. También ha dicho que tuvo contactos con el actual presidente regional del PP y candidato a presidir Canarias, Manuel Domínguez. En todos esos casos, hay mucho de fabulación o de vender a la jueza instructora la idea de que va a cantar tanto que al final debería tenerlo en cuenta a la hora de pedir una pena más baja para él.
Si el PP no consiguiera su objetivo de que se ponga en marcha una comisión de investigación a la que se pueda ordeñar a fondo, el sumario y futuras revelaciones le servirán aun así como fábrica de titulares para la campaña de las autonómicas. Eso sin contar con que le permitirá emplearlo como cortina de humo para no hablar de la alcaldesa de Marbella, con su patrimonio multimillonario y su familia que parece sacada de la lista de los diez más buscados del FBI, o la corrupción policial propiciada por el Gobierno de Rajoy para investigar a Podemos y los independentistas por la que la Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exministro Jorge Fernández Díaz.
De momento, ya tienen en el bote una portada de ABC con foto de Tito Berni en 2016 pegando un cartel con la cara de Pedro Sánchez. Y un reportero de Antena 3 en el informativo del miércoles moviendo los brazos en la calle y señalando al Congreso para decir que está al lado del “epicentro” de la trama. A palo seco no parece mucho, pero solo con eso el PP puede hacer maravillas.