Las niñas de Alcàsser: 25 años del triple crimen que tuvo en vilo a España

Este lunes se cumplen 25 años del secuestro de Miriam, Toñi y Desirée, las tres vecinas de Alcàsser (Valencia) de entre 14 y 15 años violadas y torturadas hasta la muerte por el prófugo Antonio Anglés y su compinche Miguel Ricart, en libertad desde hace cuatro años.

El brutal asesinato de las tres niñas de Alcàsser mantuvo en vilo a todo el país durante más de dos meses y el posterior seguimiento mediático del dolor de sus familias y la investigación forense y policial dieron pie a lo que numerosos analistas han llegado a denominar el inicio de la “telebasura”.

Las víctimas fueron vistas por última vez el 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían desde Alcàsser, donde residían, a la discoteca Color de la vecina Picassent, adonde nunca llegaron.

Su desaparición dio paso a una intensa búsqueda que concluyó el 27 de enero de 1993 cuando dos apicultores hallaron los cadáveres semienterrados de las adolescentes en un paraje de difícil acceso conocido como La Romana, cerca de la presa de Tous.

Las autopsias confirmaron que Miriam, Toñi y Desirée fueron torturadas y violadas antes de morir de un disparo.

La repercusión mediática del triple crimen fue tal que, a las pocas horas de haberse encontrado los cuerpos, programas de emisión nacional trasladaron sus platós a Alcàsser y entrevistaron a los padres, familiares y amigos de las niñas.

Un día después del hallazgo de los cuerpos fueron detenidos varios sospechosos, entre ellos Miguel Ricart, que en su primera declaración ante la Guardia Civil admitió su participación en los crímenes, y Enrique Anglés, puesto en libertad el 30 de enero.

Un tercer sospechoso, Antonio Anglés -hermano de Enrique-, que se encontraba fugado de Picassent tras aprovechar un permiso penitenciario, se dio a la fuga, aunque su participación en los crímenes fue probada al descubrirse unos papeles rotos junto al lugar donde estaban enterrados los cuerpos.

Desde entonces se desconoce su paradero y aunque se especuló con que podía haber muerto ahogado en aguas de la costa de Irlanda, su búsqueda ha continuado, sin éxito, por distintos países de Latinoamérica y Europa.

El 12 de mayo de 1997 comenzó el juicio contra el único encausado, Miguel Ricart, quien tras 49 vistas y la comparecencia de un centenar de testigos fue condenado el 5 de septiembre a 170 años de prisión como autor de tres delitos de asesinato y cuatro continuados de violación en concurso con tres delitos de rapto.

El tribunal consideró que aunque Antonio Anglés fue el autor material de los crímenes, Ricart estuvo presente y no hizo nada por evitarlos.

Además, se le encontró culpable de cuatro delitos de violación, por atacar sexualmente a una de las niñas y sujetar a las víctimas mientras otra persona, supuestamente Anglés, las forzaba.

La sentencia absolvió inicialmente al Estado de toda responsabilidad subsidiaria en relación al caso, aunque el 4 de julio de 2005 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la concesión en 1992 del permiso penitenciario aprovechado por Anglés para darse a la fuga.

En 2010, el caso recobró actualidad al recordarse que Ricart podría estar cumpliendo sus últimos días de privación de libertad en virtud de las redenciones aplicadas a la pena.

Ricart había sido juzgado y condenado por el Código Penal de 1973, que recogía, entre otras medidas, un día de descuento de condena para el preso por cada dos de trabajo. Así, el 22 mayo de 2011 Ricart habría cumplido su condena.

Sin embargo, la Audiencia de Valencia acordó aplicarle la “doctrina Parot” -solicitada por la Asociación Clara Campoamor-, que adjudicaba beneficios penitenciarios sucesivamente a cada condena y no sobre el máximo de 30 años, con lo que su salida se retrasaría hasta el 19 de enero de 2023. En enero de 2011, el Tribunal Supremo confirmó la decisión de la Audiencia.

Pero el 21 de octubre de 2013, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la retroactividad de la doctrina Parot y ello activó la salida de prisión en España de presos etarras, asesinos y violadores, Ricart entre ellos.

El 29 de noviembre de 2013, con 44 años y veintiuno de ellos entre rejas, el único condenado por los crímenes de Alcàsser abandonó la cárcel ciudadrealeña de Herrera de La Mancha.

Su excarcelación fue recurrida ante el Supremo por familiares de las víctimas, la Abogacía del Estado y varias asociaciones aunque finalmente, el alto tribunal consideró que ninguna de estas partes estaba legitimada para oponerse al auto de la Audiencia de Valencia que, en aplicación de la anulación de la doctrina Parot, declaró extinguida la pena.

En sus primeros días de libertad, Ricart fue objeto de un intenso seguimiento mediático y tras un primer intento de establecerse en Córdoba, finalmente optó por desplazarse a Cataluña, donde permaneció pocos días antes de cruzar la frontera con Francia el 12 de diciembre de 2013.