Misión imposible: derribar un hotel ilegal en España

El 10 de enero de 2002 la playa gaditana de Zahara de los Atunes disfrutaba de una tranquila mañana hasta que 175 kilos de goma-2 hicieron saltar por los aires el Gran Hotel Atlanterra. El complejo, levantado en los años 70, quedó reducido a escombros gracias a la cruzada judicial de un vecino que denunció este hotel construido sobre suelo público. Una voladura controlada que constituye una anomalía en casos de demoliciones a gran escala, incluso cuando los tribunales han dicho en firme que el edificio es ilegal. El hotel de El Algarrobico (Almería) y el complejo de lujo de Isla de Valdecañas (Cáceres) esperan la orden de derribo más de una década después de que los jueces dictaran las sentencias de muerte sobre su construcción.

El último caso es el de Isla de Valdecañas, complejo de lujo que abrió sus puertas en 2010 con el visto bueno de la Junta de Extremadura. Un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf y 200 villas en medio del pantano y en una Zona de Especial Protección de Aves. Fue hace nueve años cuando el Tribunal Supremo dejó por escrito en una sentencia que la construcción era ilegal: anulados los acuerdos que permitieron su construcción, los jueces ordenaron “la reposición de los terrenos a la situación anterior”. Traducido del idioma judicial al diccionario civil: el hotel, el campo de golf y las 200 villas debían desaparecer.

Las sentencias, además de dictarlas, hay que ejecutarlas. Cuando un tribunal condena a alguien a prisión por un robo, la fase de ejecución determinará entre otras cosas si tiene que entrar a la cárcel. Se trata de un intercambio de escritos que no suele alargarse más allá de unos días en la mayor parte de los casos. Pero cuando una sentencia afecta a un armatoste urbanístico, los trámites pueden no tener fin.

En el caso de Valdecañas, la orden de derribo no se ha firmado. En febrero de 2022 el Tribunal Supremo tuvo que especificar que había que demoler todo y no solo las obras en desarrollo. El pasado mes de mayo rechazó el último recurso ordinario de la Junta de Extremadura, los ayuntamientos afectados y los propietarios. Y el caso ha vuelto a atascarse en el Tribunal Constitucional, donde un pleno partido por la mitad ha decidido paralizar el derribo de manera cautelar hasta que dicten sentencia sobre el fondo del asunto. Una decisión que tardará, en el mejor de los casos, varios meses en llegar.

Desde Greenpeace, su portavoz y directora de campañas, María José Caballero, lamenta esta decisión. “Nos estamos encontrando con estas situaciones, también con que la Audiencia Nacional nos da la razón y nos la quita el Supremo”, explica en declaraciones a elDiario.es refiriéndose al caso de la papelera Ence, que podrá seguir indefinidamente instalada en la ría de Pontevedra. “Es incomprensible: las leyes son claras. Igual que cuando se empezaron a poner en serio contra la violencia de género tuvieron que formar a los magistrados, da la sensación de que en medio ambiente queda mucho por entender para que no sea el urbanismo el que siempre gana”, lamenta.

Jaime Doreste es otro abogado especializado que ha participado en el procedimiento. “La sensación es amarga. Al final, lo que está haciendo el Constitucional es consolidar la ley de los hechos consumados”, explica. “Ha habido muchos avatares en este proceso de ejecución”, añade, y lamenta que en el momento de dictarse la primera sentencia no se paralizaran las obras.

“Yo entiendo a los vecinos de los municipios cercanos, hay gente que trabaja en el mantenimiento, en el cuidado de las instalaciones y es legítimo que quieran defenderlo, pero estamos hablando de interés público. Hay otras formas de llenar la España vaciada”, explica después de repasar varios pleitos en los que la Junta de Extremadura ha llegado a poner en peligro más de medio centenar de zonas de especial protección.

El Constitucional, con siete votos a favor y cuatro en contra, decidió paralizar el proceso de forma cautelar, dando un balón de oxígeno de al menos un año a Valdecañas. Entendieron los magistrados que permitir el derribo sería irreversible si luego, al resolver el recurso, dan la razón a la Junta y a los propietarios. Una parte del pleno entendió que no había un “riesgo inminente” de demolición, dado que el proceso ni siquiera se ha puesto en marcha, y que la decisión había ignorado completamente la protección del medio ambiente.

La orden de derribar El Algarrobico

El espejo en el que se mira Isla de Valdecañas está a casi 700 kilómetros por carretera. El esqueleto del hotel de El Algarrobico preside desde hace dos décadas una de las playas de la localidad almeriense de Carboneras. La instalación abandonada aguanta estoica todas las resoluciones que declaran que fue levantada en zona protegida y que debe ser demolida. El Supremo estableció por primera vez en 2012 que incumplía la ley de costas. Por aquel entonces las obras llevaban seis años paralizadas por orden judicial. Cuatro años después repitió que se había levantado en una zona ambientalmente protegida. Lo que llegó a levantarse del hotel sigue en pie.

En 2002, el dedo que pulsó el botón que detonó el Gran Hotel Atlanterra de Zahara de los Atunes fue el de Jaume Matas, en ese momento ministro de Medio Ambiente, antes de convertirse en protagonista de los grandes casos de corrupción de Balears. Las crónicas de ese día destacan que el entonces ministro del último gabinete de José María Aznar celebró la explosión de los 1.200 detonadores como un hito en la “recuperación de la zona protegida” y una victoria sobre un tipo de urbanismo anclado en la década de los setenta.

El Tribunal Supremo es el que decide en firme si una construcción es ilegal y si la ejecución debe incluir una demolición íntegra o parcial. Pero el visto bueno a apretar el botón de la demolición lo tiene que dar la Administración. Esta fase de ejecución de las sentencias es la más conflictiva, tal y como lamenta el fiscal de sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher. “Sería muchísimo mejor que aquello se hubiera demolido. Ahora, la derrota sería si aquello estuviera funcionando, cosa que no se ha producido”, explicó en una entrevista con elDiario.es. 

Los datos de la Fiscalía que dirige revelan las “dificultades” que entrañan las ejecuciones de estas sentencias que apuntalan el derribo y, en concreto, “el cumplimiento de la demolición”. En 2021, con los últimos datos disponibles, la Fiscalía registró 68 demoliciones ejecutadas frente a 158 pendientes de ejecución. De las que sí pudieron llevarse a cabo, más de la mitad fueron de carácter forzoso. El camino desde la sentencia hasta la ejecución, por tanto, es largo y tortuoso y no siempre llega a buen puerto.

En el caso de El Algarrobico, la pelota va pasando de tribunal en tribunal sin que el Ayuntamiento de Carboneras termine de finiquitar la licencia. El caso tiene tal magnitud que existe un protocolo firmado solo para hacer frente a este supuesto. Un protocolo de derribos firmado en 2011 que deja en manos del Gobierno central la financiación de los trabajos y de la Junta de Andalucía el desescombro y la gestión de residuos.

Desde Greenpeace, cabeza visible de la lucha contra la presencia del cadáver de El Algarrobico en Carboneras, su portavoz lamenta que siga en pie incluso con un convenio específico publicado en el BOE, al tiempo que apunta al Consistorio de esta localidad almeriense. “El Ayuntamiento de Carboneras ha estado cinco años negándose a ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía que le decía que tenía que cambiar la calificación urbanística de los terrenos”, explica. Finalmente lo ha hecho, pero los ecologistas temen que algún error pueda dar oxígeno a la promotora para reclamar.

“Es el Ayuntamiento el que se ha estado negando a ejecutar la sentencia y por más que lo hemos dicho todavía estamos esperando”, explica. A nivel general, apunta al mismo sitio que el fiscal Vercher: la ejecución de estas sentencias. “La Justicia no hace seguimiento de esa sentencia y las administraciones locales muchas veces miran para otro lado”, añade el portavoz ecologista.

De Carboneras hasta Piélagos

El Algarrobico y Valdecañas son los dos ejemplos modernos más conocidos de invasiones de ladrillo en el medio natural protegido. Pero no son los únicos. En agosto de 2016, mientras el Supremo sentenciaba por segunda vez el hotel de Carboneras, la maquinaria pesada entraba en el Alto del Cuco para tirar abajo más de 200 casas construidas ilegalmente en esta zona de la localidad cántabra de Piélagos. Un “ejemplo emblemático de lo que es un atentado paisajístico: desmontar un monte físicamente para construir casas”, dijo en ese momento un portavoz de ARCA, la asociación ecologista que había conseguido que cinco años antes el Tribunal Supremo declarase su nulidad.

Ese día varios representantes del Ejecutivo cántabro se felicitaron por una operación que, en total, iba a costar 3,7 millones de euros que asumirían las arcas públicas regionales. Pero los pleitos siguieron hasta hace unos pocos años. En 2020, los tribunales cántabros confirmaron que la constructora que levantó aquellas casas de manera ilegal no merecía una indemnización de 89 millones de euros de parte de todos los cántabros. Era Martinsa-Fadesa, involucrada en el mayor pelotazo de la trama Gürtel todavía pendiente de juicio.

Los mamotretos urbanísticos construidos sobre suelo protegido atraviesan, por tanto, toda la península y algunos quedan impunes. En Datadista, medio especializado en investigación con reportajes específicos sobre esta problemática, se los conocen al milímetro. Ana Tudela explica que este es un fenómeno “transversal” a nivel territorial y temporal que arrancó en el franquismo. Prácticamente la libertad era absoluta para los amigos del régimen, pero después, en democracia, es un modus operandi, no solo en una época“. Un ejemplo, explica, es Marbella: ”La zona cero de la corrupción urbanística, allí se vieron condensadas todas la cosas que se pueden hacer mal“.

El urbanismo, explica Tudela desde Datadista, mueve “muchísimo dinero” y en zonas costeras hay “verdaderas aberraciones, un modo de operación habitual”. Concesiones en zonas que, sobre el papel, no son urbanizables pero con los que se termina especulando. Y después, tal y como han estudiado, una “carrera hacia adelante” de las administraciones para intentar que no se derribe. “Una patada hacia delante de ir incluso modificando las leyes cuando van cayendo estas sentencias para intentar que sigan en pie los edificios”, concluye Tudela.