La nueva Ley de Violencia de Género CyL llega a más víctimas con inclusión de agresiones como la vicaria o digital

Llamas defiende que ha esperado a contar con todo el marco normativo estatal y europeo para aprobar el texto y evitar futuras modificaciones

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el anteproyecto de Ley contra la Violencia de Género, una normativa que, como ha explicado la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco Llamas, amplía la protección para llegar a más víctimas con la inclusión de nuevas formas de violencia como la vicaria, la digital o la reproductiva.

Blanco Llamas ha detallado las líneas básicas de esta normativa “pionera” que sustituirá, si supera el trámite parlamentario, a la actual Ley que data de 2010 y cuyo objetivo es “proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, a su familias, a su entorno y con más servicios”.

En la rueda de prensa posterior al que ha sido el primer Consejo de Gobierno del año la consejera ha insistido en que el texto normativo presentado este jueves ha nacido del acuerdo surgido en el marco del Diálogo Social, cuyos agentes económicos y sociales participaron en su elaboración, al igual que más de 78 organizaciones y más de 100 profesionales han hecho aportaciones durante el proceso.

Se trata de una Ley “flexible” que incorpora nuevos tipos de violencia y da pie a introducir los que puedan surgir en un futuro. Así, ha subrayado que incorpora la violencia vicaria, la digital, la tecnológica o la de segundo orden, es decir, aquella que se ejerce contra las personas que apoyan a las víctimas.

“Se trata de una ley moderna con el objetivo principal proteger, ayudar, prevenir y sensibilizar”, ha defendido Blanco Llamas, quien ha argumentado que para la aprobación del texto se ha esperado a contar con toda la normativa marco tanto estatal como europea para evitar modificaciones posteriores.

Así, la consejera ha insistido en la voluntad de pacto de la Junta en torno a esta norma en el arco parlamentario en referencia a la Proposición de Ley que el PSOE ha presentado también en torno a este asunto. “Para este gobierno lucha contra violencia machista es algo que tienen que ser fruto del acuerdo de todos, incluida toda la sociedad, deseamos que este Proyecto de Ley tenga el máximo consenso”, ha manifestado.

Así, la consejera ha confiado en que el texto que ahora se remite a las Cortes pueda ver la luz con el máximo de apoyos posible, al tiempo que ha informado de que el Ejecutivo aún no ha recibido la Proposición de Ley del Grupo Socialista para su calificación.

LA NORMATIVA

Como ha explicado Blanco Llamas el texto normativo se enmarca en la realidad social vigente al regular las nuevas formas de violencia de género que han emergido en los últimos años y extender así el “paraguas protector” a las víctimas.

Además, este anteproyecto, como ha explicado la consejera, incide prevención, detección y evaluación como herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia de género y modifica los modelos de atención a las mujeres víctimas, al pasar de un enfoque exclusivamente asistencialista a otro más avanzando que incluye “el apoyo en los procesos para la recuperación de su autonomía personal y la restitución de sus derechos vulnerados”.

“Se amplía la protección a más personas”, ha defendido Blanco Llamas, quien ha explicado que la norma define violencia de género como cualquier acto de violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, que tenga o pueda tener como resultado el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.

De este modo, se incluyen en esta denominación las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad -tanto si se produce en la vida pública, como en la privada-, comprendiendo las distintas formas de violencia física, psicológica, sexual y económica que tienen lugar en los ámbitos de la pareja, familiar, laboral y sociocomunitario.

El ámbito de aplicación de la norma se extiende, así, el texto cita expresamente a niñas y adolescentes en situación de violencia de género, pero también a los menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, así como a los familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive que convivan con ella.

La norma ampara también a las mujeres castellanas y leonesas retornadas que hayan sido víctimas de violencia de género en otro país.

El anteproyecto tipifica nuevas formas de violencia de género y actualiza otras para adecuarlas a la realidad social. Dentro del primer bloque, cabe destacar la 'violencia digital', es decir, la que se ejerce utilizando las tecnologías de la información y las redes sociales, donde se enmarcan actitudes como el ciberacoso, las ciberamenazas, la ciberdifamación, la pornografía no consentida, los insultos y el acoso por motivos de género, la extorsión sexual, el control o espionaje a través del móvil y cualquier herramienta digital (redes sociales, webs, foros, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea), la difusión de datos personales o documentos íntimos en la red, la coacción para obligar a la víctima a facilitar claves personales, la usurpación de su identidad en línea y las amenazas de violación y de muerte.

Otra de las modalidades introducidas en el texto legislativo es la 'violencia vicaria', que comprende la que se ejerce sobre los hijos y familiares o allegados a la mujer, sean menores o mayores de edad, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, con la finalidad de causarles perjuicio o daño.

La tercera tipología nueva es la llamada 'violencia de segundo orden', que incluye los actos de violencia física o psicológica, represalias, humillaciones y persecuciones ejercidas sobre las personas que apoyan a quienes sufren la violencia de género, así como las acciones que impidan la prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas.

Además, se prevé como un tipo de violencia diferenciada del tráfico y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la propia explotación sexual de mujeres y niñas para la obtención de beneficios de cualquier tipo mediante la utilización de violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de actividades con fines sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material pornográfico.

Incorpora el concepto de violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que incluye las actuaciones como la mutilación genital, el matrimonio forzoso, la esterilización forzada y el aborto forzoso que restrinjan el libre ejercicio de estos derechos.

Por otra parte, en cuanto a la prevención y detección precoz, la ley determina que la Junta de Castilla y León aprobará, cada cuatro años, un plan integral de sensibilización con medidas dirigidas a la formación y especialización de profesionales de distintos ámbitos.

El anteproyecto de ley regula también en su articulado el objetivo, los recursos y los protocolos para garantizar la atención integral a las víctimas y la restitución de los derechos vulnerados, con la finalidad de promover “la salida del círculo de violencia y la recuperación de su autonomía personal de las víctimas”.

Destaca, como novedad, la regulación de los centros de crisis para la atención a víctimas de violencia sexual a través de los que se ofrece información y atención inmediata tanto a las víctimas como a familiares y personas del entorno. Los servicios que se ofrecen en estos centros, de carácter no residencial, se complementan con el centro virtual 'Atiendo' que ofrece atención telefónica y telemática, un servicio que ha recibido desde su puesta más de 4.000 visitas y 205 llamadas.