La operación Púnica rebusca en la empresa pública que Granados usó para las infraestructuras locales
Pasaron más desapercibidos pero buscaban el meollo del asunto. Un edificio del madrileño paseo de la Castellana, a la altura del número 4, ha sido centro de registros de la operación Púnica. Sede de la empresa pública Nuevo Arpegio, ha visto cómo se buscaba información y documentos el lunes, el martes y el miércoles de esta semana. Mientras los focos se centraban en los arrestos de políticos y registros de ayuntamientos, la Guardia Civil rebuscaba en esta sociedad anónima de capital controlado al 100% por la Comunidad de Madrid.
¿Qué se buscaba allí? Nuevo Arpegio –y Arpegio anteriormente– es el instrumento que escogió Francisco Granados –entonces consejero de Esperanza Aguirre– para que el Gobierno regional ejecutara el Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA). Con PRISMA se invertían millones de euros en infraestructuras para los municipios madrileños. Desde adecentar unas aceras hasta poner en marcha un polideportivo o una biblioteca municipal. Cabía de todo. El plan PRISMA 2006-2007 contó con 300 millones de euros para 178 localidades. El de 2008-2011 presupuestó 700 millones.
Arpegio es una antigua sociedad pública madrileña dedicada a la gestión de suelo. Colgaba estructuralmente de la Consejería de Ordenación del Territorio (competente en materia de vivienda). Hasta que en 2004, Francisco Granados –ahora principal arrestado en la operación Púnica– desembarcó en la Consejería de Presidencia y se hizo con el control de Arpegio. La nueva estructura de Gobierno que firma Esperanza Aguirre colocó a la sociedad bajo el paraguas de Granados, que se convirtió en presidente del Consejo de Administración. Entonces, el consejero encomendó a Arpegio, mediante un mandato, que ejecutara PRISMA. Fondos públicos, corporaciones locales, contratas y Gobierno regional.
PRISMA es un plan para construir infraestructuras en los municipios impulsado por la Comunidad de Madrid (en su función de Diputación Provincial). Según el decreto que aprueba este proyecto para el periodo 2008-2011, la planificación corre a cargo de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local. Ahí son funcionarios los que estudian, junto a los ayuntamientos, las necesidades, proyectos y actuaciones que se financiarán con el dinero de PRISMA. Pero en medio del proceso se coloca a Arpegio.
Esta sociedad tiene por objetivo la “gestión de los encargos de obras de infraestructuras y edificación en materia de Administración Local que le realice la Comunidad de Madrid”, explica. Y se autodescribe como “un modelo de gestión pública con forma privada”. ¿Qué quiere decir esto? Pues, según su propia interpretación, la “adaptación continua a las demandas de los sectores económicos y sociales, una estructura reducida, con equipos especializados, y agilidad en la contratación”. Eso se traduce, según los trabajadores públicos, en “vaciar de contenido el control y la fiscalización pública de la consejería sobre lo que se hace con el PRISMA”. La fusión entre PRISMA y Arpegio queda atestiguada al poderse comprobar que Pilar Rubio Izquierdo era la directora de proyectos del primero y la apoderada de la segunda.
Una fundación con los beneficios de la empresa
Tan bien debía de marchar la cosa que sólo dos años después de llegar a la consejería Granados, el 27 de julio de 2006, esta empresa decidió montar su propia fundación para “canalizar parte de los beneficios generados por la actividad ordinaria de la propia empresa hacia la consecución de los fines de interés general”. El fundador de dicha entidad era el presidente del Consejo de Administración, “Excmo. Sr. don Francisco Granados Lerena”.
De hecho, los registros han seguido la pista del que fuera fichaje político de Esperanza Aguirre, ya que las pesquisas policiales llevaron a los edificios de Presidencia, en la calle de Carretas y Pontejos, y a la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, en la calle de Alcalá Galiano.
El lunes saltó la bomba: la operación Púnica destapaba una red de corrupción política que unía a alcaldes (Collado Villalba, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco, Valdemoro y Parla) con dirigentes de la Comunidad de Madrid (el ex consejero y vicepresidente Francisco Granados) y a contratistas con adjudicaciones públicas. El común denominador, apuntan, está en Arpegio.
