La oposición pide al Gobierno que retire la Ley de Tasas Judiciales como ha hecho con su reforma del aborto

La oposición ha unido este martes sus voces en el Pleno del Congreso para demandar al Gobierno de Mariano Rajoy que retire la Ley de Tasas Judiciales, que data de 2012, al igual que ha hecho con su anteproyecto de ley de reforma del aborto.

El PSOE, a través de su diputada Isabel Rodríguez, ha defendido una proposición de ley que pedía derogar las tasas judiciales implantadas por el Ministerio de Justicia por sus “exorbitantes” cuantías y sus “desproporcionados” efectos, y que, además, han cosechado un rechazo unánime de toda la oposición, de las asociaciones judiciales y de la ciudadanía.

Rodríguez ha subrayado que el Ejecutivo aún está a tiempo de “rectificar”, como ha hecho con su reforma del aborto, y volver a la legislación anterior adelantándose así al dictamen del Tribunal Constitucional.

Y, dirigiéndose al presidente, Mariano Rajoy, le ha recomendado que si está pensando en un sustituto para su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “piense en alguien para no destruir la justicia y no sólo que se mire el ombligo”.

El resto de grupos de la oposición ha mostrado su apoyo a la iniciativa socialista y han coincidido en reclamar al Gobierno que, aprovechando su rectificación con la reforma de la Ley del Aborto impulsada por Gallardón, haga lo propio con la de Tasas Judiciales, una norma “desproporcionada” que, según han asegurado, conculca la Constitución y, en concreto, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

QUE HAGA 'RESET'

Así, en nombre de CiU, Jordi Jané ha aconsejado al Ejecutivo que de la misma forma que ha “aparcado” su reforma del aborto porque no existía el consenso necesario para sacarla adelante, “haga un reset” con las tasas judiciales derogando la Ley de 2012.

Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, ha recomendado al Gobierno que incluya la Ley de Tasas o “justicia de mercado” en el proceso de rectificaciones que este martes ha iniciado al renunciar a reformar la vigente normativa sobre el aborto.

En este mismo sentido se ha expresado la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien ha instado al Gobierno a que aproveche que el día de hoy es “proclive para el acuerdo” para que “por el mismo precio” derogue la Ley de Tasas haciendo así “un gran servicio al consenso”. “Mejor ponerse una vez rojos que 20 colorados”, ha resumido.

El PNV, por boca de Isabel Sánchez Robles, y el BNG, a través de Olaia Fernández Davila, también han celebrado la retirada del anteproyecto de Gallardón, una iniciativa que “nunca debió ser impulsada” contra el consenso mayoritario de la ciudadanía, como así ocurre con la Ley de Tasas, en palabras de la nacionalista vasca.

La gallega, por su parte, ha aprovechado para demandar al presidente Rajoy que haga lo mismo con la norma que regula las tasas judiciales llevando al Congreso un proyecto de ley de supresión de la misma.

EL PSOE, CENTRADO EN EL MARKETING ELECTORAL

Sin embargo, el PP se ha opuesto a la admisión a trámite de la proposición de ley de los socialistas, un texto con el que, según la diputada 'popular' Beatriz Escudero, el PSOE ya ha entrado “en campaña”. “Plantear la derogación de una norma que lleva escaso periodo de implantación sólo puede considerarse marketing electoral”, ha dicho.

En ningún momento de su intervención, la parlamentaria 'popular' se ha referido a la retirada de la reforma del aborto que han mencionado los diferentes grupos de la oposición en sus intervenciones.

Sin embargo, frente a las críticas vertidas contra la Ley de Tasas, Escudero ha negado que ésta conculque la tutela judicial efectiva y ha defendido que el PP está “convencido” de la “constitucionalidad” de la misma.

Por ello, ha criticado que, con esta proposición de ley, los socialistas estén de alguna forma pidiendo a los españoles que “tiren por la borda todo el sacrificio que está suponiendo salir del pozo” de la crisis y que se vuelvan a las políticas del PSOE, aquellas que “pusieron en peligro” la totalidad de los servicios públicos, incluida la justicia.