A finales de octubre de 2016, los agentes de la Guardia Civil pidieron al juez Eloy Velasco que les autorizase intervenir las llamadas de Pablo, el hermano de Ignacio González. Buscaban pistas sobre las operativas de blanqueo del expresidente madrileño, tras advertir que su hermano jugaba un papel fundamental en ellas. Las grabaciones revelaron la existencia de esos intentos de aflorar dinero negro, pero también pusieron a los agentes ante todo un despliegue de prácticas corruptas en Mercasa, la empresa pública en la que Pablo era director de Estrategia y Operaciones.
El detalle que Pablo ofrecía en esas comunicación permitió a los agentes elaborar un informe de más de 120 páginas. Se lo entregaron al juez Velasco, que ha instruido el caso Lezo, aunque un compañero suyo de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ya investigaba desde hace tiempo las irregularidades de Mercasa en la Operación Trajano. Ambos se coordinaron y, junto con los registros y detenciones de la Operación lezo, los agentes de la Guardia Civil entraron en las oficinas de la empresa pública.
Durante los meses anteriores, los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) habían estado escuchando las conversaciones diarias de Pablo González. En ellas confesaba que Mercasa había conseguido contratos en el extranjero gracias a su generosidad con las mordidas. El Mundo publicó en noviembre de 2016 una información que hablaba el vínculo entre la compañía y Guilherme Taveira Pinto, un comisionista buscado por la justicia por sus trabajos para otra empresa pública española, Defex.
A Pablo y a sus socios les alertó esa noticia, comenzaron a comentar su trasfondo y terminaron hablando de las prácticas de Mercasa con los agentes escuchándoles. El hermano del expresidente madrileño resumió su forma de actuar: “Dime con quién hacemos esto y te dice con la constructora ”zutanito“ y te vas a la constructora ”zutanito“ y le dices mira, el precio entendemos que es este, le vas a cargar un 10% más porque habrá que pagar a tal. Y le pagas. Ya está joder”.
Nueve millones en comisiones
Pablo González tenía un papel central en Mercasa. Conocía todos los resortes de la compañía, estaba informado de cada detalle. Así lo pone de manifiesto una conversación en la que cuenta a su interlocutor que ha sabido que, tras las informaciones sobre el pago de comisiones, la ministra de Agricultura, Isabel Tejerina, había pedido a los responsables de la empresa información sobre su actividad para responder a las preguntas que la oposición le planteaba en el Congreso.
Un alto cargo de Mercasa elaboró una nota para la ministra en la que no mencionaba en ningún momento el pago de comisiones. Gonzalez revela en una conversación que recomendó a ese directivo que no redactase la información, que se lo dijese de viva voz: “Díselo oralmente y luego podrás escudarte en que se te ha olvidado”. También le recomienda otra estrategia: que le cuente todo a la ministra, pero cargando las culpas sobre sus subordinados: “Si es que va a acabar saliendo, joder, si va a acabar saliendo, adelántate y cuéntaselo tú, si es más si eso te vale para decir cómo me lo han ocultado y lo he tenido que descubrir yo…”.
Durante esa grabación, Pablo confiesa que Mercasa ha estado utilizando a Taveira como comisionista, y tras cortar supuestamente vínculos con él, le ha seguido pagando a través de dos sociedades -Soter y Metab- vinculadas a su hijo. Con esta fórmula para camuflar el flujo de dinero de las mordidas se han pagado al menos nueve millones de euros, como explica Pablo. Los contratos siguieron vigentes, así que los agentes creen que la cantidad ha sido mayor.
“Ahí ha habido dinero para todo el mundo”, responde Luis Hermosilla, adjunto al director de Mercasa, en su conversación con Pablo. “Este dinero para que crees que ha sido, no es que con éste es con el que se han pagado las comisiones y le digo claro, pero no, pero no sólo en un sentido, en todos los sentidos.”, complementa Pablo. Los agentes de la UCO concluyen que esas afirmaciones apuntan a que las mordidas, además de engrosar los bolsillos de funcionarios locales, servían también para incrementar el patrimonio de algunos directos de Mercasa.
Una auditoria para crear documentos falsos
Las conversaciones grabadas a Pablo González durante la investigación del caso Lezo también destaparon los intento de los responsables de Mercasa para fabricar información falsa. El objetivo era generar un soporte documental “para dar apariencia de legalidad” a cuestiones como el pago de sobornos, apuntan los agentes.
Los directivos de la empresa pública contrataron una auditoría externa para que localizase las irregularidades que se habían producido en los últimos años. Pero lejos de utilizar sus conclusiones para denunciar estas prácticas y hacer limpieza en la compañía, se sirvieron de ese trabajo para “modificar las pruebas que apuntarían a la comisión de ilícitos”.“Lo está utilizando ella -María Jesús Prieto, directiva de Mercasa- para reconstruir pruebas que pueden ir en su contra”, explica Pablo en una conversación grabada.
La destrucción de pruebas fue exhaustiva. Prieto llegó a acudir a la sede de la empresa de informática que gestionaba los servidores de Mercasa. Se presentó allí para “darles instrucciones” de que borrasen los datos que ella quería.
Durante aquel proceso, Pablo comenzó a moverse para jugar sus cartas. Impidió que, tras la auditoría, se borrasen los emails de su ordenador. Los extrajo él de su terminal para conservar así las pruebas de sus amaños sin dejar rastro en el equipo, por si en un futuro le eran útiles. Se lo explicó a su hermano Ignacio: “como ahora depende de mí la informática, he escudriñao to la informática y he sacao to los correos en los que hay tejemanejes…”.
Esos “tejemanejes” tuvieron lugar, por ejemplo, en Angola. Mercasa y su socio privado, Incatema, pagaron 20 millones de euros en comisiones para conseguir un contrato de 533 millones. El proyecto preveía la construcción de un mercado mayorista en la capital del país africano, pero el consorcio que formaban las dos empresas lo dejó a medio hacer.
La investigación ha destapado que el pago de comisiones a cambio de contratos públicos también se empleó en República Dominicana, México, Argentina -donde iban a montar un mercado gourmet-, Venezuela -país en el que se cargaba un 10% a cada factura para pagar a funcionarios- o Panamá.
En ese último país, los agentes han descubierto que, además del pago de mordidas, los trabajadores de Mercasa se encargaron directamente de redactar los pliegos de condiciones del concurso. La Guardia Civil apunta a que esta sería una práctica habitual en ese país, que se convirtió en una auténtica mina para la empresa pública con contratos que le reportaban un margen del beneficio del 400%. Una parte, claro, iba para sufragar los “costes de implantación”, como llamaban a las mordidas, según sospecha la UCO.
Miedo a que investiguen su patrimonio
El informe de la Guardia Civil describe a Pablo González como una persona de enorme peso en Mercasa. Un apartado de ese documento se dedica a glosar su poder de influencia sobre los distintos cargos de la empresa, llegando a Luis Hermosilla, director adjunto al presidente de Mercasa. En una llamada Pablo llega a decir que le tiene a su servicio, a pesar de que este ocupa una posición jerárquica superior: “De cualquier manera, Hermosilla depende mí”.
Pablo movía los hilos de Mercasa desde un segundo plano, porque eso le garantizaba cierto anonimato y con ello menos inconvenientes. Impulsaba negocios pero sin ponerse a la cabeza de la compañía. Y la razón la deja clara en una conversación con su hermano Ignacio: tenía miedo a que escalar posiciones implicase que se analizase con lupa su patrimonio.
Los agentes destacan “el interés” de Pablo en ocultar su patrimonio, “posiblemente debido a la imposibilidad de explicar la procedencia lícita de alguno de sus activos”. Llegan a esa conclusión tras analizar una de las conversaciones entre los hermanos González, donde ambos hablan sobre la posibilidad de que la plaza de presidente de Mercasa se quede libre y a Pablo le surja la oportunidad de optar a ella.
“A mí en un primer momento, a mí una presidencia no me interesa, ¿por qué? Porque entro en el fichero de altos cargos y tengo que declarar patrimonio etcétera, etcétera, no me interesa”, explica a su hermano Ignacio. Ambos están cerca de cumplir dos meses en la misma celda de Soto del Real. Se les investiga por urdir una operativa para blanquear los fondos del expresidente madrileño y por colaborar para el amaño del campo de golf del Canal, con el que habrían conseguido un desvió de fondos en su favor.