La ONU alerta en Uruguay que el mercado de vivienda atenta contra los Derechos Humanos

En el marco de un encuentro internacional de mujeres en Uruguay sobre el acceso a la propiedad, el oficial de la ONU Bahram Ghazi, llegado desde Ginebra, dijo hoy a Efe en Montevideo que la vivienda es tratada como un producto comercial, lo que impide asegurarla como un derecho humano.

“Estamos en una situación en la que consideramos la vivienda un objeto, un mercado, y es un tema de dinero. Esa situación lleva a que miremos el tema bajo la perspectiva financiera y eso aparta todos los otros aspectos. La dimensión social desaparece por el tema del dinero”, evaluó el especialista de Naciones Unidas.

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) participa esta semana en un encuentro que reúne a activistas de 25 países en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo para promover los derechos de las mujeres respecto a la tierra, la vivienda y la propiedad.

Ghazi destacó la vulnerabilidad de las mujeres frente a situaciones de desalojo forzoso, que pueden pasar en los países por distintas razones y en las que se suele manifestar una mala gestión de los Estados.

Para ejemplificar, el oficial suizo-iraní mencionó los casos frecuentes en Estados Unidos en los que personas son echadas a la calle por no haber pagado el alquiler.

“No es justificable de que porque el alquiler no esté en día que se eche una familia con niños a la calle. Tal vez haya que trasladar a esa familia a otro lugar, pero todo eso puede ser pensado. No es algo que el Estado no pueda cuidar”, aseveró.

De acuerdo con el experto, los derechos humanos no dicen que no debería haber ningún tipo de desalojo, sino que debe ser justificado y llevado a cabo de forma respetuosa.

“Hay situaciones por las que se tiene que mover a un grupo de personas a otro lugar. Por otro lado, desplazar a miles de familias porque se quiere construir un centro comercial, por ejemplo, es cuestionable. Aunque sea justificable, todavía tiene que respetar la dignidad y los derechos”, explicó.

En ese sentido, Ghazi mencionó casos de comunidades en Brasil que tuvieron que ser desalojadas para la concreción de proyectos como la hidroeléctrica de Belo Monte (norte), una faraónica obra en la Amazonía brasileña, o en Río de Janeiro por las construcciones vinculadas a las Olimpíadas del próximo año.

“En la mayoría de los casos de desalojo forzoso, la justificación que dan es de que se trata del interés público. Pero después no hay una definición de ese interés público. ¿Quién define de quién es ese interés público? Y entonces dicen que es para el desarrollo. Bien, pero ¿quién se está beneficiando de ese desarrollo y quien lo está pagando?”, cuestionó.

A su juicio, esas cuestiones deben ser incluidas a dichos proyectos públicos, de forma que permitan desarrollar también las propias comunidades desplazadas.

“Hay que preparar la vivienda alternativa, el realojo en donde la gente pueda vivir en dignidad”, resaltó.

En la entrevista con Efe, el oficial de la ONU lamentó la mirada tecnicista que recibe el tema de la vivienda en la toma de decisiones en los Gobiernos, sin la perspectiva de los derechos humanos.

Para Ghazi, la planificación de viviendas no se resume a la construcción de casas, sino que debe asegurar el acceso a otros derechos básicos como agua, educación, salud, justicia, transporte y trabajo, y eso es parte de pensar las ciudades para el futuro.

“Los Estados tienen que reconocer que la vivienda no es solo un producto. La vivienda adecuada es un derecho humano. Una vez que eso esté integrado a las legislaciones nacionales, en las políticas públicas, habremos avanzado un gran paso. Siempre habrá desafíos, pero hay que reconocer eso como algo básico”, concluyó.

Según el representante de Acnudh, el debate que arrancó hoy en la capital uruguaya y se extenderá hasta el próximo viernes aportará al tercer encuentro de la ONU sobre vivienda, organizado cada 20 años -Habitat III-, y previsto para octubre de 2016 en Quito.